México | Surgen dudas sobre el acuerdo reparatorio con empresas proveedoras de cajas Claps

CuentasClarasDigital, Domingo 22 de Octubre de 2018.-

México desmanteló esta semana una red que “especulaba” con la exportación de alimentos a Venezuela.  El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México con un grupo de empresas y personas mexicanas, colombianas y venezolanas en base a las irregularidades detectadas en la adquisición de alimentos para el programa CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) fue recibido con satisfacción pero también con algunas dudas.

El acuerdo se produce luego de varios meses de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Sub-procuraduría especializada en Delincuencia Organizada a raíz de las denuncias formuladas por medios de comunicación venezolanos y mexicanos, así como la información suministrada por Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela y el diputado Freddy Superlano quienes viajaron hasta México en diferentes oportunidades en 2017 y 2018.

Sobreprecio y mercancías de mala calidad son las irregularidades detectadas por las autoridades mexicanas. Israel Lira, titular de la Sub-procuraduría especializada en delincuencia organizada, declaró en rueda de prensa que “este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”. Por su parte, Luis Alfonso de Alba, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que “algunos de los productos exportados desde México -principalmente leche y derivados- eran de muy baja calidad”, confirmando así una investigación del portal ArmandoInfo cuyos periodistas se encuentran en el exilio por una demanda del principal proveedor de alimentos de las cajas Claps, Alex Saab Morán.

El acuerdo reparatorio contempla dos sanciones para las empresas involucradas: La entrega de 3 millones de dólares en efectivo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la prohibición de “realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno venezolano a través del programa CLAP”.

La Sub Procuraduría no identifica a las empresas y de las personas involucradas solo menciona el primer nombre: Alex (Saab), Álvaro (Pulido), Emmanuel (Rubio), Santiago ( Uzcátegui) y Andrés (León), nombres que aparecen en las diferentes denuncias en torno al caso y que corresponden solo a la red conformada por colombianos y venezolanos. Nada se dice del rol de las compañías y empresarios mexicanos en la trama.

Para los periodistas de ArmandoInfo, estas sanciones no se corresponden con la gravedad de los hechos. Ewald Scharfenberg, co-editor del medio, comentó en su cuenta de Twitter:” La sanción a los exportadores de alimentos para los Clap en México es muy leve y podría ser un intento de darle un carpetazo al caso”.

Las autoridades mexicanas acordaron permitir el envío de 1.300 contenedores de cajas Clap que tenían como destino Venezuela, a fin de no agravar más la crisis humanitaria.

Las irregularidades cometidas, como la asociación para delinquir, el sobreprecio y el fraude con alimentos de primera necesidad, como es el caso de la leche, efectivamente requerirían penalidades mas contundentes.

El pago en efectivo de la multa de 3 millones de dólares también resalta. ¿Recibirá la agencia de la ONU – ACNUR- dinero contante y sonante de un grupo de delincuencia organizada financiera que ha reconocido los delitos cometidos al firmar el acuerdo?

Las condiciones del acuerdo reparatorio se basan en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y en el Código Federal de Procedimientos Penales en los artículos 33 y 186, respectivamente.

Redacción CCD

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Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos de $160 millones pagados a chavistas

 

CuentasClarasDigital/ Sábado 20 de octubre de 2018.- El fiscal de Suiza envió a la Justicia de Estados Unidos extractos bancarios de las cuentas utilizadas para el pago de $160 millones en sobornos a cinco personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Chávez y directores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La identidad de los involucrados todavía se mantiene en secreto, según reseñó el medio brasileño Estado, con base en documentos obtenidos.

De acuerdo con el medio, con estos documentos bancarios los estadounidenses buscan identificar que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se beneficiaron del esquema que falsificó las adquisiciones del Estado venezolano. Se sospecha que los apagones ocurridos en Caracas, aún bajo el gobierno de Chávez, fueron usados ​​para dispensar licitaciones y desviar dinero.

