El crimen organizado controla la explotación del oro en Venezuela

La larga carretera que sale de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, y se dirige al sur marca la ruta de la minería ilegal de oro en Venezuela. Cientos de personas la transitan diariamente en busca de El Dorado que les permita salvarse de una económica sin precedentes en la nación suramericana.

Alimentos, medicinas, combustible, dinero en efectivo que por años han escaseado en el resto del país se encuentran en abundancia por estos caminos. Es todo un mundo paralelo.

La parada más importante es El Callao, un pueblo entre montañas ubicado a unas 530 millas (850 kilómetros) de Caracas conocido históricamente por su colorido carnaval pero que ahora es más conocido como la capital de la zona minera.

La explosión de la minería ha convertido este lugar en una pesadilla, con las calles llenas de autos, motocicletas y vendedores, que en su mayoría duermen al aire libre porque los hoteles están llenos.

El otro tranquilo poblado tenía 20,000 habitantes en 2011, donde pequeños comercios vendían rudimentarias joyas doradas y oro cochano sin temor a robos. Ahora, unas 100,000 hacen vida ahora en la zona de El Callao, mientras entre 300,000 y 500,000 mineros recorren las numerosas minas en el sur de Venezuela.

El Callao es parte del Arco Minero del Orinoco, un megaproyecto patrocinado por el gobierno que cubre el 12% del territorio venezolano.

Puesto en marcha en febrero de 2016 por gobernante Nicolás Maduro, el proyecto es un intento por encontrar recursos ante el desplome de la industria petrolera, que ha sostenido a la nación sudamericana durante un siglo. Como parte del plan, el gobierno pretende validar y certificar 8,900 toneladas métricas en reservas de oro hasta 2025. Esto significaría que Venezuela tendría el segundo mayor depósito de oro del mundo.

La extracción de oro en la zona era dirigida antes por empresas transnacionales. Ahora, grupos delictivos y pandillas armadas monopolizan el negocio. Y la población de El Callao, como muchos poblados en el sur, está ahora a merced de estas organizaciones.

Medios de prensa locales han reportado el descubrimiento de fosas llenas de cadáveres, pero las gente del lugar dice que a muchos de los fallecidos, víctimas de la violencia y las enfermedades, no los encuentran nunca y han quedado en las selvas venezolanas.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), El Callao fue la localidad más violenta de Venezuela en 2018, con una tasa de 619.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En comparación, en Estados Unidos esta cifra es de unos 5 por cada 100,00.

En este momento, dos organizaciones comparten el territorio con los llamados sindicatos, liderados por los llamados pranes. También están los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR), que han creado sus propios grupos mineros y que están alineados ideológicamente con el gobierno de Maduro.

Las pandillas, que tienen presencia en la zona minera desde 2010, eran las que mandaban, pero han perdido terreno a manos de los guerrilleros colombianos en años recientes, dijo un soldado de la Guardia Nacional, un joven de 25 años.

Este hombre todavía se asombra cuando recuerda la primera vez que vio a elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pasar por el estado Bolívar.

“Vimos patrullas de 200 hombres armados que pasaban caminando a nuestro lado identificados como el ELN. ¿Qué se supone que debemos hacer? Simplemente saludarlos como si fueran viejos amigos?”

El control de la zona por parte de grupos armados y unidades militares corruptas impide a los mineros hablar con franqueza.

“Aquí es mejor no opinar si quieres estar con vida, hay mucha mafia”, dijo un comerciante que pidió no ser identificado. “Los militares llegaron para hacer negocio, no para proteger al ciudadano. Todas las semanas hay un asesinato”.

Los mineros se quedan de todos los extorsionan, les cobran un “impuesto” por trabajar o llevar equipos, pero no hay muchas más opciones.

“Vamos a la mina en grupos para cuidarnos entre nosotros”, dijo un minero artesanal que vise una camiseta de la Misión Piar, un programa gubernamental destinado a combatir la minería ilegal. “[Los grupos armados] nos quitan los celulares y las pertenencias para ingresar a las minas. Nos hace falta el trabajo, pero si nos quejamos no nos permiten regresar”.

