La misteriosa muerte del exdirectivo de Pdvsa implicado en corrupción con exembajador español

Juan Carlos Márquez, exdirectivo de Pdvsa durante el gobierno de Hugo Chávez, quien colaboraba con la justicia española en el caso sobre la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, presuntamente se quitaría la vida para no declarar más.

Según informaron fuentes de investigación del caso a la agencia de noticias EFE, el Tribunal español pidió confirmar la causa de su fallecimiento, ya que su cuerpo fue encontrado sin vida en España este lunes 22 de julio, con signos de un posible suicidio.

Juan Carlos Márquez estaba en libertad con medidas cautelares, ya que confesó ante la Audiencia Nacional de España, los hechos de corrupción de Raúl Morodo a través de la estatal Pdvsa.

El Pitazo reseña en Claves el caso de corrupción entre exdirectivo de Pdvsa y el catedrático de Derecho Constitucional

1) Juan Carlos Márquez, quien residía en Venezuela con nacionalidad española, era el secretario general de Entes Corporativos de Pdvsa y fue quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones de dólares con Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, por supuestas asesorías.

2) Juan Carlos Márquez se hallaba en busca y captura desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de España, destapó el 20 de mayo una trama de blanqueo de capitales que se saldó con la detención de Alejo Morodo, su socio Carlos Prada Gómez y las esposas de ambos.

3) Para aflorar los millones en España, los Morodo y sus socios en Pdvsa, hicieron pasar el dinero por Panamá y otros países latinoamericanos.

4) Las investigaciones comprueban que Alejo Morodo Cañeque, bajo la sombra de su padre, cobró al menos cuatro millones de euros a Pdvsa, a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013.

5) Todos los contratos entre la petrolera y Alejo Morodo fueron firmados en representación de Pdvsa por Juan Carlos Márquez Cabrera, según documentación en poder del diario español El País.

6) El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo se firmó el 18 de agosto de 2008. Se hizo entre Juan Carlos Márquez Cabrera, en representación de Pdvsa, y la sociedad Aequitas Abogados Consultores Asociados SL, con domicilio en la madrileña calle Fortuny. En el documento se establecía que Alejo Morodo cobraría 700.000 euros (660.000 en concepto de honorarios profesionales y 40.000 por gastos reembolsables).

7) El 20 de agosto de 2011, un nuevo contrato de Pdvsa, representada por Juan Carlos Márquez, se firmó con la sociedad panameña Furnival Barristers Corp, representada por Alejo Morodo en calidad de apoderado. En esta ocasión la cantidad fue 526.880 euros.

7) Juan Carlos Márquez era uno de los hombres de la máxima confianza de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa durante el mandato de Hugo Chávez. Rafael Ramírez y Raúl Morodo mantuvieron una amistad durante 2004 y 2007, cuando Morodo fue nombrado embajador en Caracas. Los contratos se suscribieron entre 2008 y 2013.

Fuente: https://elpitazo.net/politica/claves-la-misteriosa-muerte-del-exdirectivo-de-pdvsa-implicado-en-corrupcion-con-exembajador-espanol/

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Raquel Bernal, la venezolana productora de Rambo 5

La venezolana Raquel Bernal es una de las productoras de la última película de Sylvestwer Stallone, Rambo 5, según reveló ABC de España en junio pasado, cuando el actor estadounidense fue homenajeado en una noche de gala en el Festival de Cannes.

Bernal es la representante en América Latina de Millenium Films, la productora cinematográfica de Rambo 5 y de otras 300 películas de la industria del cine hollywodense. Por eso, la empresaria venezolana, de más de 45 años, quien actualmente vive en una mansión a la orilla del mar en Cap Cana, República Dominicana, será la responsable de la distribución de la película de acción en las salas de cines del subcontinente.

Además, Stallone participará como una de las principales figuras del Festival de Cine y Música en Punta Cana, que organizan Bernal, el también empresario cinematográfico Sandro Rubinni y el actor mexicano, Fernando Colunga, que se realizará en esa ciudad de República Dominicana del 16 al 20 de enero de 2020.

Bernal, quien fuera Miss Mérida 1991, y luego esposa del expresidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Víctor Flores, es conocida en el mundo financiero de Caracas como la “Barbie Bernal”.

Divorciada del empresario y con una hija que actualmente estudia en España, ha resaltado por aumentar su capital personal a la par que acumulaba buenas amistades con figuras del mundo del oficialismo venezolano, como el fallecido expresidente venezolano, Hugo Chávez, y el extesorero de la nación, actualmente preso en EEUU, Alejandro Andrade, resaltó el portal español El Confidencial, en una nota publicada en junio de 2017 (Desmontando el braguetazo de Álvaro Muñoz Escassi).

