La batalla “legal” de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar la cárcel |¿Qué viene ahora?

El caso Víctor Vargas y sus intervenidas, y aparentemente quebradas, entidades financieras en Venezuela y el Caribe, representan un importante desafío para los reguladores de Curazao, Holanda, Panamá, Antigua, República Dominicana y Venezuela.

EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse en otros terrenos, con demasiados frentes abiertos. Algunos se dilucidarán en instancias judiciales, con diferentes actores involucrados, en lo que puede ser una costosa batalla jurídica.  

La estrategia legal de Víctor Vargas, el llamado banquero rojo, parece copiada del manual de acciones de calle del chavismo: si la alternativa democrática organiza una manifestación, el régimen organiza otra, no importa si es pequeña, lo importante es ir a la ofensiva.

Vargas lo hizo antes cuando el Banco Central de Curazao le quitó la licencia bancaria que se le había otorgado, y puso a correr la tesis según la cual días antes había acordado una liquidación voluntaria. No importaba que eso no procediese, por cuanto la liquidación de un banco tiene que ser aprobada con antelación por la misma autoridad que le otorgó la licencia.

La misma rutina la repite ahora. Cuando el Banco Central publica la liquidación del Banco del Orinoco,  el grupo financiero BOD anuncia que recurre al arbitraje internacional acusando al Banco Central de actuar de forma discriminatoria.

Cuando la Sudeban en Venezuela restablece medidas administrativas contra el Banco Occidental de Descuento, argumenta que se trata de una medida rutinaria. No importa que contra el banco existan acusaciones muy graves, como el uso de información falsa para ocultar los problemas financieros de la institución. Lo importante de nuevo es la foto, el titular, la contra-noticia. 

En realidad no es algo muy sofisticado, es la misma estratagema que utiliza el enemigo de lo ajeno que grita “¡Allá va el ladrón, agárrenlo!”, para desviar la atención de sus fechorías.

Sin embargo, mas allá de la picaresca, la estrategia legal de Vargas plantea algunas interrogantes, con varias implicaciones para los diferentes agentes involucrados y de las que pueden derivarse algunas lecciones.

El frente curazoleño

La legislación de Curazao, en materia de supervisión bancaria, es compleja.

Mientras en otras partes la autoridad regulatoria disfruta de cierta autonomía, una decisión como la intervención de un banco, que en otras jurisdicciones es una decisión autónoma – bien se trate de la superintendencia o el Banco Central – en Curazao requiere de la autorización de una instancia judicial.

La secuencia de eventos en Curazao es la siguiente: Durante al menos dos años, el Banco Central de la isla había estado monitoreando de cerca las actividades del Banco del Orinoco. Reclamos recurrentes de depositantes, instrucciones no cumplidas, dudas sobre los custodios de valores, fallas en procedimientos básicos, eran temas recurrentes. 

INFORME CURAZAO: LA QUIEBRA DEL BDO Y LA COMPLICIDAD DE LOS REGULADORES

El anterior Presidente del Banco Central, Emsley Tromp, el mismo que ahora funge de asesor de Vargas en su anunciada pelea contra las actuales autoridades, habría actuado de forma negligente ante problemas que en otro ámbito regulatorio habrían activado las alarmas rojas.

Tromp fue acusado de varias anomalías administrativas y fue removido del cargo en octubre del 2017, pero no fue sino hasta abril del 2019 cuando fue promovido el nuevo presidente y es en junio que finalmente se posiciona del cargo.

Bob Traa, el nuevo presidente del Banco Central de Curacao. Foto cortesía CuracaoChronicles.com

Bob Traa, es un economista holandés que ha pasado 25 años de su carrera profesional en el Fondo Monetario trabajando en temas de supervisión bancaria y  macroeconomía. Junto a él llegó un equipo de profesionales que comenzó a poner orden en los asuntos del banco. Es en ese momento cuando comenzaron los problemas para el banquero rojo

El frente venezolano

La estrategia legal del banquero en este frente es muy sencilla. Tocar la puerta donde lo escuchan. Primero tenía vara alta en la mas altas esferas, en el ministerio de Finanzas, en el BCV.

Luego sus contactos se fueron reduciendo. Al parecer se comió la luz roja en varios asuntos y no cumplió las tareas encomendadas. Eso explicaría las marchas y contramarchas de las recientes medidas.

Hay funcionarios en Sudeban que quiere enfrentar el problema, pero Vargas les metió un gol con la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ a cargo del militar retirado Juan José Mendoza Jover.

La dificultad para Vargas es que ahora tiene muchos frentes abiertos, escenarios donde no tiene el mismo control que tuvo o todavía tiene en Venezuela.

Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional del TSJ ilegal. Foto cortesía Twitter.

Un largo historial

Acostumbrado a no cumplir con los requerimientos del regulador,  levantar el teléfono y llamar al socio de turno, Vargas tenia un largo historial de asuntos pendientes con la autoridades de Curazao.

Entre ellos, el tema recurrente con las entidades financieras del Grupo BOD: las dudas sobre los custodios y el valor de los activos. Según se señala en los documentos de la corte de primera instancia de Curazao, al que tuco acceso CuentasClarasDigital, Vargas presentó información falsa relativa a las inversiones en valores registradas en sus estados financieros. 

El problema de los custodios también ha sido un campo de batalla entre Vargas y las autoridades de supervisión en Venezuela.

Al menos desde 2012, la Sudeban ha mandado instrucciones al BOD para que cambie la custodia de los títulos – que en el caso de Venezuela es el banco de Vargas en Antigua, BOI Bank Corporation – y no ha sido posible materializar el traslado.

ANTIGUA DICTA MEDIDAS DE EXCEPCIÓN AL BOI BANK DE VÍCTOR VARGAS

Es difícil encontrar otra institución que tenga un historial de incumplimiento parecido al BOD en Venezuela.

No sólo es el tema de los custodios, algo similar ocurre con las provisiones, la documentación de algunos activos, el cumplimiento del encaje o el registro de algunas inversiones. Basta leer las notas a los estados financiero para comprobar ese largo historial de incumplimiento. 

En cualquier otro ambiente regulatorio, desde hace tiempo, ello hubiese significado severas sanciones. Esa misma práctica la exportó Vargas a otras jurisdicciones.

En Curazao tuvo bastante éxito hasta que llegaron las nuevas autoridades del Banco Central. Es por ello que el comunicado de la institución, al referirse a los problemas del Banco Del Orinoco, habla de la “severa disfuncionalidad” que motivó la toma de medidas de emergencia.

Lo mismo pasó en Panamá y también en Venezuela, solo en República  Dominicana todavía Vargas disfruta de la “paciencia” de los reguladores bancarios. 

CURAZAO: TRIBUNAL DECLARA QUIEBRA DEL BANCO DEL ORINOCO DE VÍCTOR VARGAS

En Curazao, el procedimiento de las nuevas autoridades fue expedito.

El 2 de septiembre le retiraron la licencia bancaria y simultáneamente solicitaron a la Corte la imposición de medidas de emergencia, las cuales le fueron otorgadas el 5 de septiembre. 

Una vez dentro del Banco del Orinoco, comprobaron lo que se sospechaba:  la presentación de documentación falsa y la inexistencia de los activos. Un mes después de las medidas de emergencia,  se solicita ante la corte la declaración de bancarrota, la cual fue aprobada el 4 de octubre.

Tal como estipula la legislación de Curazao, a esa audiencia fueron los representantes legales de  Vargas y tuvieron la oportunidad de presentar sus alegatos.  Sin embargo, de acuerdo al documento emanado de la Corte, “…la declaración de la defensa no ofrece ningún punto de partida para soportar la opinión contraria..”,  presentada por el Banco Central, que evidenciaba muy serias irregularidades.

La conclusión del juez, tanto en la primera audiencia como en la segunda – donde la Corte falla a favor de la declaratoria de quiebra – es que existe un hueco en el banco, que el patrimonio no existe y que se presentó información falsa para presentar los activos del BDO, los cuales ni siquiera alcanzan para pagar a los menos de 25 trabajadores que laboran en la institución.

El Banco Central de Curacao sostiene que el Banco del Orinoco no tiene fondos ni para el pago del sueldo de los 25 empleados que mantenía en nómina. Foto cortesía CuracaoChronicle.com

Las primeras batallas

Vargas, pocos días después de la intervención del Banco Central, aparecía muy aplomado haciendo acusaciones contra las autoridades en Curazao. Argumentaba que “la institución financiera del BDO era sólida, que el valor de los activos era muy superior a sus pasivos y que las inversiones del banco podían liquidarse en apenas 60 días”.

Argumentaba Vargas que las medidas del Banco Central eran absurdas por cuanto ya los accionistas habían decidido una liquidación voluntaria. Además, para tranquilizar a los depositantes en Venezuela, señalaba que el banco en Venezuela, ya había aprovisionado toda la inversión que tenía en su filial en Curazao.

Sin embargo, esa seguridad parecía mas bien un show mediático.

  • Primero, la liquidación voluntaria requiere de la autorización del regulador, es así en Curazao, igual en Venezuela y en muchas otros lugares, donde casi cualquier decisión de los accionistas de un banco tiene que ser aprobada previamente por la autoridad regulatoria. 
  • Segundo, los accionistas no podían decidir una liquidación voluntaria, cuando días antes se le había notificado la cancelación de la licencia de operación.
  • Tercero, tampoco es cierto lo de la provisión de la inversión del BOD en el Banco del Orinoco. Las notas de los auditores confirman que esa provisión aun no se ha hecho, ya que hacerla significaría reducir casi un tercio del patrimonio del banco en Venezuela.

Pero sin duda lo mas importante es la existencia o no de los activos. La seguridad de Vargas en la rueda de prensa, no es la misma que tuvieron sus representante legales.  En las dos audiencias, primero para la declaratoria de emergencia y luego para la bancarrota, no tuvieron el mismo aplomo para demostrar la supuesta solidez de los activos del banco. 

La estrategia legal

Vargas tiene una chequera capaz de mover a los mejores bufetes y en cualquier disputa judicial eso es una ventaja. En Venezuela puede ser que no pase nada. Pero en otros frentes, está por verse.

Mientras perdía la oportunidad de atajar las decisiones en Curazao y Venezuela, la reacción legal de Vargas fue rápida y arriesgada.