El laberinto del oro

Luis Rosales, un abogado de la ciudad de Valencia, a unas 78 millas (125 kilómetros) de Caracas, llegó hace dos años a la localidad minera con la esperanza de trabajar allí. Ahora es un comerciante informal de implementos para la minería.

“Familias de todas partes están durmiendo en el terminal de autobuses y en la plaza, buscándose la vida, no sólo con el oro, sino con la venta informal de cualquier cosa”, dice. Aquí se sufre pero se logra llevar el pan a la casa”, agrega.

En El Callao y sus alrededores, los mineros y sus familias viven en casuchas hechas de palos y bolsas de plástico a manera de paredes. La criminalidad es rampante y abundan las enfermedades epidémicas como el paludismo.

El gobierno venezolano no ha difundido cifras actualizadas de la incidencia de la malaria, pero la según el Reporte Mundial de Malaria 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela registró 411,586 casos nuevos en 2017, un repunte de 811 por ciento en comparación con 2010. Y la zona minera de Bolívar es donde ocurre la mayoría de los casos, según expertos.

Sin medidas de seguridad, hombres, mujeres y niños excavan con sus propias manos o con herramientas precarias para extraer “una grama”, como se le llama localmente a la medida de un gramo de oro, que quintuplica el salario mínimo en Venezuela, equivalente a 7 dólares en julio de 2019.

La promesa del oro, en momentos que otros sectores de la economía venezolana se han desplomado, ha provocado una migración masiva al sur del país.

Ahora, dragas, bombas de succión, palas, picos y botellas de mercurio y de cianuro son cada vez más comunes en el sur de Venezuela, lo que amenaza con contaminar la población de peces, una parte importante de la dieta en la región.

Los mineros también inhalan el vapor de mercurio que se libera durante la quema de las amalgamas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dice que no hay cura para el envenenamiento con mercurio, que puede causar daños neurológicos irreversibles.

Para complicar las cosas, aproximadamente 45 por ciento de los mineros en la región de El Callao son niños o adolescentes, según un informe de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), una organización no gubernamental.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCED) define los “minerales conflictivos” como la minería que contribuye al trabajo forzado, el lavado de dinero, el trabajo infantil y abusos a los derechos humanos. Todos estos ingredientes están presentes en las minas ilegales de oro en Venezuela.

La fuerte demanda

La demanda global de oro en 2018 fue de 4,435 toneladas métricas, y casi la mitad de esa demanda es del sector de las joyas.

Venezuela ocupa el puesto 32, según el Consejo Mundial del Oro, con una producción de 25.3 toneladas métricas en 2018. El Plan Sectorial Minero 2019-2025, presentado por Maduro en junio, fija la meta de producción de oro de 2019 en 28 toneladas métricas y en 79.4 toneladas métricas para 2025.

Para lograr esas metas, el gobierno dice que planea “coordinar, organizar y controlar la minería a pequeña escala dentro del Arco Minero del Orinoco”.

Hay dos grandes grupos que en este momento controlan el oro que producen los mineros ilegales, muchas veces de manera ilegal. Uno es un grupo de inversionistas privados y el otro es la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

Los operadores privados compran oro a los mineros ilegales y lo venden a los mayoristas, quienes “en teoría” lo venden al Banco Central de Venezuela, dijo uno de los 570 compradores locales de oro de El Callao, quien maneja unos dos kilogramos de oro a la semana.

Minerven es el principal suministrador de oro del Banco Central de Venezuela, que a su vez vende el oro a clientes en países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos..

Minerven también recibe la mayor parte de su oro de mineros a pequeña escala y cooperativas, aunque conoce que el metal proviene de la minería ilegal, dijo un representante de la compañía que pidió no ser identificado.

Fundada en 1970, Minerven ha sufrido profundos cambios tres veces en los últimos 10 años en medio del colapso de la producción. Después de alcanzar una producción de oro de 13.48 toneladas métricas en 2009, la producción se desplomó entre 2010 y 2015, llegando a menos de una tonelada métrica, cuando las mineras internacionales se marcharon del país.