Sin embargo, la misma Bernal dijo a la revista Caras solo seis palabras sobre sus presuntos romances: “No, chico, eso es mitología urbana”.

Entre los romances que se le atribuyen a la “Barbie” están las del animador venezolano de origen español, Guillermo “Fantástico” González, y el cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, quien cantó en los 15 años de su única hija, destacó en enero de 2017, El Mundo de Madrid, en una nota firmada por Daniel Lozano e Isolett Iglesias (Raquel Bernal, de musa de Chávez a esposa de Álvaro Muñoz Escassi). También se cuenta entre sus allegados al expresidente del Banco Industrial de Venezuela, y hombre cercano a Andrade, Leonardo González Dellán.

Un matrimonio de seis meses

Hasta abril de 2016, Bernal era una desconocida para la prensa rosa y la socialité española, pero desde ese momento se le vinculó sentimentalmente con el jinete de polo Álvaro Muñoz Escassi.

Entonces comenzó a reseñarse su vida y tratar de indagar acerca del origen de su fortuna, aquella que le permitió comprar una casa en la exclusiva zona de La Moraleja en Madrid, adquirir caballos que compiten en Europa, EEUU y Medio Oriente e incluso participar en inversiones hoteleras y cinematográficas.

El 28 de diciembre de 2016, en una fiesta a la que Bernal llevó con todos los gastos pagos a 100 invitados hasta Cap Cana, la “Barbie” y el jinete se casaron, boda que fue reseñada por la revista Hola, con foto de portada.

Sin embargo, el matrimonio duró solo seis meses. En junio de 2017, Bernal y Muñoz Escassi se separaron sin que al jinete, ya con problemas económicos, le quedara algo de la fortuna de su hasta ese momento esposa.

Solo un Rolex se pudo llevar de su vida marital, reseñó El Confidencial.
Desde entonces, Raquel Bernal desapareció casi por completo de las revistas el corazón. De allí que ABC destaque su asistencia a Cannes para presentar la nueva película de Stallone y anunciar el festival que organizará en enero en Punta Cana.

Pero ahora, en la nota no se preguntan por el origen del dinero de la “Barbie” venezolana. Solo destacan su capacidad para reinventarse, mientras en su país de origen aumentan el hambre y las enfermedades.

Fuente: https://elpitazo.net/politica/raquel-bernal-la-venezolana-productora-de-rambo-5/

Maduro usa las tasas aeroportuarias para burlar las sanciones de EEUU

Este año Estados Unidos arrancó con fuerza el proceso para desalojar definitivamente a Nicolás Maduro de la presidencia. Ninguna de las sanciones aplicadas de manera individual contra funcionarios del régimen había causado tanto daño económico al chavismo como la sanción contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que entró en vigor el pasado 29 de enero. Esta sentencia bloqueó todas las propiedades y activos de Pdvsa bajo jurisdicción estadounidense y prohibió las transacciones de individuos estadounidenses con la compañía. La medida busca asfixiar directamente la billetera de Maduro con la que sortea la crisis política y económica del país.

A pesar de su público y notorio declive -de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000-, Pdvsa es la única empresa nacional que aún genera dólares al Gobierno de Venezuela y le permite continuar con las misiones sociales y el reparto de las cajas de alimentos (CLAP) al pueblo. Pero EE.UU. sabe que Maduro intenta eludir las sanciones a través del uso de la criptomoneda venezolana «Petro». Así lo afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnunchin, cuando prohibió en marzo «cualquier transacción económica vinculada al sistema financiero estadounidense con cualquier moneda digital que haya sido emitido por el Gobierno de Venezuela a partir del año 2018».

La App, Jetman Pay

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) fue la primera herramienta víctima del plan de Maduro para obtener divisas y burlar las sanciones impuestas por EE.UU. En febrero de 2018 se implementó un sistema automatizado para la recaudación de impuestos con la tapadera de «facilitar a las aerolíneas el acceso y pago de servicios operacionales».

Según el contrato de representación al que tuvo acceso ABC, suscrito y efectivo desde el 1 de noviembre de 2017, la compañía estadounidense BCDA Aeronautical Solutions LLC constituida en el estado de Florida, bajo el # L16000037346 y domiciliada en el 12677 NW 14th Sunrise FL 33321, autoriza a su representante venezolana Barracuda Soluciones Aeronáuticas C.A., domiciliada en Caracas e inscrita en el registro mercantil el 16 de octubre del año 2014, a operar como distribuidor autorizado y exclusivo para el manejo de aerolíneas, aviones privados y de carga dentro del territorio venezolano. La compañía matriz (de Florida) y su filial venezolana pertenecen a la misma familia. La primera a Elena Romero de Lovera, esposa de Ángel Alberto Lovera Romero, un piloto de aviones venezolano, dueño de la segunda.