Los documentos obtenidos revelan que el Tribunal Federal de Suiza rechazó todos los recursos presentados por dos empresarios que participaron en el esquema: Roberto Rincón y Abraham Shiera, que trataban de evitar la entrega de datos. En enero de 2017, fueron arrestados en Estados Unidos y son acusados ​​de crear más de 20 empresas de maletín para quedarse con contratos de Pdvsa.

Los investigadores estadounidenses sospechan que la pareja habría pagado más de $1.000 millones en sobornos, entre 2009 y 2014, usando 730 cuentas, algunas de ellas en Suiza. En los documentos figuran tres cuentas bancarias a nombre de dos empresas offshore: Branman International Limited y Muldan Associates SA, con sede en Panamá.

En total, fueron 137 transacciones identificadas, moviendo $160 millones. Rincón y Shiera habrían pagado este valor para quedar con contratos valorados en $767 millones. El dinero habría ido para cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista.

En una carta rogatoria de la justicia estadounidense a Suiza, fechada el 7 de noviembre de 2016, los investigadores dejan claro que las brechas encontradas para el pago de las tasas de matriculación tuvieron una relación directa con las leyes adoptadas por el entonces presidente Chávez.

“Debido a la situación de emergencia de energía en Venezuela a finales de 2009, el presidente Chávez emitió un decreto el 2 de febrero de 2010, que eliminaba procedimientos estándar para las licitaciones y contratos de las empresas estatales”, dice el documento. “En respuesta a la falta de electricidad, de acuerdo con los nuevos procesos modificados de licitación, Pdvsa compró equipos y turbinas por valor de $767 millones”.

“De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, las turbinas no fueron compradas directamente de los productores originales del equipo”, advirtió el documento de la justicia suiza. “Por el contrario, estos contratos se firmaron con varios intermediarios”.

Una de las empresas bajo sospechas de ser de maletín tenía un presidente de apenas 21 años que “no tenía experiencia relevante en el sector de energía”, según los suizos. El esquema todavía implicaba la creación de una red de empresas para simular una competencia por los contratos. “Se creaban licitaciones para dar la apariencia de una competición que no existía en realidad”, constató la investigación.

“Las autoridades estadounidenses sospechan que los fondos han ido a Suiza a través de un número elevado de cuentas bancarias”, dicen los suizos. La dirección de Pdvsa no respondió a los correos electrónicos del reportaje. La diplomacia venezolana tampoco quiso pronunciarse sobre el caso.

(Con información de Banca y Negocios)

Colombia y México le cierran el cerco a Álex Saab, el contratista de las cajas CLAP

 

CuentasClarasDigital, 19 de octubre de 2018.- Luego de que este 18 de octubre la Procuraduría General de México revelara los resultados de la investigación que adelantaba sobre empresas de ese país implicadas en una red en el negocio de alimentos vinculada con las denominadas cajas CLAP en Venezuela, en donde se adquirían productos de baja calidad, los exportaba a nuestro país con sobreprecio y se revendían a la población del país con un costo 112% por encima de su valor verdadero.

Las investigaciones sobre este “negocio” tuvo sus inicios desde el año 2018. En febrero, un reportaje del portal Armando Info y replicado en TalCual, revelaba que desde Veracruz en México habían salido hasta esa fecha al menos siete millones de cajas de la empresa Group Grand Limited, “que expone vínculos entre el colombiano Alex Nain Saab Morán -ligado a la ex senadora Piedad Córdoba- y el presidente Maduro en el contexto del programa de asistencia alimentario conocido como CLAP.

El 5 de ese mes, Los editores del sitio venezolano de periodismo de investigación, Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz, fueron demandados por Saab Moran en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Saab Morán acusa a los cuatro periodistas venezolanos de haber incurrido en “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”.

Desde ahí, el portal comenzó a hacer seguimiento al caso. Para el 9 del citado mes, las ONG Espacio Público, junto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), convocaron a un foro para decir “no nos callan” tras el hostigamiento al equipo de Armando.info, luego de que un tribunal del Área Metropolitana de Caracas, admitiera una demanda contra los periodistas, hecha por el empresario colombiano Alex Saab.