En Venezuela, logró en tiempo récord una sentencia del Tribunal Supremo donde se hace un exhorto a “defender los intereses de los depositantes” y apoyar el proceso de liquidación voluntaria presentado por Vargas, con el supuesto acuerdo del 70% de los depositantes.

La insólita sentencia de la Sala Constitucional del TSJ ilegal “ordena” al Banco Central de Curazao que suspenda el proceso liquidación de activos y adicionalmente comunica a los custodios que se abstengan de aceptar cualquier instrucción emanada del Banco Central para trasladar los títulos valores por ellos custodiados.

Como si esto fuera poco, se completa el mandado ordenando a la autoridad venezolana que suspenda las medidas contra el Banco de Vargas en Venezuela.

Todo ello, con la envoltura legal de un amparo constitucional otorgado favor de un grupo de depositantes, donde Vargas aparece como un banquero solvente acosado por las autoridades de Curazao.

Una especie de jonrón con las bases llenas: aparece como el protector de los depositantes, levanta la medida en Venezuela y además le permite alardear ante las autoridades en Curazao de su poder en Venezuela.

En términos jurídicos, se trata de una decisión disparatada, eso de ordenar a una instancia extranjera que se abstenga de hacer esto o aquello y no tiene consecuencias legales, pero pudiese tener alguna utilidad para Vargas en el camino.

Una implicación práctica inmediata era que levantaba las medidas en Venezuela, beneficio que le duró menos de semana, producto de la nueva resolución de Sudeban. 

Aunque se trata de una decisión bajo sospecha que ha generado ruido hasta entre las diversas facciones del régimen, el apoyo del TSJ, aunque sea una institución ilegal, puede soportar algunos de los alegatos de Vargas cuando se presente a una instancia de arbitraje. Eso encadena, precisamente, con la segunda acción del banquero rojo, al recurrir al mecanismo de arbitraje internacional denunciando a las autoridades curazoleñas de haber violado las disposiciones del tratado de inversiones entre Holanda y Venezuela.

Banco Central de Curacao ante un momento decisivo con el caso Víctor Vargas. Foto cortesía BCC

Las condiciones del arbitraje

Con la globalización de las transacciones comerciales y financieras, se ha incrementado el uso de mecanismos de arbitraje para resolver disputas entre actores de diferentes países. A nivel internacional hay tres instancias fundamentales a las cuales se recurre para resolver esa disputas: la cámara internacional de comercio (ICC), la comisión internacional de las Naciones Unidas (UNCITRAL) y la corte internacional para resolver disputas sobre inversiones del Banco Mundial (CIADI). Lo primeros dos mecanismos tienen que ser incorporados de forma explicita en el contrato, el último administra disputas que abarcan, por lo general, los tratados de inversión reciproca entre países. La disputa entre Vargas y el gobierno curazoleño entra en ese último mecanismo y refiere al tratado bilateral entre Venezuela y Holanda que entro vigencia en 1993, y al que Venezuela renunció en 2008, con el argumento utilizado por Chávez en su momento de que esos mecanismos de arbitraje favorecían a los países desarrollados.

 A pesar de la renuncia por parte de Venezuela, como es usual en esos tratados, cuando un país abandona el tratado, este se mantiene por un periodo adicional. Esto ocurre con el tratado Venezuela Holanda, cuya duración se extiende hasta el 2023. Vargas ha alegado contra el supuesto trato discriminatorio del gobierno holandés y, en efecto, pudiese tener un caso si logra demostrarlo.

El tratado establece que no se puede expropiar o nacionalizar una inversión, a menos que se tratar de acciones para el interés público, las medidas no pueden ser discriminatorias y en todo caso debe pagarse un precio justo.

Una cláusula parecida le ha costado a Venezuela una cifra que supera los 12 mil millones de dólares, en una colección de casos presentados en la misma corte.

En materia financiera, en casos similares a los que plantea Vargas, de bancos que intervenidos o nacionalizados, la frecuencia de uso de esos mecanismos no es muy alta.

Existen dos casos que pueden ser relevantes y que, con seguridad, los abogados de Vargas han estado revisando. Uno de ellos es la disputa entre un inversionista iraní y el gobierno del reino de Baharei (Bank Melli v Bahrain), motivado por la intervención de un banco, y el otro es entre unos inversionistas de Arabia Saudita y el gobierno de Indonesia (Hesham Talaat v Republic of Indonesia), también por la toma de control por parte de las autoridades.

El primero aun no ha sido decidido y el segundo fue desechado por cuanto el gobierno de Indonesia demostró que el inversionista había cometido fraude y había presentado información falsa. 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones CIADI es una institución del Banco Mundial con sede en Washington

Venezuela tiene una historia de 48 casos en contra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) , 47 de ellos del período de Chávez y Maduro. El costo de las arbitrariedades ha sido considerable: en casos decididos en contra del país, el monto a pagar supera los 12 mil millones de dólares. Todavía hay doce casos pendientes y otros en la cola que no se han presentado, entre ellos la reciente expropiación de Kellogs.

El caso de Vargas sería apenas el segundo de un ciudadano venezolano contra un agente externo, y como otra curiosidad histórica, sería el primero en la historia del Ciadi formulado contra el reino de Holanda.

La demanda de Vargas tiene un largo camino que recorrer. Si en efecto se presenta el caso, algo que no ha sucedido hasta el momento que escribimos esta nota, Vargas tendría que demostrar que las autoridades curazoleñas actuaron de forma discriminatoria.

Pero la secuencia de los acontecimientos no pareciera favorecer los argumentos de Vargas. Tuvo dos oportunidades en la Corte: la primera cuando le solicitaron las medidas de emergencia, y la segunda, con la declaración de bancarrota. Dos escenarios perdidos.

Sin embargo, la clave del caso es la existencia o no de los activos del banco. Si como han dicho la autoridades, se usó información falsa para la presentación de los balances, la solicitud de arbitraje carece de fundamento.

Vargas se jacta de tener el yate mas largo y suntuoso de Sotogrande, lujoso destino vacacional de la élite española en la costa de Cádiz. Vargas compró el Ronin al magnate de Oracle, Larry Ellison. El yate atraca a la entrada en una zona especial para grandes barcos puesto que no cabe en el puerto normal. Foto-montaje cortesía de El Confidencial.

Ciertamente, como en toda disputa legal, el resultado final depende de muchos factores, entre ellos, la calidad de los bufetes y la disposición de los involucrados de participar en una extensa batalla legal. Sin embargo, las estrategia legal de llevar el asunto a un arbitraje, puede tener un resultado desfavorable, tal vez no anticipado por sus equipos legales. 

El juego suma cero entre Vargas y el Banco Central de Curacao

El problema es complejo tanto para Vargas como para las autoridades de Curazao. Si los activos existen y no es cierto lo que dicen las autoridades curazoleñas entonces, en un potencial juicio de arbitraje, el gobierno de la isla podría terminar pagando la cuenta del daño patrimonial y el costo para los depositantes de una eventual liquidación del banco.

Si en cambio, es cierto lo que dicen las autoridades y Vargas presentó información falsa, el costo de la factura debe ser a cuenta de los accionistas del Banco del Orinoco.

La legislación bancaria en Curazao es muy clara, si los directores y/o accionistas del banco actúan de forma dolosa, se puede levantar el velo corporativo y deben pagar con su patrimonio las consecuencias de sus acciones.

Habría no sólo un enorme daño reputacional para la autoridad de regulación bancaria de Curazao, si esta no sanciona delitos tan graves como la presentación de información falsa, sino que también tendría que pagar la factura si no es diligente en su defensa en el juicio de arbitraje.

En cierta forma, para las nuevas autoridades del Banco Central, que han dicho en varias oportunidades que se presentó información falsa, no les queda otro camino que producir una acusación formal contra Vargas y los accionistas del Banco del Orinoco.

En esto pareciera plantearse una situación en que la ganancia de uno es la pérdida del otro. En medio de esa situación, por supuesto están los pequeños ahorristas, quienes también son protagonistas anónimos de ese juego estratégico.

Es cierto que las autoridades regulatorias en Curazao han cometido muchos errores, pero quizás uno que no puede cometer ahora es pagar la factura que deja Vargas pendiente.  Vargas no solo tiene muchos frentes abiertos, sino que por primera vez comete el error de apostar contra un jugador que no solo puede aplastarlo sino que también tiene los incentivos para hacerlo.

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Informe Curazao: La quiebra del BDO y la complicidad de los reguladores

EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- A raíz de la intervención y posterior declaratoria de quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) del Grupo Banco Occidental de Descuento (BOD) de Víctor Vargas, han surgido dudas sobre la capacidad o real voluntad de supervisión de la banca offshore. En esta nota especial de Cuentas Claras Digital reflejamos el panorama de lo que ha sucedido con casos emblemáticos de Curacao.

Historias similares a la intervención del  Banco del Orinoco N.V. en Curacao han ocurrido en varias oportunidades en un periodo corto de tiempo, al unirse dos elementos importantes, la existencia de banqueros con pocos escrúpulos y reguladores cómplices o incapaces de realizar su función, donde privan intereses personales y el beneficio de su círculo de amistades.

Los inicios del banquero rojo

La historia de Víctor Vargas con el Banco del Orinoco no es la única de su tipo. Otros banqueros, que han hecho fortuna de modo oportunista por vinculaciones con los gobiernos de turno, más allá de su verdadera capacidad como gestores, han mantenido operaciones en Curazao consistentes en captar fondos en dólares de venezolanos, respaldado por créditos, en algunos casos inexistentes o de baja calidad, y de inversiones concentradas o relacionadas con empresas del mismo grupo. 

Siempre hubo un menosprecio a la capacidad regulatoria del ente supervisor -sostienen banqueros conocedores del caso – ” lo único importante parecía ser mantener en la gestión a un director amigo sugerido por Emsley Tromp (expresidente del Banco Central de Curacao)”. Estos directores ganaban abultados sueldos y la mayoría de las veces no hacían el trabajo encomendado. A esto se sumaban directores y personal de inspecciones del ente regulador con poca formación profesional y, mas importante aún, “con una gran falta de criterio”.

Víctor Vargas, el dueño de Banco del Orinoco N.V., inicio su carrera como empleado bancario hasta convertirse en un poderoso banquero. En 1990, apenas se le conocía cuando vendió su modesta participación en Banco Barinas, y quiso incursionar en el mercado de los Estados Unidos, adquiriendo el Capital National Bank de Nueva York.