Poco se sabe de Ángel Lovera y sus vínculos con el régimen de Maduro. Su perfil en Linkedin muestra que es un piloto comercial y privado graduado en la Escuela de Aviación Militar de Venezuela en el año 2006 y es el fundador de la aplicación digital Jetman Pay, que permite hacer pagos de servicios relacionados con la aviación. Además, es el vicepresidente de BCDA Aeronautical Solutions.

Lovera diseñó Jetman Pay para recibir los pagos de impuestos aeronáuticos y turísticos de todas las aerolíneas y aviones privados y de carga que operan en el aeropuerto de Maiquetía. En la nota de prensa oficial dice que este sistema «permitirá al IAIM facturar al instante los derechos operacionales por servicios aeroportuarios generados por las aeronaves nacionales e internacionales y girar el pago en bolívares y moneda extranjera».

Ante el bloqueo de EE.UU. de las cuentas del chavismo en ese país, los impuestos aeronáuticos provenientes de las aerolíneas internacionales que continúan viajando a Caracas se están recogiendo por medio de esta aplicación. A través de billeteras digitales (wallets) convierten el pago en bitcoins, un tipo de criptomoneda (al cambio del día 1 bitcoin equivale a 9.228,12 euros) y los desvían a cuentas en el exterior. Según fuentes del aeropuerto consultada por este periódico, las bitcoins las transfieren a casas de cambio internacionales ubicadas en Hong Kong, Rusia, China y Hungría y, posteriormente, ellas transfieren los dólares a cuentas del Gobierno venezolano en estos países. Un adendum (modificación a un certificado de inscripción) al que tuvo acceso ABC, firmado por el director general del IAIM, almirante Carlos José Viera Acevedo, y el director de Barracuda Soluciones, Ángel Lovera, establece que el Aeropuerto de Maiquetía retiene a su favor el 2% sobre el monto recaudado, al igual que la compañía intermediaria.

Repostaje de gasolina

«En lo que va de año, el Gobierno venezolano no ha recibido ni un dólar por rellenar los tanques de gasolina porque las aerolíneas no tienen cómo pagar el servicio debido el bloqueo de las cuentas de Pdvsa», dice la misma fuente, que asegura también que Caracas ha ordenado repostar el combustible para no terminar de aislar al país con la fuga de aerolíneas.

Debido a la falta de ingresos provenientes de esta actividad, Maduro ya está en negociaciones para trasladar el mismo sistema Jetman Pay al repostaje de combustible. Según la información que maneja este diario, el contrato será firmado en breve por Barracuda Soluciones Aeronauticas C.A., filial de la compañía norteamericana BCDA Aeronautical Solutions y Petróleos de Venezuela, pese a la prohibición estricta de la Administración de Trump de hacer negocios con compañías venezolanas. El negocio funcionaría de la siguiente manera: aterriza un avión en Maiquetía; por la aplicación Jetman Pay las aerolíneas transfieren los dólares para repostar combustible. Pdvsa rellena el depósito y luego liquidan el dinero a través del mismo procedimiento que hacen con las tasas aeroportuarias. Barracuda C.A. se queda con un porcentaje, el resto lo transfiere a cuentas de Pdvsa en el exterior y así el Gobierno recupera el dinero.

Todo este procedimiento está regulado por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), que está adscrita a la vicepresidencia económica a cargo de Tarek el Aissami. El director de la Sunacrip es Joselit Ramírez, mano derecha de El Aissami y anteriormente su secretario cuando El Aissam era vicepresidente. La Sunacrip fue creada por Maduro para poner en marcha el «Petro». Hasta el momento esta manera de recaudar impuestos funciona solamente en el aeropuerto principal de Caracas, pero existen planes de proyectarlo a las demás terminales nacionales y al puerto de La Guaira.

Fuente: https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-tasas-aeroportuarias-para-burlar-sanciones-eeuu-201907212232_noticia.html

 

¿Dónde está la fortuna de El Chapo?

Tras el juicio de El Chapo Guzmán donde el narcotraficante fue sentenciado a pasar el resto de su vida en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en EEUU, quedaron algunos cabos sueltos con respecto a su fortuna, quien en 2012 estaría en la lista de los más ricos del mundo según la revista Forbes. Entre los bienes del acusado en México figuran fincas, un zoológico privado, una flota de jets y yates.

El juez a cargo solicitó confiscar más de 12 mil millones de dólares a El Chapo en concepto de las ganancias ilícitas por las drogas traficadas por el Cartel de Sinaloa durante su liderato, sin embargo, en la audiencia no se dejó claro dónde se encuentran estos activos.

De acuerdo a uno de los defensores del traficante, Jeffrey Lichtman “el gobierno no ha localizado ni un centavo de sus activos…Si no hay activos, no hay nada que pagar”.