En marzo de 2018, el periodista Alfredo Meza, socio y editor del portal Armando.Info explicó en una entrevista para TalCual Debates que la persecución de Saab inició cuando se interpuso la demanda en contra de los comunicadores por presunta difamación e injuria por el caso de los CLAP. Según sus investigaciones, el ciudadano colombiano tenía sus empresas en paraísos fiscales.

Una nueva filtración de documentos conocidos como los Panamá Papers en junio de 2018 deja al descubierto a uno de los contratistas de la empresa Petróleos de Venezuela, que logró firmar un acuerdo a pesar de no contar con la experiencia necesaria en un proyecto para perforar pozos petroleros que nunca se concretó.

En una investigación de la agencia de noticias Reuters de 2016, se evidenció que en una de las mayores licitaciones que ha realizado Pdvsa hasta la fecha con la Faja Petrolífera del Orinoco, se otorgó la concesión por un monto de unos 4.500 millones de dólares a la empresa Trenaco, dedicada al transporte y comercio de petróleo en Colombia, que era manejada por los empresarios Alex Saab -quien ya en 2011 había firmado un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez para construir viviendas-, Álvaro Pulido y Carlos Gutiérrez Robayo, los tres originales de la vecina nación.

Acciones judiciales contra la prensa

Las acciones judiciales contra el equipo periodístico de Armando.info continuaron por las investigaciones en la línea de Saab y su vinculación con los negocios detrás de las cajas CLAP. El 11 de septiembre, Conatel prohibió al portal de investigación difundir informaciones sobre el empresario, quien demandó a cuatro periodistas de este website por haberlo mencionado en varias publicaciones en las cuales se demostraba su vinculación en la venta con sobreprecios de estos alimentos.

Cinco días después, TalCual replicó el reportaje del portal Armando.info, por el que les fue prohibido publicar informaciones sobre Alex Saab. En él se dice que “en Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza desde México y Hong Kong, en términos geográficos, parece épica, el negocio no cambia de manos: siguen siendo las de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de la importación de alimentos financiada con fondos públicos. Es la vuelta al mundo por un negocio”.

El 20 de septiembre, el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, denunció que en tan solo un año el gobierno venezolano habría gastado cerca de 5 mil millones de dólares en negocios fraudulentos en la compra de los productos destinados a las cajas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

la empresa Group Grand Limited

Dijo que la empresa Group Grand Limited, registrada en Hong Kong el 8 de marzo de 2013 por Alex Saab, sería la cabeza detrás de todos los negocios que se dan para exportar a Venezuela los productos alimenticios entregados por el Estado.

En Colombia, el 30 de septiembre fue publicado un artículo en el diario El Espectador, en donde se decía que las autoridades han rastreado las cuentas de casi una decena de empresas que pertenecerían a su círculo familiar de Saab y con las cuales supuestamente habría lavado miles de millones de dólares por medio de exportaciones e importaciones ficticias.

Al empresario Alex Saab, que se le vincula con círculos del alto chavismo, las declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 dan cuenta de millonarios negocios de exportaciones, importaciones y cambio de divisas con empresas de papel en países como Panamá, China y Venezuela, principalmente.

El portal Contrareplica informó, a principios de octubre, que el ciudadano Santiago Uzcátegui Pinto -ligado a Saab- entró a México en mayo de 2017 en una avioneta privada desde Estados Unidos en calidad de turista, y violando la ley mexicana, registró la empresa Group Grand Limited, S.A. de C.V., que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para importar alimentos de las cajas de los CLAP.

En calidad de administrador único de la empresa, autorizó la compra de alimentos de la canasta básica (arroz, maíz blanco, lentejas, caraotas, atún en lata, salsa de tomate, pastas, aceite vegetal, leche en polvo y azúcar) a las empresas mexicanas El Sardinero, La Moderna y Serel, entre otras, que luego fueron enviados a Venezuela para ser revendidos por medio de los CLAP.