El resultado de aquella aventura fue la quiebra del banco, dos de sus socios fueron a prisión, y Victor Vargas se salvó al pactar, como sanción, que nunca abriría un banco en los Estados Unidos. 

A su regreso a Venezuela, Vargas adquiere el Banco Occidental de Descuento, iniciando un plan de expansión de operaciones con la adquisición de Banco Noroco, una pequeña entidad de ahorro y préstamo en la región central de país.

En el año 2006, el grupo chileno Corp Banca (como otros bancos con capital extranjero) decide vender sus operaciones en Venezuela y Victor Vargas adquiere el banco para fusionarlo posteriormente con BOD. El Banco del Orinoco N.V. en Curacao era parte de los activos adquiridos a Corp Banca.

En esos tiempos, en el sector bancario venezolano se comentaba la estrecha relación de Victor Vargas con ministros de Finanzas y otros altos funcionarios, como el presidente del Banco Central de Venezuela. Algunos de ellos están actualmente encausados y/o en prisión en los Estados Unidos por actos de corrupción.

Diferencial Cambiario: El mejor negocio del mundo

Durante el mandato de Hugo Chávez, el gobierno establece un sistema de  control de cambio de divisas acompañado con un modelo de endeudamiento de la República con voluminosas emisiones de bonos, notas estructuradas y otros productos financieros poco transparentes, que fueron asignados a dedo, presumiblemente en función al reparto de ganancias previamente acordado con unas pocas instituciones financieras. Entre las seleccionadas figuraban las de Víctor Vargas.

A pesar de que fue uno de los periodos con mayores ingresos petroleros de toda la historia de Venezuela, los dólares recibidos no fueron suficientes para financiar el delirio de Chávez por internacionalizar su improvisado e incoherente modelo y se creó un esquema de corrupción alrededor de todas las estructuras del Estado.

En el medio financiero es conocido que Víctor Vargas quería mantener todos los activos de sus instituciones financieras en bonos de la República de Venezuela ya que los intereses que producían generaban utilidades importantes, y la diferencia entre el valor de compra y el valor nominal, le permitía conseguir substanciales ganancias.

Este esquema funcionó hasta que el gobierno de Maduro declaró el impago de su deuda, dejando así sin ningún activo productivo los balances de algunas de las instituciones financieras de Vargas.

Durante varios años, los depositantes presentaron reclamos ante el Banco Central de Curacao y San Maarteen que  indicaban que el Banco del Orinoco no ejecutaba las instrucciones para transferir sus depósitos a otras instituciones financieras, y obtuvieron todas ellas una respuesta cómplice que indicaba que debían iniciar un proceso judicial para hacer valer sus derechos.

El Banco del Orinoco ofrecía préstamos en bolívares en Venezuela con garantía de los depósitos a tasas de cambio que para muchos clientes eran inaceptables, mientras otros clientes que contaban con el capital para hacer frente a un juicio en Curazao lograban obtener sus depósitos o parte de ellos.

En los primeros casos, la defensa argumentaba que no tenían bancos corresponsales para realizar los pagos a sus clientes, y posteriormente no se presentaban abogados defensores del Banco del Orinoco.

Sorprendentemente esta defensa mostraba con claridad lo que sería el futuro: un banco requiere de al menos un banco corresponsal para que pueda recibir los intereses y el pago de capital sobre los créditos e inversiones que mantiene en sus activos, y así poder pagar en cualquier parte de mundo los fondos que sean solicitados por sus clientes. Argumentar que no contaban con un corresponsal era sinónimo de decir que no tenían fondos o activos para pagar. 

El principio del fin

La licencia del Banco del Orinoco N.V. fue revocada el día 02 de septiembre de 2019, y el 05 de septiembre el tribunal de primera instancia de Curazao aprobó la medida de emergencia.

Posteriormente, un comunicado emitido por el Banco Central de Curacao y San Maarteen informa que “las investigaciones realizadas al Banco del Orinoco N.V. se iniciaron en 2016″ y, posteriormente, el 04 de octubre señala que “mientras estaba vigente la medida de emergencia, “el CBCS pudo constatar que la posición financiera de BDO era deplorable (..) El supuesto patrimonio que presentaba BDO al CBCS y a los auditores parece ser inexistente. El CBCS pudo establecer que los activos de la institución son sumamente limitados, mientras que, por otro lado, las deudas que tiene son sustanciales. En vista de esto, no tendría sentido prolongar la medida de emergencia en estos momentos y, por consiguiente, fue declarada la quiebra de BDO”.

Un banquero de la isla al que consultamos su opinión, declaró: “Si las investigaciones se iniciaron en 2016, en un banco que no contaba con un banco corresponsal y que después de la medida de intervención, en tan solo un mes, se determinó la falta de activos, demuestra una total incompetencia, complicidad y gran responsabilidad del ente regulador”.

Emsley Tromp ex director del Banco Central de Curazao, ahora asesor de Víctor Vargas en el caso BDO. Foto cortesía Curacao Chronicles

Durante este periodo, Vargas trató de utilizar artimañas legales, presentando primero una supuesta reunión de la junta de accionistas de fecha 03 de septiembre aprobando la liquidación del banco (al día siguiente de la revocatoria de la licencia bancaria y supuestamente tres días antes que el tribunal aprobara la medida de emergencia), y curiosamente nombra a Emsley Tromp como liquidador del banco, quien estuvo al frente del Banco Central de Curacao y San Maarteen desde la década de los 90 hasta que el 12 de julio de 2018, cuando un juez determinó que su despido como presidente era procedente. 

BANCO DEL ORINOCO: ¿QUIEBRA O FRAUDE?

Víctor Vargas subestimó el impacto de la situación en Curazao y la posibilidad de contagio al resto de sus instituciones financieras, lo cual ocurrió a los pocos días.

El regulador de Panamá decreta la intervención de Allbank, lo mismo hacen las autoridades de Antigua con BOI Bank y en República Dominicana vigilan de cerca a Bancamérica.

En Venezuela, Sudeban notifica la intervención del Banco Occidental de Descuento, el banquero niega públicamente la intervención y a las 24 horas siguientes es disfrazada como una medida administrativa, lo cual refuerza la idea de su cercanía con el régimen de Maduro.

TSJ ILEGAL SUSPENDE MEDIDAS DE SUDEBAN CONTRA BOD

En los próximos meses seremos testigos de la aplicación de la receta típica de los seudo-banqueros: movimientos o “triangulaciones” entre las diferentes instituciones, que dejarán grandes pérdidas a los ahorristas, a los reguladores en ridículo y a un banquero con los bolsillos llenos.  

El regulador que no regula

El Banco Central de Curacao y San Maarteen mantuvo por muchos años un grupo de directores cuyo objetivo parece haber sido sostenerse en el poder y proteger de manera cómplice grandes irregularidades de sus representantes y allegados, más allá del cumplimiento de los verdaderos objetivos por los cuales fue creada la institución.

Para entender las razones de tal afirmación y como se pudo llegar a tal situación, es importante conocer que su último presidente (Emsley Tromp) mantuvo el poder desde el año 1991 hasta el año 2016, luego de ser destituido por investigaciones criminales y un primer juicio por fraude fiscal del cual ha sido absuelto recientemente.

Los inicios del clan Tromp

Emsley Tromp inicia su carrera en el Banco Central de Curacao y San Maarteen en el año 1985. Venía de ser auditor junior de la Refineria Isla en Curacao (Pdvsa). Transcurrido seis años se convierte en presidente del Banco Central de Curacao sin ninguna experiencia previa en el sector financiero, lo cual nos permite entender muchos de los eventos que posteriormente ocurrieron, y que han sido tan perjudiciales para la reputación de la isla y el sector financiero.

Curacao fue durante muchos años uno de los mayores centro financieros offshore del mundo, donde la mayor parte de los bancos venezolanos contaban con una institución registrada para captar depósitos en dólares de sus clientes, como reacción a los controles cambiarios impuestos en Venezuela.

En 1994 se inicia en el país un proceso de insolvencia masiva que afecto un tercio de la banca privada comercial venezolana y que conllevó a la desaparición de alguna de las entidades financieras más emblemáticas.

En Curazao los bancos asociados a estas instituciones financieras en Venezuela colapsaron por una fuerte corrida en los depósitos que conllevó a la intervención por parte del Banco Central de Curacao y San Maarteen.

Esta situación toma de sorpresa a un presidente del Banco Central de Curazao con muy poca experiencia, quien recurre a su círculo cercano para encontrar ayuda en dicho proceso. De esta situación surge el nombre de Eric Garcia un curazoleño que aunque no tenía experiencia en el manejo gerencial de instituciones financieras, había trabajado en bancos en los Estados Unidos gestionando cuentas de clientes.

Eric García y el Banco de Maracaibo

Eric Garcia es llamado a colaborar y acepta el encargo de gestionar la intervención de los bancos en la isla. Entre los descubrimientos encontró que las instituciones intervenidas fueron utilizadas para desviar los activos malos, al margen de cualquier tipo de supervisión por parte del Banco Central de Curacao y San Maarteen, hecho que ha sido recurrente a lo largo de la gestión de Emsley Tromp.

Los grandes perdedores de esta situación fueron los depositantes que recibieron porcentajes muy bajos en relación a los depósitos originales.

TROMP CONSIDERÓ LA GESTIÓN DE ERIC GARCÍA COMO UN SALVAVIDAS, Y SURGIÓ UNA RELACIÓN MUY CERCANA Y DE TOTAL CONFIANZA ENTRE AMBOS. TROMP TOMA LA DECISIÓN DE CONVERTIR A GARCÍA Y A SU GRUPO DE ALLEGADOS, EN DIRECTORES EN TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS OFF-SHORE QUE QUEDABAN EN CURAZAO, COMO UNA FORMA DE OBTENER INFORMACIÓN DIRECTA DE LO QUE OCURRÍA EN CADA UNA DE ELLAS, SIN REALIZAR NINGÚN CAMBIO EN PROFUNDIZAR SU FUNCIÓN SUPERVISORA.

Eric Garcia se mantuvo como liquidador de los bancos venezolanos y 25 años después (mayo de 2019), ha sido condenado por lavado de dinero, falsedad documental, y apropiación indebida de 11 millones de dólares de las cuentas que manejaba como liquidador del Banco de Maracaibo.