Otro de los temas que genera interés entre los seguidores del caso es el de los sistemas bancarios. Según testimonios, El Chapo emplearía tarjetas de débito y cuentas bancarias, además de una aseguradora, pero aparentemente, se desconoce el nombre de las entidades que utilizaría Guzmán para lavar el dinero.

Años atrás, el banco británico HSBC se vio implicado en transacciones de al menos 880 millones de dólares provenientes de organizaciones de narcotráfico, incluido el cartel de Sinaloa, el cual llegó a un acuerdo con la misma Fiscalía que acusó al criminal, donde evadió cargos penales con el pago de una multa de 1.900 millones.

De acuerdo a Malcolm Beith, autor del libro “El último narco” sobre El Chapo, “la evidencia que surgió del juicio sobre corrupción de las redes financieras en especial, fue mínima…Me gustaría atribuirlo a que las autoridades lo mantienen en secreto para poder perseguir casos más grandes, pero la verdad es que nunca tendrían un caso más grande que El Chapo Guzmán, así que algo está pasando ahí”.

Posibles casos de corrupción vinculados a El Chapo

Durante el juicio de Guzmán hubo testimonios sobre corrupción en México, que involucraban desde policías locales hasta altos cargos de gobierno.

Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano que trabajó como secretario de Guzmán, testificó en enero que El Chapo pagó 100 millones de dólares en 2012 al expresidente Enrique Peña Nieto para no seguir escondiéndose de las autoridades, lo cual fue desmentido por el ex jefe de la oficina de la presidencia mexicana de Peña Nieto, cuyo gobierno extraditó al capo a EEUU.

Jesús Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada (nuevo líder del Cartel de Sinaloa), testificó en noviembre sobre sobornos millonarios a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón en México en 2006-2012, hecho igualmente desmentido por el mismo García.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49023600

 

El crimen organizado controla la explotación del oro en Venezuela

La larga carretera que sale de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, y se dirige al sur marca la ruta de la minería ilegal de oro en Venezuela. Cientos de personas la transitan diariamente en busca de El Dorado que les permita salvarse de una económica sin precedentes en la nación suramericana.

Alimentos, medicinas, combustible, dinero en efectivo que por años han escaseado en el resto del país se encuentran en abundancia por estos caminos. Es todo un mundo paralelo.

La parada más importante es El Callao, un pueblo entre montañas ubicado a unas 530 millas (850 kilómetros) de Caracas conocido históricamente por su colorido carnaval pero que ahora es más conocido como la capital de la zona minera.

La explosión de la minería ha convertido este lugar en una pesadilla, con las calles llenas de autos, motocicletas y vendedores, que en su mayoría duermen al aire libre porque los hoteles están llenos.

El otro tranquilo poblado tenía 20,000 habitantes en 2011, donde pequeños comercios vendían rudimentarias joyas doradas y oro cochano sin temor a robos. Ahora, unas 100,000 hacen vida ahora en la zona de El Callao, mientras entre 300,000 y 500,000 mineros recorren las numerosas minas en el sur de Venezuela.

El Callao es parte del Arco Minero del Orinoco, un megaproyecto patrocinado por el gobierno que cubre el 12% del territorio venezolano.

Puesto en marcha en febrero de 2016 por gobernante Nicolás Maduro, el proyecto es un intento por encontrar recursos ante el desplome de la industria petrolera, que ha sostenido a la nación sudamericana durante un siglo. Como parte del plan, el gobierno pretende validar y certificar 8,900 toneladas métricas en reservas de oro hasta 2025. Esto significaría que Venezuela tendría el segundo mayor depósito de oro del mundo.

La extracción de oro en la zona era dirigida antes por empresas transnacionales. Ahora, grupos delictivos y pandillas armadas monopolizan el negocio. Y la población de El Callao, como muchos poblados en el sur, está ahora a merced de estas organizaciones.

Medios de prensa locales han reportado el descubrimiento de fosas llenas de cadáveres, pero las gente del lugar dice que a muchos de los fallecidos, víctimas de la violencia y las enfermedades, no los encuentran nunca y han quedado en las selvas venezolanas.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), El Callao fue la localidad más violenta de Venezuela en 2018, con una tasa de 619.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En comparación, en Estados Unidos esta cifra es de unos 5 por cada 100,00.

En este momento, dos organizaciones comparten el territorio con los llamados sindicatos, liderados por los llamados pranes. También están los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR), que han creado sus propios grupos mineros y que están alineados ideológicamente con el gobierno de Maduro.

Las pandillas, que tienen presencia en la zona minera desde 2010, eran las que mandaban, pero han perdido terreno a manos de los guerrilleros colombianos en años recientes, dijo un soldado de la Guardia Nacional, un joven de 25 años.

Este hombre todavía se asombra cuando recuerda la primera vez que vio a elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pasar por el estado Bolívar.

