Un Poder Judicial corrompido no puede frenar la inseguridad ni la corrupción

A raíz del trabajo de Francisco Alonso publicado en El Universal del 19 de enero de 2014, tituladoVenezuela tiene el peor sistema judicial del mundo, donde el país aparece inclusive peor evaluado que Zimbaue, Irán o China en lo que se denomina el Índice de Estado de Derecho 2012-2013 que elaboró la organización no gubernamental estadounidense The World Justice Project, queremos compartir con Ustedes parte del contenido que sobre el sistema judicial planteamos en el libro Estado Delincuente.

“La realidad de los jueces provisorios o contratados, que ha alcanzado 80% y tenido como titulares solo 15%, más 5% en condición de suspendidos o en espera de juicio, contraviene tanto los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985, así como el acervo convencional interamericano. Según estos “Principios Básicos” el nombramiento de jueces debe responder a la integridad, idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas, así como el régimen de la carrera profesional de los jueces debe fundamentarse en criterios objetivos, es decir el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia. En Venezuela algunos jueces se autocalifican como “milicianos judiciales” y muestran fidelidad política al Gobierno. Un hecho público y notorio tuvo lugar cuando se llevó a cabo la instalación protocolar del año judicial en 2006 y se escuchó una consigna partidista y electoral (“Uh, ah, Chávez no se va”), dejando evidenciada la falta de imparcialidad y transparencia precisamente en el máximo tribunal del país, hecho que quedó reflejado en la prensa nacional (diario El Universal, 27 de enero de 2006).

Las antiguas tribus judiciales han dado paso a nuevas redes de abogados, reconocidos y beneficiados, gracias a su estatus político, por jueces y fiscales. De esta manera, tienen acceso a todos los recintos judiciales y policiales del sistema. Existe una organización de extorsión judicial, donde los delitos e imputaciones se dirimen según el monto económico y al peso político del investigado o procesado.

Ante la contundencia del informe de la comisión, el 18 de junio de 2011, el diputado a la Asamblea Nacional y vocero de la Coordinación Jurídica del PSUV, Carlos Escarrá, en un encuentro regional de abogados realizado en el estado Carabobo, declaró:

“Este encuentro fue muy significativo y entre las principales propuestas destacan la creación de una contraloría judicial. El Poder Judicial es uno de los elementos más corruptos y donde menos hemos hecho lamentablemente en la revolución… Esta contraloría debe atacar las roscas en todos los niveles. Aquí hay mafias entre policías, fiscales y jueces, y también debe garantizar todo lo relativo a los derechos humanos”.

El Poder Judicial, a partir de la intromisión sistemática del Ejecutivo, se ha convertido en un “gran negocio” en el que parece que todo está tarifado y las irregularidades, arbitrariedades y abusos ocurren en todas las instancias, hasta el punto de que se utiliza el vocablo “sicariato judicial” para calificar su situación.

Han sido designados jueces que no son abogados. Jueces y fiscales comparten “territorios” en los que se manipulan expedientes, tarifan los servicios, se pierden o se siembran pruebas, se altera la distribución de causas. El Sistema Juris 2000 fue instrumentado en el Poder Judicial para que la distribución de causas fuera totalmente aleatoria; sin embargo, basta un simple “apagón” de luz eléctrica para que el sistema se caiga y en ese momento el presidente del circuito realiza manualmente una especie de sorteo para asignar las causas… Asignar una causa a un determinado juez tiene un precio que depende de los implicados en el caso, pero que puede rondar los 100 mil bolívares fuertes.

La ausencia de registro automatizado de los expedientes se presta a todo tipo de manipulaciones: no aparecen, nadie sabe en dónde están, hay que pagar para que finalmente aparezcan o no… La cadena de custodia es vulnerable y las pruebas, según las tarifas que se establezcan, se manipulan, alteran o desaparecen.

Nombrar a una persona en un expediente es suficiente para iniciar el proceso de extorsión, así como cometer un “error material” en la identificación de una persona puede librarlo, pago de por medio, de verse implicado en un proceso judicial.

El deterioro del sistema es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el delincuente pague para librarse del proceso judicial. Los bienes incautados no son puestos a la orden de la Fiscalía, sino que son “negociados”, cambian sorpresivamente de propietarios con el consentimiento de los afectados o sin que estos se atrevan a reclamar. Las mayores extorsiones ocurren en el área penal, en la que está en juego ir o no a una prisión; es decir, un asunto de vida o muerte.

Producto de los hechos que hemos narrado son las lamentables confesiones de los ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte, que evidencian la descomposición del Poder Judicial.