El sentido común lleva a cuestionar varias situaciones en este caso: se mantuvieron los fondos en una cuenta durante ese tiempo sin repartirse a los depositantes afectados; la cuenta era movilizada por una sola persona como firma autorizada; nunca se solicitó una rendición o una auditoría de cuentas; habiendo sido Eric Garcia destituido como gerente de otra institución financiera intervenida por el Banco Central de Curacao, se le mantuvo como liquidador de Banco Maracaibo.

Incógnitas sin respuestas, pero que apuntan claramente a la complicidad de las instituciones supervisoras.

John Deuss y el First Curacao International Bank

John Deuss de origen holandés, cuya fortuna tuvo como origen suministros de petróleo entonces ilegales a Sudáfrica (en el momento del régimen del apartheid). Hasta el año 1987, era el propietario de FCIB (First Curacao International Bank), una institución financiera con licencia emitida por el Banco Central de Curazao y San Maarten.

John Deuss, polémico hombre de negocios holandés Foto cortesía Curacao Chronicles

El 6 de septiembre de 2006, la “Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst” (agencia fiscal anti fraude de Holanda) allanó la oficina y hogar de Deuss en Holanda y Curazao. El First Curaçao International Bank (FCIB), era sospechoso de realizar transacciones bancarias desde Holanda para generar un fraude fiscal con el impuesto a las ventas en Inglaterra.

El 14 de octubre de 2006, la policía de Bermudas arresta a Deuss y lo extradita a Holanda. El 24 de mayo de 2012, Deuss y su hermana Tineke fueron condenados por el tribunal de Arnhem por actividades bancarias ilegales y por no informar de transacciones inusuales a una sentencia de seis meses de prisión y una multa de 327.000 de euros, llegando a un acuerdo en 2013 por 34.500.000 de euros con la fiscalía holandesa para evitar la segunda parte del proceso penal, en el que el lavado de dinero sería fundamental.

En el proceso criminal en contra de John Deuss, la fiscalía analizó la notable indulgencia y falta de supervisión que mostró Tromp hacia el controvertido First Curacao International Bank (FCIB), las reuniones de Tromp con Deuss después de las horas de trabajo y fuera de la oficina y  los rumores que se habían difundido en las Antillas holandesas durante años acerca de cómo Tromp supuestamente se beneficiaba a sí mismo y a los miembros de su familia.

Sin embargo, las investigaciones de corrupción en el Banco Central de Curacao siempre han llegado a un callejón sin salida.

El Banco Central se defiende

De acuerdo al Dutch Caribbean Legal Portal, el Banco Central de Curacao y Sant Maarteen reaccionó a las afirmaciones de la fiscalía indicando que “…ésto injustamente sugiere acciones ilícitas”, y agregó que “la realidad es que la mayoría de las reuniones entre Deuss y FCIB tuvieron lugar en el Banco Central. Esporádicamente, como en el margen de reuniones internacionales de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, las consultas se llevaron a cabo en otros lugares, al igual que ha sucedido con otras instituciones”, subrayó el Banco Central.

Ello contradice declaraciones obtenidas de presidentes de instituciones financieras en Curazao que indican que Tromp, actuando como presidente del Banco Central de Curacao y San Maarteen, nunca les había recibido personalmente. Según los banqueros, Tromp únicamente se reunía con los directores que solicitaba incluir en las juntas de los bancos, y enviaba a gerentes de segundo nivel a las reuniones requeridas por los banqueros.

De igual forma, el Banco Central se defendió de las críticas a la calidad de la supervisión, indicando que “la fiscalía falla en su apreciación porque son los supervisores holandeses quienes deben supervisar las actividades bancarias que se desarrollan en Holanda”.

Es complicado entender la colaboración del Banco Central de Curacao con un banquero cuya fortuna tuvo como origen actividades ilícitas con el régimen racista de Sudáfrica. Más aún comprender cómo su institución financiera mantenía licencia en Curacao a pesar de las actividades ilícitas realizadas en Holanda denunciadas por las propias autoridades holandesas.

Ennia y Parma International

A finales de 2005, un importante grupo asegurador multinacional ejecuta un proceso de evaluación, y realiza una oferta para la compra de la totalidad de las acciones de ENNIA, pero de forma repentina Parma International realiza la compra al mismo precio sin haber realizado ninguna evaluación previa.

Durante esos días fue conocida un cena entre Emsley Tromp, el presidente y dueño del grupo asegurador multinacional, y una tercera persona que había introducido en Curazao al potencial inversionista. Al parecer, en dicha reunión Tromp informó que ellos no podrían comprar las acciones de ENNIA porque sería Parma International el comprador. Tromp recibió merecidos calificativos en la cena y su relación con dicho inversionista a partir de dicho momento fue distante.

Parma International no realizó aporte alguno en fondos nuevos, activos NO productivos fueron vendidos por sus empresas relacionadas a ENNIA obteniendo los fondos necesarios para realizar el pago de las acciones. Las acciones de ENNIA fueron adquiridas con su propia caja, justificando la salida de fondos con la incorporaron de activos de difícil venta a precios fuera de mercado.

Este tipo de operaciones serian recurrentes a partir de entonces por la gerencia, y esto sólo podría ser posible gracias a la complicidad de la autoridad supervisora que en este caso era el Banco Central de Curacao y San Maarteen.

El propietario de Parma International es Husbang Anzary (1942) un hombre de negocios de origen iraní residente en Estados Unidos, siendo esta adquisición su primera incursión en el sector financiero. El Banco Central prefirió a un comprador sin experiencia en el sector financiero para la adquisición de una de las principales empresas de seguros en Curazao, pudiendo haber incorporado como accionista a un grupo asegurador con presencia internacional.

Anzary  fue muy activo en el mercado de San Maarteen desde los años 80, de allí su íntima amistad con Emsley Tromp. Fue socio de Claude Watheycon quien estableció una Universidad en el año 1989, posteriormente Wathey fue acusado de corrupción, fraude, miembro de una organización criminal y fue condenado a encarcelamiento por perjurio.

Ennia y el Banco di Caribe

En el año 2006, las acciones de Banco di Caribe se encuentran en venta y la historia se repite: un grupo bancario internacional evalúa la adquisición de las acciones y contrata a una de las mayores firmas internacionales para realizar todo el proceso de evaluación contable, legal y financiero, proceso que era seguido de cerca por el presidente del Banco Central de Curacao y San Maarteen. Una vez que el grupo bancario internacional decide hacer una oferta, ENNIA adquiere sin ningún estudio previo las acciones de Banco Di Caribe por el mismo precio que la oferta anterior.

Es importante destacar que en aquella época Ersilia de Lannoy, allegada a Emsley Tromp, era ministra de Asuntos económicos, y ambos eran los únicos que podían hacer algo para que adquisiciones de este tipo pudiesen ocurrir. En los años siguientes quedaron claras las razones: a los pocos meses Emsley Tromp estrena un lujoso apartamento en Miami financiado desde Curazao y recibe como obsequio un Mercedes Benz último modelo, como reseña la prensa local.

En el transcurrir de los años, quedó ampliamente expuesta la serie de créditos otorgados por ENNIA/Banco di Caribe a empresas de Tromp sin ningún tipo de garantía, donde los directores eran personal o directores del BNA. Antiguos ejecutivos comentan que durante las revisiones periódicas que llevaba el Banco Central de Curacao y San Maarteen, los requerimientos de información sobre dichos créditos eran remitidos a Selwin Salesia (jefe de revisión del Banco Central y actual director del instituto), quien supuestamente cambiaba los requerimientos de información para complacer a su jefe inmediato.

Fue así como todo el equipo directivo profesional de las empresas fue renunciando en el tiempo y sustituido por personas vinculadas directamente a Tromp, como si la dirección de las empresas fuese su decisión. 

En julio del 2018, el Banco Central de Curacao y San Maarteen solicita una medida de emergencia, que le fue aprobada por un tribunal, para reestructurar ENNIA, considerando la erosión de activos y capital, responsabilidad de su propietario. Esta historia no ha finalizado aún pero su final parece predecible, según la experiencia hasta el momento.

GiroBank

En julio de 2010 un fondo americano adquiere, con la aprobación del Banco Central de Curacao y San Maarteen, la mayoría de acciones de un banco denominado Girobank N.V.

En diciembre de 2013, debido al inicio de una acusación de la fiscalía de Holanda por lavado de dinero (el banco posteriormente fue absuelto), y la quiebra de una línea área DAE, a la cual la institución había otorgado un financiamiento excesivo, el Banco Central de Curacao y San Maarteen solicita una medida de intervención a una corte en Curacao que la aprueba.

Nuevamente la gerencia es sustituida por personas cercanas al círculo íntimo de Tromp, manteniendo por unos meses a Eric Garcia en la gestión del banco.

A finales de 2018, Girobank inicia una demanda contra el accionista (un fondo americano) por 93 millones de dólares alegando que habían perpetrado un esquema de varios pasos para la compra de las acciones de Girobank con el objetivo de saquear los activos del banco para enriquecerse a sí mismos y a empresas relacionadas.

De acuerdo a la parte demandante, los acusados hicieron una serie de tergiversaciones y omisiones ante el Banco Central de Curacao y San Maarteen para obtener la aprobación de la compra de una participación mayoritaria del banco, y una vez que obtuvieron el control invirtieron en créditos de dudosa reputación relacionados con las actividades desarrolladas por los accionistas, sin valor de recuperación alguno.

Nuevamente la historia se repite con gran cantidad de incógnitas. El Banco Central de Curacao y San Maarteen indica que fue engañado para obtener la autorización para la adquisición de las acciones, pero resultó evidente que una cantidad equivalente a créditos por el monto de la demanda requería de una revisión exhaustiva y recurrente en el tiempo por parte de cualquier regulador. 

Han transcurrido nueve años desde la demanda y los últimos seis años GiroBank ha sido gestionado por el personal del Banco Central de Curacao y San Maarteen, apuntando a una supuesta relación de complicidad o sociedad entre el regulador y los demandados.

Las acusaciones contra Tromp

En mayo de 2011, Emsley Tromp fue acusado por el gabinete del primer ministro de aquel entonces, por actos de corrupción relacionados al otorgamiento a una mujer de su entorno íntimo de créditos sin ninguna garantía a través de bancos privados.