“Vimos patrullas de 200 hombres armados que pasaban caminando a nuestro lado identificados como el ELN. ¿Qué se supone que debemos hacer? Simplemente saludarlos como si fueran viejos amigos?”

El control de la zona por parte de grupos armados y unidades militares corruptas impide a los mineros hablar con franqueza.

“Aquí es mejor no opinar si quieres estar con vida, hay mucha mafia”, dijo un comerciante que pidió no ser identificado. “Los militares llegaron para hacer negocio, no para proteger al ciudadano. Todas las semanas hay un asesinato”.

Los mineros se quedan de todos los extorsionan, les cobran un “impuesto” por trabajar o llevar equipos, pero no hay muchas más opciones.

“Vamos a la mina en grupos para cuidarnos entre nosotros”, dijo un minero artesanal que vise una camiseta de la Misión Piar, un programa gubernamental destinado a combatir la minería ilegal. “[Los grupos armados] nos quitan los celulares y las pertenencias para ingresar a las minas. Nos hace falta el trabajo, pero si nos quejamos no nos permiten regresar”.

El laberinto del oro

Luis Rosales, un abogado de la ciudad de Valencia, a unas 78 millas (125 kilómetros) de Caracas, llegó hace dos años a la localidad minera con la esperanza de trabajar allí. Ahora es un comerciante informal de implementos para la minería.

“Familias de todas partes están durmiendo en el terminal de autobuses y en la plaza, buscándose la vida, no sólo con el oro, sino con la venta informal de cualquier cosa”, dice. Aquí se sufre pero se logra llevar el pan a la casa”, agrega.

En El Callao y sus alrededores, los mineros y sus familias viven en casuchas hechas de palos y bolsas de plástico a manera de paredes. La criminalidad es rampante y abundan las enfermedades epidémicas como el paludismo.

El gobierno venezolano no ha difundido cifras actualizadas de la incidencia de la malaria, pero la según el Reporte Mundial de Malaria 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela registró 411,586 casos nuevos en 2017, un repunte de 811 por ciento en comparación con 2010. Y la zona minera de Bolívar es donde ocurre la mayoría de los casos, según expertos.

Sin medidas de seguridad, hombres, mujeres y niños excavan con sus propias manos o con herramientas precarias para extraer “una grama”, como se le llama localmente a la medida de un gramo de oro, que quintuplica el salario mínimo en Venezuela, equivalente a 7 dólares en julio de 2019.

La promesa del oro, en momentos que otros sectores de la economía venezolana se han desplomado, ha provocado una migración masiva al sur del país.

Ahora, dragas, bombas de succión, palas, picos y botellas de mercurio y de cianuro son cada vez más comunes en el sur de Venezuela, lo que amenaza con contaminar la población de peces, una parte importante de la dieta en la región.

Los mineros también inhalan el vapor de mercurio que se libera durante la quema de las amalgamas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dice que no hay cura para el envenenamiento con mercurio, que puede causar daños neurológicos irreversibles.

Para complicar las cosas, aproximadamente 45 por ciento de los mineros en la región de El Callao son niños o adolescentes, según un informe de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), una organización no gubernamental.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCED) define los “minerales conflictivos” como la minería que contribuye al trabajo forzado, el lavado de dinero, el trabajo infantil y abusos a los derechos humanos. Todos estos ingredientes están presentes en las minas ilegales de oro en Venezuela.

La fuerte demanda

La demanda global de oro en 2018 fue de 4,435 toneladas métricas, y casi la mitad de esa demanda es del sector de las joyas.

Venezuela ocupa el puesto 32, según el Consejo Mundial del Oro, con una producción de 25.3 toneladas métricas en 2018. El Plan Sectorial Minero 2019-2025, presentado por Maduro en junio, fija la meta de producción de oro de 2019 en 28 toneladas métricas y en 79.4 toneladas métricas para 2025.

Para lograr esas metas, el gobierno dice que planea “coordinar, organizar y controlar la minería a pequeña escala dentro del Arco Minero del Orinoco”.

Hay dos grandes grupos que en este momento controlan el oro que producen los mineros ilegales, muchas veces de manera ilegal. Uno es un grupo de inversionistas privados y el otro es la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

Los operadores privados compran oro a los mineros ilegales y lo venden a los mayoristas, quienes “en teoría” lo venden al Banco Central de Venezuela, dijo uno de los 570 compradores locales de oro de El Callao, quien maneja unos dos kilogramos de oro a la semana.

Minerven es el principal suministrador de oro del Banco Central de Venezuela, que a su vez vende el oro a clientes en países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos..

Minerven también recibe la mayor parte de su oro de mineros a pequeña escala y cooperativas, aunque conoce que el metal proviene de la minería ilegal, dijo un representante de la compañía que pidió no ser identificado.