Captura de dos hombres en Colombia

El 10 de octubre, las autoridades de Colombia lograron un avance en sus investigaciones contra el grupo empresarial de Alex Saab con la captura de dos hombres que aparecen relacionados con varias de sus sociedades que son investigadas por lavado de activos. Se reveló que se trata de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes figuran como revisor fiscal y contador de las empresas del grupo, según informó la Fiscalía colombiana.

Cuatro días más tarde se conoció que se estuvo cerca de capturar a Alex Saab, pero la operación falló porque un policía colombiano de nombre Eddie Pinto, fue quien entregó información clasificada que frustró el operativo que se realizaría el pasado 25 de septiembre. Según los medios colombianos, el empresario salió del país hacia Venezuela. Sus hermanos Luis Alberto y Amir apagaron sus celulares y las autoridades les perdieron la pista.

Las relaciones diplomáticas de Saab empezaron a resquebrajarse cuando el 16 de octubre, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, aseguraba que revocaría el nombramiento del “empresario de los CLAP” como enviado económico de ese país, si el contratista colombiano es acusado por lavado de dinero.

“Todo lo que puedo decir a la gente de Antigua y Barbuda es que si en algún momento se le acusa al señor Saab por cualquier delito, puede estar seguro de que revocaremos su cita”, expresó.

Estados Unidos y de Israel también investigan

Las autoridades de Estados Unidos y de Israel también investigan varios movimientos financieros ligados a Saab, que salieron del Banco Central de Venezuela y que, tras pasar por paraísos fiscales y por Panamá terminaron en Asia. Algunos de esos giros coinciden con desplazamientos de Saab, quien registra 132 movimientos migratorios en el 2017. El último fue una salida por el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, con destino final a Berlín (Alemania) el 17 de diciembre.

Con información de Tal Cual

México desarticuló red que enviaba comestibles con sobreprecio para los CLAP a Venezuela

CuentasClarasDigital, Viernes 19 de octubre de 2018.- Las autoridades mexicanas desarticularon una red de especuladores que compraba comestibles de baja calidad y los revendía en Venezuela con sobreprecio, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR) de México,

Esta red, formada por personas y empresas mexicanas y de otras nacionalidades, compraba los comestibles en México con recursos del programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela, señaló la Fiscalía en un comunicado.

“Este grupo ha obtenido recursos públicos venezolanos desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular comercialmente aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, señaló el subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, Alonso Lira.

Aseguró que los alimentos comprados en México eran ofrecidos en Venezuela por el CLAP, un programa creado en 2016 por el Gobierno de Venezuela, con un sobreprecio de hasta el 112 %.

El funcionario indicó que en el marco de la indagatoria las autoridades mexicanas hallaron 1.300 contenedores con aproximadamente 1,8 millones de despensas alimenticias.

Lira informó que la Fiscalía llegó a un acuerdo de reparación del daño con los imputados y además permitió que se concluyera el envío de las 1,8 millones de despensas al detectarse que era perecederos con fecha cercana de caducidad.

Además, los imputados se comprometieron a entregar tres millones de dólares a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para atender su mandato en América Latina y el Caribe y a suspender actos comerciales con Venezuela.

Fuente: Nota de prensa de Procuraduría de México

Exviceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero

CuentasClarasDigital/ Viernes 19 de octubre de 2018.- Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez.

Villalobos fue detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras tres personas, entre ellas el argentino Luis Fernando Vuteff, también encarcelado preventivamente.

Quedaron en libertad Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Ale Iturralde, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Las detenciones se efectuaron a petición de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que ya investigaba al exviceministro chavista por blanqueo. Villalobos había estado antes en prisión, hasta que hace un mes la Audiencia de Madrid ordenó su libertad.

La Fiscalía pidió esta semana su detención alegando que se han encontrado nuevos indicios de blanqueo contra él, concretamente el que lavara dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en una promoción de viviendas unifamiliares en la ciudad costera española de Marbella (sur).