De igual forma fue acusado por haber aprobado créditos a la empresa de puertos de San Maarteen y de energía eléctrica en Curacao sin haber obtenido la aprobación de la junta de supervisión, y actuando como si de un banco comercial se tratara. 

El congreso aprobó una moción para iniciar un proceso de auditoría contra Tromp. Sin embargo, la conclusión del informe fue que “la integridad de personas públicas y el funcionamiento de importantes instituciones del gobierno se han visto comprometidas”, por lo que el comité de investigación no permitió al Primer ministro realizar ninguna acusación y no publicó tampoco ningún comunicado sobre las alegaciones de corrupción contra Tromp.

Años después, un artículo del Fondo Monetario Internacional manifestaba que el otorgamiento de créditos por parte del Banco Central de Curacao a empresas había sido ilegal porque este únicamente podía manejar la política monetaria y  financiar bancos cuando fuese requerido y no a empresas privadas.

 A principios de 2016, el Ministerio Público inició una investigación sobre las finanzas personales de Emsley Tromp, analizando la adquisición de un millonario apartamento en Miami y un posible caso de evasión fiscal, siendo suspendido de su actividad como presidente del Banco Central. Sin embargo, en el caso de evasión fiscal, el juez manifestó la falta de cuidado en las declaraciones fiscales de Tromp, y consideró que “no fueron realizadas de forma incorrecta de manera deliberada”.

De acuerdo a fuentes cercanas al caso, Emsley Tromp contaba con un equipo de investigación para su uso exclusivo. Encontrar información para abrir expedientes secretos que perjudicaran a sus potenciales adversarios era la única prioridad. Establecía listas negativas que afectaban a todo aquel que no fuese de su entorno.

Nuevos aires

 Todavía siguen apareciendo situaciones relacionadas a estas malas prácticas. La más reciente tiene que ver con el proceso de aprobación de una candidata a ministra de Economía y la filtración pública desde el Banco Central de Curacao de información negativa por su gestión en un banco intervenido.

La candidata en cuestión no ocupaba un cargo de dirección o con poder de decisión en dicha institución, y no fue notificada de ningún procedimiento administrativo o de investigación en su contra, a tal punto que se entera cuando la información está en los medios. Sorprende que dos ex directores del mismo banco, relacionados con Emsley Tromp, con capacidad y responsabilidad en la toma de decisiones en aquel entonces, a la fecha mantienen cargos de dirección en otras instituciones financieras en Curacao. La continuidad de ejecutivos del entorno Tromp en posiciones de poder dentro de la institución, será sin duda un escollo.

Sin embargo, parecen soplar nuevos aires en la isla caribeña. Varios funcionarios del Banco Central han sido demandados penalmente por este caso, y un equipo de inteligencia, a solicitud de la fiscalía, fue trasladado desde Aruba para evitar cualquier “contaminación” local en la investigación.

El reciente nombramiento de un nuevo presidente del Banco Central de Curacao y San Maarteen, que no tiene ninguna relación con la administración anterior, podría traer cambios importantes.

Se conoció este lunes que la nueva administración anunció la próxima expulsión de veinte altos funcionarios del Banco Central. De ser así, se estaría desmantelando un grupo de poder enquistado en el más alto ente regulador de Curacao durante veintiocho años.

Banco del Orinoco: ¿Quiebra o fraude?

El caso del Banco del Orinoco: ¿Estamos ante una quiebra por malas decisiones de su dueño Víctor Vargas o se trata de un fraude tipo Ponzi? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Banco Central de Curazao? Son algunas de las preguntas que surgen en torno a las últimas acciones tomadas por autoridades financieras de varios países contra el Grupo BOD.

Cuando el Banco Central de Curazao intervino el Banco del Orinoco NV, propiedad del Grupo Financiero BOD, cuyo accionista mayoritario es el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, se confirmaba lo que algunos venían advirtiendo con mucha anticipación: la quiebra de una institución que se había expandido con una estrategia de negocios insostenible, basada en el aprovechamiento del diferencial cambiario y en inversiones de alto riesgo.

TOMAN MEDIDAS CONTRA EL BANCO DEL ORINOCO NV DE VÍCTOR VARGAS IRAUSQUÍN EN CURAZAO

Aunque una intervención tardía, la esperanza de los depositantes era que esa medida pudiera preservar algo del valor de los activos.

Sin embargo, la carta del 27 de septiembre, donde las autoridades del banco reconocen que los activos del banco no alcanzan ni siquiera para pagar la quincena de los trabajadores que, por cierto, no llegan ni a 30 personas, no solo confirma la peor de las sospechas sobre la gestión del banco, sino que también pone en evidencia un grave fallo en la regulación bancaria de la isla, lo cual debería prender las alarmas de las otras autoridades de la región.

Dinero ajeno

El negocio bancario se caracteriza por un alto nivel de apalancamiento. Mientras una empresa, en cualquier otro sector, se apalanca 3 o 4 veces sobre su capital, un banco puede hacerlo hasta 20 veces sobre su patrimonio.

Por definición, la bancaria es una actividad donde se trabaja con dinero prestado y es por ello que debe ser fuertemente regulada. Es responsabilidad del regulador, velar por la calidad de los activos; las reservas en efectivo, por lo general mantenidas en sitio seguro; que las inversiones y préstamos sean sostenibles y, por supuesto, que la institución posea un capital mínimo que permita absorber cualquier fluctuación razonable en el valor de esos activos.

VÍCTOR VARGAS, EL BANQUERO ROJO: UN HUECO HISTÓRICO

La supervisión bancaria debe cuidar por el mantenimiento de ese nivel de capital mínimo. La mayoría de las regulaciones establecen como causal de intervención tener un capital por debajo de ese nivel. Es por ello que resulta sorprendente, cuando las autoridades regulatorias de Curazao, en comunicación privada a los trabajadores del Banco del Orinoco, reconocen que: “… hay insuficientes fondos para satisfacer los acreedores del BDO o pagar los salarios u otros beneficios a los empleados”. 

Esto significa que el banco no sólo perdió su patrimonio, sino también una parte sustancial de sus activos, al punto que ni siquiera tiene para pagar un quincena de sus trabajadores. Se trata de un cándido reconocimiento que evidencia el fracaso estrepitoso de los reguladores bancarios de Curazao.

Complicidad o negligencia

La calidad de la supervisión bancaria en Curazao, como en la mayoría de los centros offshore, siempre ha estado cuestionada. El mas reciente escándalo fue la remoción del presidente del Banco Central, quien ejerció la presidencia desde 1991. Contra él se alega desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero. Emsley Tromp es el mismo personaje que ahora aparece asesorando a Víctor Vargas en la intervención del Banco del Orinoco.

Emsley Tromp, el cuestionado ex presidente del Banco Central de Curazao, ahora asesor de Víctor Vargas. Foto cortesía NoticiasCurazao

En septiembre de 2017, el ministerio de Finanzas, como accionista principal del Banco Central, toma la decisión de mover a Tromp y desde entonces el Banco Central tiene nuevas autoridades que son tuteladas desde Holanda.

En el caso del Banco del Orinoco, no cabe duda que la responsabilidad recae sobre las antiguas autoridades quienes, como en la mayoría de los casos, o pecan por negligencia o entran en contubernio con los dueños del banco a cambio de no pocas prebendas.

La actividad offshore

Un banco offshore básicamente es una actividad bancaria que funciona como un enclave. Por lo general, ni sus pasivos ni sus activos tiene mucha vinculación con la actividad local. No reciben depósitos, ni invierten ni prestan a residentes.

Para la regulación bancaria, el problema básico de la banca offshore es que cae en una zona gris, una especie de vacío regulatorio, que se presta para todo tipo de prácticas de contabilidad creativa, las cuales en muchos casos constituyen tierra fértil para fraudes bancarios.

PANAMÁ | CAE OTRO BANCO DE VÍCTOR VARGAS Y LUIS ALFONSO DE BORBÓN, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO

Son varias las dificultades de regulación de la actividad offshore. Una muy importante se basa en el hecho que las autoridades regulatorias pocas veces ven la película completa de los balances consolidados, de tal manera que los grupos financieros colocan en sus filiales offshore, activos que no pueden tener en los balances en sus países de origen.

Ocurre también que en la misma medida que la actividad offshore no tiene mayor impacto en la economía local, la autoridad regulatoria no tiene los incentivos necesarios para ejercer de forma eficiente sus funciones, ni tampoco nadie que le reclame cuando se produce un fallo. 

En muchos casos ocurre que la autoridad regulatoria es incompetente, en otros, la negligencia se trastorna en complicidad. Muchos ejemplos ilustran uno y otro caso. Bernard Madoff, que montó un esquema de fraude financiero de 40 mi millones de dólares, puede citarse como un caso en que la autoridad – U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) que supervisa el mercado de valores de Estados Unidos, actuó de forma negligente.

Stanford Bank tenía dos mil quinientos millones de dólares de depositantes venezolanos. Su propietario Allen Stanford cumple una condena de 110 años en EEUU donde se le acusó de defraudar 7.000 millones de dólares. Foto cortesía de AP

Allen Stanford, quien montó un esquema de 7.000 millones de dólares, contó con la complicidad abierta del organismo de regulación bancaria de Antigua, al punto que el presidente de la comisión regulatoria tiene aun pendiente un pedido de extradición para Estados Unidos.

¿Dónde cae el caso del Banco del Orinoco? ¿Es un fraude o es una simple quiebra bancaria? ¿Son negligentes o cómplices las autoridades de supervisión de Curazao? 

Fraude no es sinónimo de quiebra

En presencia de una autoridad regulatoria incompetente o cómplice, el fraude bancario funciona de una forma muy parecida a lo que se conoce como un esquema de Ponzi.

Carlo Ponzi fue un estafador italiano que se hizo famoso en los años 20, creando un esquema donde captaba inversionistas prometiéndoles rendimientos fabulosos, pero la estafa consistía en que pagaba a esos inversionistas con los fondos obtenidos de los nuevos que se incorporaban a la cola. Es una especie de pirámide que solo funciona en la medida que se captan nuevos incautos. De ser cierta la situación que describen las autoridades curazoleñas, pudiéramos estar en presencia de un caso de fraude bancario que sucedió en las propias narices de sus autoridades regulatorias.