Fundada en 1970, Minerven ha sufrido profundos cambios tres veces en los últimos 10 años en medio del colapso de la producción. Después de alcanzar una producción de oro de 13.48 toneladas métricas en 2009, la producción se desplomó entre 2010 y 2015, llegando a menos de una tonelada métrica, cuando las mineras internacionales se marcharon del país.

Incluso para los empleados de la empresa, las operaciones de Minerven están rodeadas de misterio y el gobierno no ofrece información sobre la compra y venta de oro.

“¿Cuánto oro produce Minerven?”. Nosotros tampoco sabemos, pero sigue produciendo”, dijo el representante de la compañía. “No sabemos cuánto porque eso nunca se ha informado públicamente, y es preocupante”.

Rutas de contrabando

El gobierno de Venezuela considera El Callao una “zona militar especial” y la mantiene bajo un fuerte control de seguridad. En un día cualquiera es posible ver también grupos de encapuchados con armas automáticas patrullando las calles y escoltando a “altos funcionarios” del gobierno que salen y entran de las plantas de Minerven a toda hora.

A pesar de la presencia militar, la zona es el punto inicial de las rutas de contrabando que llevan a Guyana, Brasil y Colombia. Y los grupos delictivos organizados usan mulas humanas, lanchas, carros blindados y avionetas para evadir cualquier dispositivo de seguridad.

En el vecino poblado de Guasipati, el oro sale en avión en vuelos privados con destino a Aruba, Curazao, Dominica y Puerto Rico, dijo un funcionario. Pero hay otras rutas de contrabando, como de la ciudad industrial de Puerto Ordaz a República Dominicana y Honduras, desde donde se envía a Estados Unidos.

Mulas de oro

Para sacar de contrabando el oro ilegal y llevarlo a Colombia, las organizaciones delictivas usan una red de transportistas humanos de oro, llamados mulas.

Al diferencia de lo que ocurre con los traficantes de drogas, los traficantes de oro no se tragan el producto, sino que lo llevan en la ropa, en los zapatos o en sus partes íntimas. El gobierno venezolano considera el oro un activo estratégico, y los contrabandistas, si son atrapados, pueden ser castigados severamente.

Ramón, una de las mulas, fue reclutado en Caracas hace unos meses.

Al relatar su historia a la revista Clímax, Ramón, quien usó un nombre ficticio por razones de seguridad, dijo que viajó en autobús desde Caracas hasta Upata, en el estado Bolívar, donde lo recogió un grupo de personas que viajaba en dos Toyotas 4Runner.

Antes de montarse en el vehículo le quitaron la tarjeta SIM y la batería a su teléfono celular, le colocaron unos audífonos y le taparon la cabeza con una bolsa de tela.

Horas más tarde, cuando le quitaron la capucha, ya estaba en Las Claritas, un poblado minero cerca de la frontera con Brasil. Allí pasó cuatro días incomunicado en un campamento improvisado, custodiado por dos hombres encapuchados con armas largas.

Al cuarto día, Ramón salió de Las Claritas con tres kilos de oro escondidos en la suela de los zapatos, la chaqueta y en las costuras del pantalón. Otros dos compañeros de travesía llevaban dos kilos adicionales de oro.

Viajaron en helicóptero desde Las Claritas hasta Ciudad Bolívar, a 302 millas (486 kilómetros) de distancia, donde los esperaban autobuses de la empresa de transporte Encava para llevarlos a un poblado costero que “se parecía a Cumaná”, en el norte de Venezuela. Allí fueron recibidos por un soldado, que los llevó a una avioneta sin pedirles identificación, que los trasladó a un aeropuerto privado en Táchira, cerca de la frontera con Colombia.

Una camioneta Ford Explorer los llevó a la ciudad fronteriza de San Antonio donde le ordenaron cruzar a pie el puente internacional Simón Bolívar, que enlaza a las dos naciones.

Ramón fue presa del pánico. Sabía que si lo pillaban con el contrabando de oro enfrentaba 35 años de prisión. Pero siguió las órdenes y, usando ciertas contraseñas para identificarse con los soldados ya sobornados, logró cruzar el puente sin ningún inconveniente.

En la mitad de la puente, en un punto de control de Migración Colombia, lo recibe una mujer corpulenta, y después de dirigirse a ella por su nombre de pila, como le habían indicado, le dijo sencillamente “pasa”, sin revisar papeles ni documento de identidad. Ahí fue cuando Ramón se dio cuenta que “el complot también existe en Colombia”.

En Cúcuta, Colombia, esperó por sus otros dos compañeros, que cruzaron la frontera por las trochas, que son senderos rústicos.

Llamaron por teléfono a un ecuatoriano que debía comprar el oro y acordaron verse en un restaurante de comida rápida en el centro de la ciudad. Cuando entraron al establecimiento, alguien cerró las puertas y los empleados desaparecieron.