Modus operandi

                  Al analizar los informes y diversas decisiones emanados de la jurisdicción disciplinaria judicial, se comprueba que en Venezuela las manifestaciones más comunes de la corrupción judicial son las siguientes:

La confabulación entre policías, fiscales y jueces

Los fiscales usualmente actúan en acuerdo con la policía para manipular las pruebas, según les convenga. Cuando el caso se eleva a juicio, los jueces, dependiendo del asunto, reciben presiones para que guarden silencio, so pena de ser denunciados disciplinariamente, o entran en el negocio para así evitar que se apliquen las normas de admisibilidad y valoración de las pruebas. Hay ocasiones cuando los mismos jueces confabulan con los fiscales a efectos de obtener algún beneficio económico o político personal.

La manipulación de las pruebas

La policía introduce pruebas circunstanciales contradictorias dentro del material justificativo para un auto de procesamiento penal, por ejemplo: si incautan una sustancia prohibida, le cambian la denominación y características en las actas procesales, si se trata de 1 kg de cocaína, la identifican como 1 kg de heroína, etc.

El negocio de las medidas alternativas del proceso y de las cautelares

Los fiscales dictan autos de procesamiento penal, sin contar con un cuerpo suficiente de elementos probatorios que comprueben la comisión del delito, o la participación de una persona en el mismo, según se contempla en el Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, la persona apresada, y sin pruebas suficientes, es trasladada a los tribunales a una audiencia preliminar previamente concertada con el juez, en la cual se le ofrece como medida alternativa que admita los hechos, o una medida cautelar sustitutiva de libertad, cuyo valor oscila, dependiendo de la naturaleza del caso y del poder adquisitivo de los involucrados, entre 5 mil y 50 mil dólares.

La venta de las sentencias en los tribunales

Otro de los modos utilizados por jueces corruptos es la venta, a un alto costo, de las sentencias de sus tribunales. En esta modalidad suelen estar involucrados bufetes o abogados influyentes, conectados al poder político, pero también jerarcas militares. Tasan el valor de las sentencias y, dependiendo de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, compran o atemorizan a los testigos, desnaturalizan las pruebas científicas, para absolver o condenar, si aceptan o no la oferta. En algunos casos, sobre todo en delitos de difamación, la maniobra es utilizar la figura de la extemporaneidad de las pruebas en la apertura a juicio para dejar a una de las partes sin pruebas y lograr su condenatoria.

En otros casos, algunos jueces suelen utilizar a familiares o amigos como intermediario que actúan como abogados en los tribunales y venden las decisiones o consejos en los casos ventilados en dichos juzgados.

El cambiazo de decisiones al no llevar en forma regular el libro diario del juzgado.

Dentro de los deberes y atribuciones del secretario de cada tribunal está llevar con toda claridad y exactitud los asientos realizados en el mismo, los cuales le corresponde firmar, conjuntamente con el juez, al terminar cada audiencia. Además, es deber del juez firmar el libro, al finalizar la audiencia, autorizando los asientos ocurridos en el tiempo que dura. Es decir, llevar con regularidad el libro diario constituye una función de los secretarios y es obligación de los jueces supervisar y avalar con su firma esta actividad.

Sin embargo, se ha convertido en una modalidad corrupta cambiar decisiones y actos en los asientos vacíos de los libros diarios que los tribunales no llevan al día. Por ejemplo, si una de las partes quiere servirse de un acto procesal a destiempo, por una suma de dinero que oscila entre Bs. 15.000 y 100 mil, dependiendo del acto, pueden cambiar el contenido de decisiones que han sido dictadas en altas horas de la noche; también pueden incluir documentos, recursos, solicitudes o trámites que eran extemporáneos.

Existe un proceso de desinstitucionalización del poder judicial. Entre tantos supuestos de manifestación de este fenómeno que afecta a la justicia venezolana, el caso de la jueza María Lourdes Afiuni es uno de los que ha alcanzado incluso connotación internacional. El 10 de diciembre de 2010, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, al cumplirse un año de la detención arbitraria de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, reiteró el pedido de su liberación por considerarlo “un caso de indebida interferencia política por parte del ejecutivo y su detención vulnera los principios básicos de la ONU. Dicho llamado de Amnistía internacional (AMR 53/009/2010) deja constancia de que el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos han insistido en que “se ponga a la jueza Afiuni en libertad inmediata e incondicional” y que “las represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el Estado de derecho y obstruir la justicia”, en palabras de estas instancias de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2009. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas provisionales a favor de la jueza Afiuni, se reseñó que el mismo día en que ella había ordenado la libertad provisional de una persona que habría estado en prisión preventiva por más de dos años y medio, “el Presidente de Venezuela se habría referido públicamente a la jueza aAfiuni como ‘bandida’ y habría solicitado su encarcelamiento y condena”, como se lee en la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 2010, Asunto María Lourdes Afiuni”.

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