Incluso para los empleados de la empresa, las operaciones de Minerven están rodeadas de misterio y el gobierno no ofrece información sobre la compra y venta de oro.

“¿Cuánto oro produce Minerven?”. Nosotros tampoco sabemos, pero sigue produciendo”, dijo el representante de la compañía. “No sabemos cuánto porque eso nunca se ha informado públicamente, y es preocupante”.

Rutas de contrabando

El gobierno de Venezuela considera El Callao una “zona militar especial” y la mantiene bajo un fuerte control de seguridad. En un día cualquiera es posible ver también grupos de encapuchados con armas automáticas patrullando las calles y escoltando a “altos funcionarios” del gobierno que salen y entran de las plantas de Minerven a toda hora.

A pesar de la presencia militar, la zona es el punto inicial de las rutas de contrabando que llevan a Guyana, Brasil y Colombia. Y los grupos delictivos organizados usan mulas humanas, lanchas, carros blindados y avionetas para evadir cualquier dispositivo de seguridad.

En el vecino poblado de Guasipati, el oro sale en avión en vuelos privados con destino a Aruba, Curazao, Dominica y Puerto Rico, dijo un funcionario. Pero hay otras rutas de contrabando, como de la ciudad industrial de Puerto Ordaz a República Dominicana y Honduras, desde donde se envía a Estados Unidos.

Mulas de oro

Para sacar de contrabando el oro ilegal y llevarlo a Colombia, las organizaciones delictivas usan una red de transportistas humanos de oro, llamados mulas.

Al diferencia de lo que ocurre con los traficantes de drogas, los traficantes de oro no se tragan el producto, sino que lo llevan en la ropa, en los zapatos o en sus partes íntimas. El gobierno venezolano considera el oro un activo estratégico, y los contrabandistas, si son atrapados, pueden ser castigados severamente.

Ramón, una de las mulas, fue reclutado en Caracas hace unos meses.

Al relatar su historia a la revista Clímax, Ramón, quien usó un nombre ficticio por razones de seguridad, dijo que viajó en autobús desde Caracas hasta Upata, en el estado Bolívar, donde lo recogió un grupo de personas que viajaba en dos Toyotas 4Runner.

Antes de montarse en el vehículo le quitaron la tarjeta SIM y la batería a su teléfono celular, le colocaron unos audífonos y le taparon la cabeza con una bolsa de tela.

Horas más tarde, cuando le quitaron la capucha, ya estaba en Las Claritas, un poblado minero cerca de la frontera con Brasil. Allí pasó cuatro días incomunicado en un campamento improvisado, custodiado por dos hombres encapuchados con armas largas.

Al cuarto día, Ramón salió de Las Claritas con tres kilos de oro escondidos en la suela de los zapatos, la chaqueta y en las costuras del pantalón. Otros dos compañeros de travesía llevaban dos kilos adicionales de oro.

Viajaron en helicóptero desde Las Claritas hasta Ciudad Bolívar, a 302 millas (486 kilómetros) de distancia, donde los esperaban autobuses de la empresa de transporte Encava para llevarlos a un poblado costero que “se parecía a Cumaná”, en el norte de Venezuela. Allí fueron recibidos por un soldado, que los llevó a una avioneta sin pedirles identificación, que los trasladó a un aeropuerto privado en Táchira, cerca de la frontera con Colombia.

Una camioneta Ford Explorer los llevó a la ciudad fronteriza de San Antonio donde le ordenaron cruzar a pie el puente internacional Simón Bolívar, que enlaza a las dos naciones.

Ramón fue presa del pánico. Sabía que si lo pillaban con el contrabando de oro enfrentaba 35 años de prisión. Pero siguió las órdenes y, usando ciertas contraseñas para identificarse con los soldados ya sobornados, logró cruzar el puente sin ningún inconveniente.

En la mitad de la puente, en un punto de control de Migración Colombia, lo recibe una mujer corpulenta, y después de dirigirse a ella por su nombre de pila, como le habían indicado, le dijo sencillamente “pasa”, sin revisar papeles ni documento de identidad. Ahí fue cuando Ramón se dio cuenta que “el complot también existe en Colombia”.