El negociante sacó una bolsa llena de billetes de 100 dólares y una balanza para pesar el oro. Pagó lo que debía y se marchó. Por llevar el oro venezolano a Colombia, a Ramón le pagaron 1,500 dólares.

En la frontera

En el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, una fila de unos 40 camiones de carga pesada esperan su turno en la oscuridad para cruzar el punto fronterizo de Paraguachón y entrar a Colombia.

A eso de las 11 de la noche, los camiones encienden los motores y empiezan a tocar sus cornetas. Guardias nacionales venezolanos los autorizan a pasar sin revisarles la carga, y pasan entonces junto a los agentes de Migración Colombia sin detenerse.

Esta frontera ha estado cerrada oficialmente desde el 7 de septiembre de 2015, cuando Maduro la cerró para evitar el contrabando de alimentos, combustible y medicamentos. Pero eso no ha evitado que se convierta en una vía franca de camiones que transportan ilegalmente bienes, como oro contrabandeado.

La carretera Troncal del Caribe, que conecta a Venezuela con Colombia, tiene al menos 14 puntos de control de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía regional. Pero nadie se atreve a revisar los camiones, según funcionarios locales.

Muchos de esos camiones tienen un salvoconducto emitido por la Zona Estratégica de Defensa del Zulia (ZODI), una de las divisiones territoriales de Venezuela bajo gestión militar, que avala en un manifiesto que “son productos de exportación”, dijo un cabo de la 13ra Brigada de Infantería, quien pidió no ser identificado.

“Si revisamos estos vehículos podemos meternos en problemas”, dijo. “Parece que los dueños de los vehículos tienen influencia y podemos perder el trabajo”.

El militar dijo que los vehículos muchas veces transportan coltán, un mineral que se usa en la fabricación de dispositivos electrónicos, así como oro, plata y otros bienes que deben exportarse.

“Lo sabemos porque cuando hemos revisado algunos vehículos encontramos desde cocaína líquida hasta oro, cualquier producto ilegal”, dijo el militar de 24 años.

En el poblado de Maicao, Colombia, a poca distancia de Paraguachón, los negocios compran oro venezolano.

En la joyería Amiga, un dependiente dice que compra hasta 150 gramos de oro venezolano, “que traen del sur del país; viene directo de las minas porque está en granitos”.

El vendedor agrega que las personas que venden el metal precioso no son mineros ni trabajadores artesanales, sino militares.

Un miembro de la Guardia Nacional en Paraguachón, que pidió no ser identificado, describió que detuvo el vehículo de un funcionario de gobierno en el poblado de Dabajuro en diciembre de 2018, a eso de las 2 de la madrugada.

En la camioneta Toyota Hilux iban dos mujeres y el conductor. Los pasajeros dijeron que empleados de un ministerio y venían de Caracas, pero se mostraron nerviosos, por lo que el militar y otro compañero decidieron revisar el vehículo. Descubrieron que el vehículo en verdad venía de la zona minera de Tumeremo, en el estado Bolívar, y dentro encontraron una caja de cartón con 250 gramos de plata, 300 gramos de oro y 1,000 dólares en efectivo.

Los asustados viajeros cambiaron la valiosa mercancía por su libertad.

“El arresto y la confiscación quedaron sin efecto”, no se asentaron en los registros, dijo el soldado. “Y compartimos las ganancias”.

Fuente: esta investigación resultó de la alianza periodística entre InfoAmazonia (Brasil), el Miami Herald (Estados Unidos), RunRun.es (Venezuela), Correo del Caroní (Venezuela) y De Correspondent (Holanda), y fue posible gracias a la Human Rights Foundation.

Detienen a cinco venezolanos por trama de falsificación de medicamentos en República Dominicana, a través de la empresa Francisca Duarte S.R.L.

Cinco venezolanos fueron detenidos en República Dominicana por ser parte de una red criminal basada en la elaboración, falsificación, adulteración y exportación de fármacos a Venezuela. La Distribuidora Francisca Duarte S.R.L. sería la sociedad registrada en ese país implicada en estos delitos, cuyo director es el ciudadano venezolano Yorman Felipe Peña Canelon, natural y procedente del Estado Anzoátegui.

La empresa fue registrada en marzo de 2018, y se conoce que en junio de 2017 Peña Canelon habría inscrito otra compañía en ese país con el nombre de Distribuidora Taguapire, bajo el mismo concepto de Francisca Duarte: “COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FÁRMACOS”, la cual figura con status de “cancelada voluntariamente”.

Las autoridades informaron que confiscaron los medicamentos y maquinarias presuntamente utilizadas en esa actividad delictiva, valoradas en el mercado en más de 320 mil dólares.