Carlo Ponzi, el estafador italiano, creador del fraude piramidal que lleva su nombre. Foto cortesía BBC

Un fraude no es sinónimo de una quiebra bancaria. Un banco puede quebrar por diferentes razones: malas decisiones de inversión, un entorno macroeconómico adverso, des-alineación de costos e ingresos, etc., pero un fraude es una acción deliberada, muy similar a la que popularizó Ponzi en el siglo pasado. 

Hay que advertir que desde afuera no es posible precisar con certeza lo que sucedió y son las autoridades de Curazao a las que les corresponde establecer las responsabilidades.

Fraudes sofisticados

Los fraudes modernos no son tan burdos como los del estafador italiano, pero comparten algunos de los atributos.

Los depositantes del Banco del Orinoco, así como los del banco del mismo grupo en antigua, el BOI corporation, eran atraídos porque se les ofrecían altos rendimientos. Algunos en la cola, como en el esquema Ponzi, cobraban esos rendimientos, y eso era lo que permitía atraer nuevos depositantes. En este caso, esos fondos eran en principio invertidos en activos de alto riesgo, como bonos de deuda soberana y Pdvsa, mientras estos pagaban sus cupones, parte de esos recursos iban a pagar intereses a los depositantes, otra a los bolsillos de los accionistas en forma de dividendos y gastos que eran recostados a la estructura del banco.

Cuando se produce el default de esos papeles y el flujo de ingresos se paraliza, ya no es posible pagarle a los inversionistas en cola, pero esos papeles están en el activo, todavía registrados a valor facial bajo algún vacío generado por la contabilidad creativa.

EL BANCO DEL ORINOCO SE EXPANDIÓ CON UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INSOSTENIBLE, BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO Y EN INVERSIONES DE ALTO RIESGO.

Ese es el momento de las excusas: Que si los corresponsales,… que si hay que actualizar la planilla de las transferencias, …que si el regulador requiere de una nueva información, y pare Usted de contar. A ese esquema han estado sometidos los depositantes de esas instituciones desde finales de 2017, cuando con la moratoria venezolana  desapareció el flujo de ingresos.

¿En qué puede consistir el fraude? En que deliberadamente se montó un esquema apalancado en los recursos de los depositantes para invertir en activos de alto riesgo que permitió enriquecer al banquero y luego dejar el cascarón vacío, tal como reconocen las autoridades en Curazao.

“La gente escribe historias sobre mí diciendo que tengo una Ferrari, un avión y un yate, pero no es verdad. Tengo tres aviones, dos yates y seis casas. ¡He sido rico toda mi vida!”, confesó el propietario del Banco Occidental de Descuento durante una entrevista concedida a ‘The Wall Street Journal’. Foto cortesía El Confidencial

Por supuesto no se puede exonerar del todo a los depositantes, siempre es posible practicar el juego de condenar también a las victimas. Los depositantes de esos bancos han debido sospechar de esos altos rendimientos, pero sin duda alguna, hay una enorme responsabilidad de la autoridad regulatoria.

Hasta ahora de las cinco jurisdicciones regulatorias donde se desenvuelve el grupo financiero BOD, cuatro de ellas han reaccionado para proteger a los depositantes. Sólo República Dominicana ha permanecido impasible. No es un simple estafador que ofrece una pócima milagrosa parado en una esquina, se trata de una institución bancaria que tiene una licencia otorgada en un centro financiero reconocido.

De acuerdo a experiencias pasadas y al esquema reflejado en la carta de las autoridades de supervisión de Curazao a los empleados del Banco del Orinoco, probablemente estamos en presencia de un esquema de fraude bancario que va a ocupar un lugar destacado en la historia de estos episodios.

La desastrosa gestión del Banco del Orinoco en Curazao

El Banco Central de Curazao (CBSC), intervino en el Banco del Orinoco, del venezolano Víctor Vargas Irausquín, con la aplicación de una regulación de emergencia: Las cifras no son confiables, no hay posibilidad de pagarles dinero a los titulares de cuentas de esa entidad, y se habla de fraude y engaño, así lo reseña el diario antillano Antilliaans Dagblad, cuya nota y título reproducimos textualmente.

LEA TAMBIÉN: Dictan medida de prohibición de salida del país y congelamiento de cuentas contra el banquero Víctor Vargas

En un comunicado de prensa, el Banco Central lo expresó “amablemente”: “El Banco Central de Curazao y Sint Maarten se han visto obligados, debido a deficiencias en el Banco del Orinoco NV, a pedirle al Tribunal de Primera Instancia de Curazao que aplique el acuerdo de Emergencia con respecto al Banco del Orinoco, esta solicitud se hizo en interés de los depositantes y otros acreedores del BDO”.

Comunicado de prensa

De acuerdo al CBSC, el BDO “ha estado funcionando mal durante algún tiempo”. “Ha habido una grave violación de las regulaciones contra el lavado de dinero y antiterrorismo, no ha llevado a cabo sus operaciones comerciales de manera adecuada, no ha estado siguiendo las instrucciones del CBSC y lo está engañando sobre su posición financiera utilizando falsificaciones de documentos“.

Esto no sólo es una razón más que suficiente para el retiro de la licencia bancaria (que ocurrió el 2 de septiembre), sino que también implica serias dudas respecto a la posición y solvencia del BDO. El riesgo de que el banco no pueda cumplir con sus obligaciones para con los titulares de cuentas ya se ha materializado: “Hay una gran cantidad de quejas sobre el incumplimiento de las instrucciones de pago por parte de la entidad. Además, BDO sólo tiene un banco corresponsal, por lo que los usuarios pueden estar siendo engañados”.

Se puede observar que la situación es grave a partir de esta declaración de los supervisores: “La decisión sobre la regulación de emergencia significa que el Banco del Orinoco no puede ser obligado a pagar sus deudas. Las ejecuciones iniciadas se suspenden y las incautaciones adjuntas caducan”.

Víctor Vargas, el banquero rojo: Un hueco histórico

El 10 de septiembre la autoridad de supervisión bancaria venezolana, decidió una medida de intervención administrativa contra el Banco Occidental de Descuento. Aunque Víctor Vargas, conocido como el banquero rojo por sus nexos con el régimen chavista, sostiene que se trata de una medida rutinaria y no de una intervención, las medidas en Venezuela agregan mas combustible a una situación que pareciera cada día mas grave. 

Venezuela | Superintendencia de bancos interviene al BOD

La resolución de la superintendencia venezolana afirma que se trata de “…imponer medidas administrativas de intervención del Estado…”. A favor de Vargas habría que decir que la ley bancaria en Venezuela reconoce claramente entre medidas administrativas, a tomar cuando, por ejemplo, se presume que el banco tiene problemas de liquidez o solvencia (Artículo 81 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario) y medidas de intervención, que se producen cuando un banco incumple sus obligaciones, sale de forma recurrente de la compensación bancaria o al momento que el banco pierde el 50% de su capital. 

Esa modalidad de intervención, que esta normada en el Capítulo III de la Ley, está claramente diferenciada de las medidas administrativas. Esa diferencia entre medidas administrativas, donde los actuales accionistas conservan su poder de decisión, y medidas de intervención, en que la autoridad regulatoria asume la dirección, es usual en material de legislación bancaria.

 La confusión, que algunos interpretan comoun auto gol de la superintendencia, se genera por la misma resolución del 10 de septiembre que habla de medidas administrativas de intervención, términos que no están contemplados en la ley. Eso motivó que el 13 de septiembre se publicara otra resolución, estableciendo que no se trataba de una intervención sino de medidas administrativas. 

¿Un salvavidas de última hora?

Esa aclaratoria se producía en respuesta a problemas que ya eran muy evidentes para el mismo viernes pasado. El temor entre los depositantes se había  manifestado desde la mañana del miércoles y el jueves Visa, tal como reportaba el periodista Casto Ocando, le había dirigido una comunicación al BOD notificando que, bajo régimen de intervención, las sanciones de la Office Foreign Asset Control (OFAC) contra Venezuela, impedían continuar dando servicios al banco, con lo cual se procedía a bloquear el acceso de autorización a las tarjetas de crédito y débito. 

El auto gol es suficiente para desatar una corrida, aunque también puede tratarse de un salvavidas para contener un problema mayor. Lo cierto es con l”as medidas administrativas de intervención”, la primera tarea de los funcionarios de SUDEBAN, ya in situ, es determinar las dimensiones del problema. 

¿Es un asunto contagioso?

Es conocido que en materia bancaria, los problemas de liquidez y solvencia se diferencian solo de forma muy tenue.

Ningún banco, por sólido que sea, puede aguantar una corrida de sus depositantes, entre otras cosas porque liquidar los activos de manera apresurada, bien se trate de cartera de crédito o inversiones en títulos, para no hablar de activos fijos, puede ocasionar una importante pérdida de valor.  

El supuesto de las “medidas administrativas de intervención” aludido por SUDEBAN es que las medidas adoptadas en Curazao contra Banco del Orinoco y en Panamá contra Allbank, ambas pertenecientes al grupo financiero BOD, pueden tener un impacto significativo en la institución venezolana. 

Vargas ha sido muy hábil en colocar al grupo financiero en un frontera gris en materia de supervisión. El BOD no es el grupo financiero, aunque todas las decisiones bancarias se toman en la misma oficina. Un problema básico es que aun cuando se trata del mismo accionista, la superintendencia venezolana no tiene forma de ver los balances consolidados. 

Para entender el impacto, hay que ponerle números a las instituciones involucradas. Todas ellas pertenecen al mismo accionista, comparten un equipo de dirección, pero se interrelacionan entre ellas a través de una compleja estructura.

El BOD, de acuerdo a las cifras de cierre de 2018, posee cerca del 19% del patrimonio del Banco del Orinoco NV, institución incorporada en la fusión con CorpBanca. Vargas, a través de participación propia y de su vehículo Cartera de Inversiones Venezolanas, es dueño de un bloque mayoritario que permite el control de ambas instituciones.

Además hay relaciones por todos lados de la hoja de balance. Hay garantías cruzadas entre préstamos y depósitos, custodios comunes pertenecientes al mismo grupo financiero, además de productos estructurados que hacen aun más complejo el asunto. 

En términos de tamaño, utilizando la tasa de cambio implícita en los balances auditados en 2018, el Banco del Orinoco tenía activos por el orden de casi 1.200 millones de dólares, con un patrimonio de 332 millones. 