Este supuesto blanqueo lo habría realizado, junto con los otros tres detenidos, por medio de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio social en Madrid, y que fue registrada en la operación policial del miércoles pasado.

Según la Policía, en la operación se embargaron 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros (unos 69 millones de dólares al cambio actual), entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios localizados en el madrileño barrio de Salamanca.

Además, se emitieron tres órdenes internacionales de detención en una operación en la que se registraron siete domicilios y despachos profesionales.

La investigación, indicó la Policía, comenzó hace más de un año, cuando los agentes detectaron una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.

Hasta ahora, la Justicia española investigaba a Villalobos por haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en España.

Sobre Villalobos hay abierta otra investigación en la Audiencia Nacional española por “cohecho internacional”, en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo empresarial español Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto nivel a cambio de contratos.

Además, un tribunal del estado de Texas (EEUU) lo investiga por blanqueo y otros delitos, país al que ha accedido ser extraditado, pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.

Fuente: EFE

Un anillo de tres millones, deportivos y vino de 1.300 €: el golpe de la Policía de España al clan Rincón

CuentasClarasDigital/ Jueves 18 de octubre de 2018.- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha descubierto una fortuna oculta en España siguiendo el rastro del empresario venezolano Roberto Rincón, acusado por un tribunal de Houston (Texas) de liderar una trama corrupta que saqueó la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) ocasionando un perjuicio a la arcas del país superior a los 1.000 millones de dólares. Las autoridades de Washington lo investigan desde 2015, pero no habían conseguido localizar todos los fondos. Una parte estaba presuntamente escondida en territorio español.

El pasado 6 de junio, expertos en delitos económicos de la Policía Nacional detuvieron en Madrid a su esposa, María Lilia Bravo, y a uno de los hijos del matrimonio, José Roberto Rincón Bravo, afincado desde hace años en España. La mujer se había desplazado desde Miami para visitarlo. Los agentes registraron la vivienda principal de Rincón Jr., un unifamiliar de lujo en una las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón (Madrid), y su segunda residencia en el campo, la finca La Losilla, una propiedad ubicada en el término municipal de Villarejo de Salvanés (Madrid), en pleno Parque Natural del Alto Tajo, por la que habría pagado 22 millones de euros procedentes del entramado societario de su padre.

La Losilla ocupa una extensión de 400 hectáres de bosque y cultivos, aunque lo más destacado son sus edificaciones. Más de 2.000 metros cuadrados de superficie habitable que se dividen en varias viviendas. La principal tiene 1.368 metros cuadrados. Dispone de helipuerto, cuadras, tentadero, piscina y pista de tenis, entre otros equipamientos. La Policía tuvo que recurrir a su unidad de caballería para poder registrarla. Hasta hace unos años, se alquilaba para bodas. Los Rincón se la compraron al empresario Joao Espirito Santo, que llegó a poseer el mayor ‘holding’ financiero privado de Portugal, con Banco Espirito Santo a la cabeza, y utilizaba la finca para organizar cacerías en las que participaban presidentes del Ibex 35 y miembros de casas reales europeas.

El clan de los Rincón atesoraba otros activos. La UDEF descubrió que María Lilia había volado hasta España con joyas que han sido tasadas por un perito independiente en 12 millones de euros. Su valor comercial podría incluso triplicar esa cifra. La pieza más cara es un anillo con un enorme diamante con forma de corazón. Se estima que tiene un precio de tres millones de euros. Otro segundo anillo, con un enorme diamante amarillo de aspecto cúbico, tendría un coste de 2,5 millones. Completan la colección relojes, pulseras, collares y pendientes de lujo.

Su hijo tenía su propia colección de relojes, pero su verdadera pasión eran los coches y el vino. En su garaje, fueron intervenidos tres deportivos: un Ferrari blanco, un Mercedes AMG amarillo y un BMW i8 azul, un modelo futurista del fabricante alemán con un motor híbrido (gasolina-eléctrico) capaz de pasar de cero a 100 km/h en solo 4,4 segundos. El valor de los automóviles ronda los 500.000 euros.