El Ministerio Público señaló que someterá a la justicia y solicitará prisión preventiva a Pedro Daniel González Bello, presunto cabecilla de la organización, Héctor Luis Pérez Rincón, Antoni José Méndez Contrera, Jaquelin Fernández Méndez y Ángel Rafael Camello Coello, respectivamente.

También indicó que el caso tiene la calificación jurídica provisional de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley General de Salud 42-01, la Ley General de Aduanas (Ley No. 34-89) y la Ley No. 17-19 para la erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Medicamentos, Hidrocarburos, Alcohol y Tabaco.

En una requisa en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), fueron confiscados una gran cantidad de medicamentos para consumo humano, con fines de exportación hacia Venezuela, cuyo valor sería de 45 mil dólares apróximadamente.

La Distribuidora Francisca Duarte S.R.L. fue clausurada por presentar estas irregularidades en las exportaciones de medicamentos a Venezuela, a la que fueron confiscados medicamentos con un valor de al menos 68 mil dólares.

Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/pediran-prision-contra-cinco-venezolanos-acusados-de-exportar-medicamentos-falsificados-EC13447425

 

La UDEF registra el despacho de Raúl Morodo por el blanqueo de cuatro millones de PDVSA en España

CuentasClarasDigital/ Lunes 20 de mayo de 2019.-
La UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial registra desde primeras horas de la mañana el despacho de Raúl Morodo por su presunta relación con el blanqueo en España de dinero procedente de la petrolera estatal PDVSA. Morodo fue nombrado embajador de España en Venezuela en julio de 2004, en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Según las fuentes consultadas por ABC, en el punto de mira de los investigadores también está Alejo Morodo, hijo del que fuera embajador en Venezuela, que está entre los cuatro detenidos. El exdiplomático no está entre los arrestados, ya que los investigadores han tenido en consideración la edad del implicado.

La operación, impulsada por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga si a través de ese bufete se lavaron importantes cantidades de dinero procedentes del vaciamiento delictivo de las arcas de la petrolera estatal venezolana. El despacho de abogados habría contribuido al lavado de hasta cuatro millones de euros mediante la facturación de servicios de asesoría legal.

Además de este registro hay otros en marcha, además de los cuatro detenidos mencionados. Además de Alejo Morodo, el resto de arrestados son personas del entorno de este despacho. Aunque la Policía guarda silencio, sí ha trascendido que se les acusa de corrupción en las transacciones internacionales por las supuestas labores de consultoría a altos cargos venezolanos, y por el supuesto blanqueo posterior de los capitales obtenidos.

En el caso de Alejo Morodo, la Policía lo investiga por el cobro de 3,8 millones de euros de PDVSA a través de una sociedad instrumental panameña con cuenta en Suiza entre los años 2008, cuando su padre abandonó el cargo, y 2013, según avanzó El Español hace ya tres años.

El blanqueo de dinero de enormes cantidades de dinero procedentes de Venezuela se investiga, además de en el juzgado de Pedraz, en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en el que se sigue el rastro de los pagos de Duro Felguera en ese país.

En paralelo, informa Europa Press, dos juzgados de instrucción de Madrid tienen causas abiertas por delitos similares contra altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, que con la llegada de Nicolás Maduro, recalaron en España, como el ex ministro de Energía Nervis Villalobos.

Además, siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaron la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para instar a las autoridades españolas a investigar a otros tantos altos cargos y empresarios que se han instalado en el país. Solicitan que se contraste el origen del patrimonio del que dicen, hacen gala en España, y se persigan los delitos de corrupción y blanqueo de los que pudiera proceder.

Raúl Morodo es catedrático de Derecho Político y Constitucional en las universidades de Oviedo, Alcalá de Henares, UNED y Complutense. Durante el franquismo padeció persecución política. Figura histórica de la Transición, fue cofundador con Enrique Tierno Galván del PSP (Partido Socialista Popular) y su secretario general hasta 1978. Fue diputado constituyente por Madrid con el PSP (1977-1979). Igualmente, obtuvo acta de diputado por el Centro Democrático y Social (CDS) al Parlamento Europeo entre 1987 y 1994. En el IV Congreso de este partido, celebrado en septiembre de 1991, se presentó al cargo de presidente, acompañándole en la candidatura Rosa Posada como secretaria general. A pesar del apoyo de Adolfo Suárez, ambos fueron derrotados por Rafael Calvo Ortega, que resultó elegido presidente (por 445 votos frente a 339) y por Antoni Fernández Teixidó, nuevo secretario general.

Pese a no ser diplomático de carrera, ha sido «embajador político» en tres ocasiones: embajador-representante permanente ante la Unesco (1983-1985), embajador en Portugal (1995-1999) y en 2004 fue nombrado por el Consejo de Ministros embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela, y en 2005 además de la República Cooperativa de Guyana, cargos en los que cesó en 2007.

Con información de ABC