La institución de Panamá, Allbank, es de mucho menor tamaño, con apenas 227 millones de dólares en activos. Las otras dos instituciones bancarias pertenecientes al grupo, Boibank, el banco con sede en Antigua, tiene más o menos 1.900 millones y Bancamérica, en República Dominicana, alrededor de 100 millones en activos. 

Sin duda, esas cifras reflejan la tragedia de la economía venezolana, en la que el negocio bancario se ha reducido aun más que la economía.

Para colocar las cosas en perspectiva, el balance del BOD, evaluado a la misma tasa implícita en los balances auditados, tenía activos de 300 millones, con un patrimonio de 127 millones. Es decir, el 19% de participación en el Banco del Orinoco, registrado en el balance del BCV, si se castigase de forma adecuada, prácticamente se llevaría el 50% del patrimonio de la institución en Venezuela. Razones de sobra tienen la autoridades venezolanas para preocuparse. De acuerdo a la ley, la pérdida del 50% del patrimonio es precisamente un claro causal de intervención.

La intervención en Curazao

La medida de intervención en Curazao se tomó el 6 de septiembre, con una resolución del banco central que en la práctica cierra la institución congelando activos y pasivos.

La desastrosa gestión del Banco del Orinoco en Curazao

 La respuesta de Víctor Vargas es que el 3 de septiembre, tres días antes, ya la asamblea de accionistas del banco había decidido liquidar la institución y que, por lo tanto, la medida era extemporánea.

En el negocio bancario no existe tal cosa como decidir liquidar un banco y proceder a la liquidación. Para hacerlo se necesita autorización previa del ente regulatorio y, por supuesto, la presentación de un plan factible de ejecución. 

Contrario a otras legislaciones, donde la superintendencia tiene plena autonomía para actuar, en Curazao un medida de intervención requiere de la aprobación de un juez. El banco central la había solicitado el 5 de septiembre y el juez la concedió el día siguiente, cuando finalmente se hace de conocimiento público.

 No existe, como afirma Vargas, una controversia por quién liquida al banco. La explicación de Vargas pareciera ser un mal consejo de sus abogados. Los mismos del ex presidente del Banco Central de Curacao, despedido de la institución por presunción de manejos turbios, quien ahora aparece al lado del banquero venezolano, que seguramente le dio el pitazo de la medida. Las autoridades del ente regulador en Curazao tenían fundadas sospechas de que algo no andaba bien.

¿Cuál es el tamaño del hueco?

A cierre de 2018, el Banco del Orinoco tenía activos por el orden de los 1.200 millones de dólares. Con una cartera de inversiones que representaba cerca del 90% de ese monto. ¿Qué hay detrás de esas inversiones? Principalmente, activos que en su momento generaban altos rendimientos especulativos, que permitieron repartir altos rendimientos a los dueños del banco, pero que en 2018 implicaron una pérdida de casi 30% del patrimonio de la institución. La típica historia de las quiebras bancarias.

Víctor Vargas: el banquero que cruzó la línea roja de operador político del chavismo

No es casual, mas bien público y notorio, el peregrinar de depositantes del Banco del Orinoco tratando de sacar sus fondos.  La excusa, en parte válida, el problema de los bancos corresponsales. Pero esa práctica de negar a los depositantes el retiro de sus fondos es una alerta roja para cualquier ente regulatorio.

Acostumbrado a jugar ping pong con la superintendencia venezolana, las autoridades del banco no le colocaron la atención debida, o lo que suele ocurrir en esas situaciones, siempre se apuesta a que vengan tiempos mejores.

El largo historial

Cualquiera que se tome el trabajo de leer los estados auditados del Banco Occidental de Descuento, un placer que tienen muy pocos acostumbrado a indagar en los balances bancarios, llega a la conclusión de la enorme debilidad del aparato de supervisión bancario en Venezuela. 

Se trata de una larga colección de circulares de la superintendencia para corregir algunos asuntos y un numero igual de respuestas del BOD que permiten atrasar o evitar la toma de correctivos. 

Fuentes consultadas, expertos en materia de supervisión, señalaron que es poco frecuente la cantidad de idas y venidas de circulares entre el banco y la superintendencia, por lo general el ente regulatorio ordena y la institución cumple. 

El historial es largo. En 2008, Víctor Vargas entrega a Emilio Botín en representación del Grupo Santander, 150 millones de dólares en arras para adquirir el Banco de Venezuela, operación fondeada con recursos de los depositantes del BOD.

Para 2012 era evidente que Vargas había perdido esos recursos y la superintendencia le pide hacer un provisión por el 30% del monto sustraído al banco.

El ping pong de circulares y respuestas término beneficiando a Vargas, como en tantas otras ocasiones, mientras el banquero tenía vara alta en las esferas del régimen. La provisión debía hacerse en el mismo monto de la moneda en que se hizo la operación, o en su defecto, en base a una actualización monetaria que implicase un valor equivalente, pero la decisión final favoreció al banquero venezolano.  La provisión se hizo como si nada hubiese pasado con el tipo de cambio y a los mismos bolívares de 2008. Posteriormente, hubo una disputa similar por el resto de la provisión y ésta no se realizó sino hasta diciembre de 2015, siete años después, al mismo tipo de cambio original. El resultado final del juego de ping pong: Punto para Vargas, cero para la superintendencia, -130 millones de dólares para los depositantes.

El solo castigo de la operación del Banco del Orinoco en los balances del BOD, implicaría la pérdida del 50% del capital del banco. Pero eso no es todo. De acuerdo a las notas de los auditores externos, el balance contiene títulos de deuda venezolana y de Pdvsa registradas a su valor facial. El ajuste por la diferencia entre el precio de registro y el precio de mercado, colocaría al banco con un patrimonio negativo, con lo cual la SUDEBAN debería pedir a los accionistas una re-capitalización inmediata. 

Una trama de relaciones peligrosas

El grupo esta montando bajo una estructura de relaciones que estarían prohibidas en cualquier otra jurisdicción. 

El banco en Antigua es el principal custodio de la otras instituciones. El tema de los custodios es complicado por cuanto suele ocurrir que esas instituciones, que funcionan como custodios de custodios, cuando se produce la caída de una institución no es muy fácil diferenciar el patrimonio de la institución del de terceros.

 El riesgo aumenta de manera exponencial cuando el custodio pertenece al mismo grupo. El Banco del Orinoco funciona por ejemplo como custodio de activos de Allbank, pero a su vez el custodio del Banco del Orinoco es Boibank, quien a su vez tiene sus recursos en otro banco. Es por ello que las verdaderas dimensiones del problema de una institución bancaria no se conocen sino hasta cuando los interventores toman posesión del banco. 

De acuerdo con lo que dijo el mismo Vargas en rueda de prensa, hay depósitos en Banco del Orinoco que sirven de garantía de créditos otorgados por el banco en Venezuela. También hay colocaciones de una institución en la otra que abre otras fuentes de riesgo. 

El mismo tema de los custodios ha sido terreno de controversias entre el BOD y la superintendencia venezolana. Desde 2012, SUDEBAN le ha venido exigiendo al banco que cambie la custodia para el Banco Central de Venezuela. Ese requerimiento está presente, de manera recurrente, en una nota de los auditores externos desde esa fecha hasta el presente. Excusas van y vienen, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, Boibank sigue ejerciendo la custodia de los títulos del banco. 

El riesgo del grupo aumenta porque esa trama de relaciones, en que una dificultad en una de las instituciones se trasmite hacia la otras, se convierte en un efecto dominó. Eso disparó las alarmas ya en tres jurisdicciones y probablemente lo termine de hacer en las dos restantes. 

Antigua es una isla pequeña donde Alan Stanford, uno de esos personajes modernos en el Top Ten en la historia de las pirámides bancarias, era recibido por el primer ministro cada vez que llegaba en su avión privado. La gran debilidad de la estructura de supervisión bancaria, tiene mucho que ver con la imbricación entre políticos y autoridades de supervisión.

Vargas disfrutó por mucho tiempo de protección y a veces también corrió con suerte, ¿conservará esas habilidades para escapar una vez más del agujero en sus cuentas rojas?  Historia por verse.

Venezuela | Superintendencia de bancos interviene al BOD

La Superintendencia de Bancos de Venezuela intervino hoy al Banco Occidental de Descuento del grupo BOD de Víctor Vargas Irausquín

Lea el texto completo de la Resolución AQUI

La medida, que se publicó en la Gaceta Oficial No. 41714, se toma luego de que las autoridades supervisoras de Curacao y Panamá hicieran lo propio con  Banco del Orinoco NV y AllBank Corp respectivamente.

Lea la Gaeta Oficial No. 41714 AQUÍ

Los argumentos para las intervenciones realizadas en el extranjero coinciden en una “fuerte debilidad en la cartera de préstamos” y “una frágil gestión de gobierno corporativo”. Acusaciones más delicadas apuntan a “una grave violación de las regulaciones contra el lavado de dinero y antiterrorismo”, así como a no realizar las operaciones comerciales de manera adecuada, ni seguir las instrucciones de los supervisores y, mas grave aún, “engañar sobre su posición financiera utilizando falsificaciones de documentos.”

El Grupo BOD posee numerosas estructuras financieras: En mercado de capitales B.O.D. Valores Casa de Bolsa (Venezuela), Corp Casa de Bolsa (Venezuela), Plus Capital Market (Panamá), Plus Capital Market (República Dominicana), B.O.D. Fondos Mutuales (Venezuela) y Element Capital (Venezuela-Panamá).

Fuera de Venezuela, Víctor Vargas es el propietario de Plus Capital Market y National Leasing, en Panamá; BOI Bank en las islas de Antigua y Barbuda; y Bancamérica y Pme-factoring RD en República Dominicana, entre otras.

Fuente: Sudeban

Maduro contra la libertad de expresión: El blackout informativo de Venezuela

El Simposio de Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, es el evento más prestigioso de su especie. Durante la primera semana de Septiembre celebró la edición número 37. Como es costumbre, participaron mas de dos mil expertos y autoridades de sesenta países. Las intervenciones se enfocaron este año en la responsabilidad compartida que implica enfrentar los delitos económicos y financieros.

El papel de los medios, la responsabilidad y el riesgo fue abordado por periodistas de varios países, entre ellos, Chris Blackhurst, Michael Ricks, Richard Brooks y Daniela Bowker de Reino Unido; Irene Madongo de Zimbabwe; Atanas Tchobanov de Bulgaria; Anthony Cromier de EEUU y la editora de Cuentas Claras Digital Margarita Woyciechowsky de Tablante por Venezuela, cuya intervención transcribimos a continuación.