Su amor por el vino era aún mayor. Rincón Jr. tenía en su casa de Pozuelo facturas de 600.000 euros con algunas de las referencias más selectas del mundo. Se había construido una enorme bodega en el sótano para mantener los caldos a una temperatura y humedad perfectas. Se hallaron cajas enteras de Pingus, un Ribera del Duero que está considerado el vino más caro de España, con un precio aproximado de 1.300 euros por botella, aunque hay añadas que cotizan por encima de los 10.000.

Ese patrimonio contrasta con la discreta actividad que José Roberto Rincón Bravo desarrollaba en territorio nacional. En 2012, se convirtió en administrador mancomunado de Tradequip España Inspección y Logística, propiedad de la venezolana Tradequip Venezuela. Después, en 2013, constituyó la mercantil Global Maghas únicamente para gestionar la finca de La Losilla; en 2014 montó una empresa cultural que nunca tuvo actividad, Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda, y en 2015 creó otra empresa de eventos que tampoco registró entrada de dinero en su caja, Cibaria Gourmet.

Tras las detenciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, responsable de la operación, imputó a Rincón Jr. y su madre un delito de blanqueo de capitales, al concluir de forma indiciaria que los inmuebles y el resto de bienes intervenidos fueron comprados con dinero procedente del expolio de PDVSA. La mujer quedó en libertad con medidas cautelares, pero su hijo ingresó automáticamente en prisión provisional, donde permaneció hasta el pasado 6 de agosto. Ambos tienen prohibida su salida de España. El caso está ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 41 de plaza de Castilla.

Con información de El Confidencial

clan rincon

Más de $470 millones se gastaron en construcción de un puente que no existe

CuentasClarasDigital/ Jueves 18 de octubre de 2018.- Doce años han transcurrido desde que el fallecido presidente Hugo Chávez colocó la piedra fundacional del puente Cacique Nigale para unir las costas occidental y oriental del lago de Maracaibo, pero aún los zulianos no han podido ver ni usar la infraestructura por la que el estado venezolano le pagó más de 470 millones de dólares a la empresa brasilera Odebrecht.

El puente, el segundo de mayor importancia del país, sería inaugurado en 2014, ocho años después de colocada la primera piedra, para aliar el tráfico en el vetusto puente Rafael Urdaneta, que a sus 56 años y tras varios en completo abandono, muestra evidentes signos de agotamiento.

Pero cuatro años de la fecha límite, las obras del Nigale apenas han avanzado en un 17%, síntoma indiscutible de la negligencia con la cual los dos gobiernos de la “revolución bolivariana” han manejado temas de tanta trascendencia como la infraestructura vial.

La historia del puente Cacique Nigale fue revivida esta semana por Transparencia Venezuela como parte de su campaña Obras Inconclusas, con la que la organización hace un inventario de los proyectos de infraestructura que fueron contratados por el gobierno en los últimos 20 años y que se exhiben hoy en los cuatro puntos cardinales del país como grandes monumentos a la desidia y la corrupción.

Cada semana Transparencia Venezuela compartirá a través de sus redes sociales datos clave de las más de 15 obras que se tragaron grandes sumas de dinero pero que no aportaron ningún beneficio para los venezolanos. Se conocerá cuál fue la cifra exacta que se pagó por cada proyecto, a qué empresa se le asignó la ejecución, cuál era la fecha de culminación y cuál es el estado actual.

Las obras inconclusas seleccionadas por la organización fueron las que más recursos consumieron y las que tenían más relevancia para el desarrollo del país y la vida de los ciudadanos. Destacan El Metro de Guarenas y Guatire, el tercer puente sobre el Río Orinoco, la Central Hidroeléctrica Tocoma, el hospital oncológico y toxicológico de Barinas, así como el ferrocarril Puerto Cabello- La Encrucijada.

Con información de Tal Cual