En Cúcuta, Colombia, esperó por sus otros dos compañeros, que cruzaron la frontera por las trochas, que son senderos rústicos.

Llamaron por teléfono a un ecuatoriano que debía comprar el oro y acordaron verse en un restaurante de comida rápida en el centro de la ciudad. Cuando entraron al establecimiento, alguien cerró las puertas y los empleados desaparecieron.

El negociante sacó una bolsa llena de billetes de 100 dólares y una balanza para pesar el oro. Pagó lo que debía y se marchó. Por llevar el oro venezolano a Colombia, a Ramón le pagaron 1,500 dólares.

En la frontera

En el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, una fila de unos 40 camiones de carga pesada esperan su turno en la oscuridad para cruzar el punto fronterizo de Paraguachón y entrar a Colombia.

A eso de las 11 de la noche, los camiones encienden los motores y empiezan a tocar sus cornetas. Guardias nacionales venezolanos los autorizan a pasar sin revisarles la carga, y pasan entonces junto a los agentes de Migración Colombia sin detenerse.

Esta frontera ha estado cerrada oficialmente desde el 7 de septiembre de 2015, cuando Maduro la cerró para evitar el contrabando de alimentos, combustible y medicamentos. Pero eso no ha evitado que se convierta en una vía franca de camiones que transportan ilegalmente bienes, como oro contrabandeado.

La carretera Troncal del Caribe, que conecta a Venezuela con Colombia, tiene al menos 14 puntos de control de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía regional. Pero nadie se atreve a revisar los camiones, según funcionarios locales.

Muchos de esos camiones tienen un salvoconducto emitido por la Zona Estratégica de Defensa del Zulia (ZODI), una de las divisiones territoriales de Venezuela bajo gestión militar, que avala en un manifiesto que “son productos de exportación”, dijo un cabo de la 13ra Brigada de Infantería, quien pidió no ser identificado.

“Si revisamos estos vehículos podemos meternos en problemas”, dijo. “Parece que los dueños de los vehículos tienen influencia y podemos perder el trabajo”.

El militar dijo que los vehículos muchas veces transportan coltán, un mineral que se usa en la fabricación de dispositivos electrónicos, así como oro, plata y otros bienes que deben exportarse.

“Lo sabemos porque cuando hemos revisado algunos vehículos encontramos desde cocaína líquida hasta oro, cualquier producto ilegal”, dijo el militar de 24 años.

En el poblado de Maicao, Colombia, a poca distancia de Paraguachón, los negocios compran oro venezolano.

En la joyería Amiga, un dependiente dice que compra hasta 150 gramos de oro venezolano, “que traen del sur del país; viene directo de las minas porque está en granitos”.

El vendedor agrega que las personas que venden el metal precioso no son mineros ni trabajadores artesanales, sino militares.

Un miembro de la Guardia Nacional en Paraguachón, que pidió no ser identificado, describió que detuvo el vehículo de un funcionario de gobierno en el poblado de Dabajuro en diciembre de 2018, a eso de las 2 de la madrugada.

En la camioneta Toyota Hilux iban dos mujeres y el conductor. Los pasajeros dijeron que empleados de un ministerio y venían de Caracas, pero se mostraron nerviosos, por lo que el militar y otro compañero decidieron revisar el vehículo. Descubrieron que el vehículo en verdad venía de la zona minera de Tumeremo, en el estado Bolívar, y dentro encontraron una caja de cartón con 250 gramos de plata, 300 gramos de oro y 1,000 dólares en efectivo.

Los asustados viajeros cambiaron la valiosa mercancía por su libertad.

“El arresto y la confiscación quedaron sin efecto”, no se asentaron en los registros, dijo el soldado. “Y compartimos las ganancias”.

Fuente: esta investigación resultó de la alianza periodística entre InfoAmazonia (Brasil), el Miami Herald (Estados Unidos), RunRun.es (Venezuela), Correo del Caroní (Venezuela) y De Correspondent (Holanda), y fue posible gracias a la Human Rights Foundation.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s