El periodismo de investigación en Venezuela: Riesgos y responsabilidad

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó recientemente un rotundo informe denunciando la grave crisis humanitaria y la permanente violación de los derechos humanos en Venezuela.

Después de 20 años de chavismo, la economía de Venezuela está en ruinas, la hiperinflación está fuera de control y el poder adquisitivo de los salarios se ha derrumbado .

Todo comenzó mucho antes de que Estados Unidos y Europa impusieran sanciones a algunos miembros del régimen de Nicolás Maduro por corrupción y tráfico de drogas y, más recientemente, también a Petróleos de Venezuela.

En los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, era evidente que un modelo económico fallido y una gran corrupción habían dañado profundamente al país.

Según Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina.

Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2019

Por su parte, el nuevo Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (Índice CCC) del Consejo de las Américas también colocó a Venezuela en la última posición en América del Sur. Este nuevo índice evalúa la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.

Investigadores venezolanos estiman el saqueo del país en más de trescientos cincuenta mil millones de dólares desde 2003 cuando Hugo Chávez estableció el control de cambio, considerado el origen de la mega trama de corrupción que arruinó a uno de los países más ricos del mundo.

Canal de Youtube de CCD

La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está compuesta por funcionarios y militares de alto rango y sus cómplices en el sector privado: tanto empresarios como operadores financieros y banqueros.

Venezuela, un país arruinado por la corrupción y las políticas equivocadas.

Los venezolanos sufren escasez de alimentos y medicinas. Casi el 15 por ciento de su población ha emigrado, creando serios problemas sociales y económicos a las naciones vecinas.

El salario mínimo es de 3 dólares estadounidenses, dinero con el que no se puede comprar ni siquiera un pollo completo.

Hiperinflación en Venezuela. Foto Reuters

Una familia requiere aproximadamente 41 salarios mínimos para adquirir la comida de un mes. Una parte de la población apenas subsiste con un programa oficial que vende una caja con algunos alimentos básicos subsidiados, todos importados, incluso la caja.

Este programa de alimentos se llama Clap y es utilizado por el partido político de Maduro como arma de control social en áreas populares. No es accesible para quienes se atreven a criticar al régimen.

Las investigaciones sobre la gran corrupción del régimen y empresarios cercanos a Maduro han ocasionado demandas civiles y penales y han llevado al exilio a periodistas y directivos de varios medios como ArmandoInfo, La Patilla, El Nacional, Tal Cual Digital y nosotros mismos, Cuentas Claras Digital.

Miembros de la milicia que transportan cajas del programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) participan en el desfile militar para celebrar el 208 aniversario de la declaración de independencia de Venezuela en Caracas, Venezuela, 5 de julio de 2019. Vía Reuters.

En 2016, publicamos una investigación sobre el general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación y responsable de CASA, según la cual sus cuñados recibieron 6 millones de dólares de uno de los mayores proveedores del Ministerio de alimentación.

CUÑADOS DE CARLOS OSORIO RECIBIERON MAS DE $6 MILLONES POR IMPORTACIÓN DE CARNE PARA CASA

La evidencia muestra que el dinero fue transferido a las cuentas de los familiares del general en un banco en Suiza.

El general Carlos Osorio nunca respondió a las preguntas de los periodistas ni las del parlamento venezolano (la única institución aún no controlada por el régimen), que verificó nuestra investigación y sancionó políticamente al ministro.

La respuesta de Maduro fue colocar a este ministro al frente de la agencia que ahora controla toda la producción minera del país, especialmente el oro y el coltán.

Esta es solo una muestra de los cientos de casos de corrupción entre los que destaca el caso Odebrecht.

La inmensa y poderosa red de corrupción de la constructora brasileña causó un verdadero terremoto político en América Latina.

Varios ex presidentes de Perú están en la cárcel y uno se suicidó. Hay varias investigaciones abiertas en otras jurisdicciones, excepto en Venezuela, a pesar de ser uno de los países donde Odebrecht pagó más sobornos. La compañía brasileña incluso admitió haber entregado 35 millones de dólares a Maduro para su campaña presidencial.

CONFIRMADO: ODEBRECHT DIO 35 MILLONES DE DÓLARES A NICOLÁS MADURO PARA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Sin embargo, pocas personas en Venezuela saben algo sobre el caso Odebrecht. Los medios, en su mayoría controlados o amenazados por el régimen, no publican noticias sobre corrupción.

Venezuela es el número 148 en el ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras

Informe de Reporteros sin Fronteras. Gráfico RSF

Hugo Chávez intentó imponer una hegemonía comunicacional desde el principio.

Comenzó retirando la publicidad oficial de todos los medios críticos. Luego negó la renovación de las licencias de las estaciones de radio y televisión y dificultó la importación de papel para los periódicos.

Treinta y cinco medios escritos han dejado de circular y los pocos que quedan han reducido su producción al mínimo.

El sistema judicial también se ha utilizado para controlar la prensa. Algunos medios han tenido que pagar multas millonarias impuestas por jueces afectos a régimen. Otros fueron comprados por empresarios cercanos a Maduro.

CAMBRIDGE 2013 | PRESIÓN OFICIAL DEBILITA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE DELITOS ECONÓMICOS EN VENEZUELA

Nosotros, en Cuentas Claras Digital, continuamos publicando información sobre el régimen corrupto de Maduro, como otros medios en el exilio, sin embargo, los lectores en Venezuela a menudo no pueden acceder a nuestras páginas.

El régimen bloquea las direcciones IP u ordena ataques de denegación de servicio (DoS), como es el caso de El Pitazo y CCD, entre otros. A veces, esto ni siquiera es necesario. Los apagones periódicos, debido principalmente a la corrupción, y las malas condiciones de navegación en Internet, ayudan indirectamente a la censura oficial.

Entonces, evidentemente, hay muchas razones en Venezuela para que los periodistas de investigación hagan su trabajo, pero deben enfrentar varios obstáculos:

1.- Condiciones laborales precarias: un periodista en Caracas gana dos salarios mínimos, es decir, seis dólares estadounidenses al mes. Sin embargo, la mayoría de los periodistas, como muchos otros profesionales, obtienen algún tipo de compensación salarial en dólares de sus empleadores

2.- Menos oportunidades de trabajo, ya que sobreviven menos de una docena de medios independientes

3.- Poco o ningún acceso a equipos tecnológicos actualizados

4.- Apagones permanentes que dificultan la vida diaria y la productividad.

5.- Y por último pero no menos importante, la censura. Es casi imposible verificar los datos públicos. La mayoría de los sitios web oficiales muestran información desactualizada o ninguna. Los medios independientes no pueden acceder a las oficinas públicas o asistir a conferencias de prensa oficiales y ningún funcionario público responde a sus preguntas. Finalmente, la autocensura. La mayoría de los medios independientes que aún sobreviven en Venezuela se esfuerzan por evitar sanciones y persecuciones.

Actualmente hay 1.600 investigaciones sobre la libertad de expresión contra medios de comunicación, editoriales, periodistas y también contra líderes políticos y sociales. Una investigación sobre corrupción, un simple tuit disidente o una publicación crítica en Facebook, puede llevar a la cárcel a su autor.

Periodistas venezolanos y corresponsales internacionales sufren persecución, cárcel y tortura.

El periodista venezolano Jesús Medina Ezaine ha estado encarcelado durante un año en una prisión militar. Su delito fue tratar de informar sobre la situación de los hospitales en Venezuela.

Jesús Medina, reportero de Dolar Today, lleva un año en una prisión militar por tratar de hacer un reportaje sobre la desesperada situación de los hospitales en Venezuela. Foto Twitter.

El periodista alemán, Billy Six, fue encarcelado por las autoridades de inteligencia venezolanas en noviembre de 2018 después de ser acusado de espionaje, rebelión y violaciones de seguridad. Su delito: tomar una foto de Maduro “demasiado cerca”. Fue puesto en libertad después de cuatro meses de detención.

Periodista alemán encarcelado cuatro meses por tomar una fotografía ¨demasiado cerca” a Maduro. Foto Twitter

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) arrestaron y golpearon brutalmente al periodista polaco Tomasz Surdel, del periódico Gazeta Wyborcza, por no entregar su cámara.

Los ataques a corresponsales extranjeros por parte de las fuerzas estatales hacen que la cobertura de Venezuela por parte de los medios internacionales sea cada día más difícil y esos medios son precisamente a los que una minoría de venezolanos aún tiene acceso – salvo varios bloqueos como el de CNN, entre otros – para informarse de lo que está sucediendo en su propio país.

Las FAES detuvieron y golpearon brutalmente al periodista polaco Tomasz Surdel, del periódico Gazeta Wyborcza, por negarse a entregar su cámara fotográfica. Foto Twitter

Leyes contra la libertad de expresión

El régimen de Maduro implementa la ley penal del enemigo contra medios y periodistas. Los acosa y los instiga. Las armas legales más utilizadas son la llamada Ley del Odio y el Código Penal que se modificó para incluir las leyes de desacato, típicas de las dictaduras.

En 2017, la Asamblea Nacional Constituyente ilegal aprobó la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia y Tolerancia Pacífica”, conocida como la “Ley contra el Odio”, que prevé penas de diez a veinte años en prisión y la revocación de las licencias de radio y televisión.

El Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar mantienen estándares de protección del honor y la reputación de los funcionarios estatales contra expresiones críticas que pueden considerarse ofensivas, como la vilipendio y el insulto a la autoridad. El Código Penal también mantiene el delito de difamación, una disposición incompatible con el principio de legalidad penal estricta y el derecho a la libertad de expresión.

Hace nueve años, Hugo Chávez promovió la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional que establece altas multas a cualquier ciudadano venezolano que invite al país a cualquier persona u organización extranjera a emitir opiniones que puedan ofender a “instituciones estatales, altos funcionarios o intento de soberanía venezolana “.

Por todas estas razones, solo una pequeña parte de la población permanece informada, y eso se debe principalmente al periodismo colaborativo de los medios nacionales e internacionales, la valiente contribución de los colegas que aún permanecen en el país y las quejas de los ciudadanos a través de las redes sociales.

Presos por una foto de Nicolasito

Ha aparecido cierto periodismo ciudadano, si podemos llamarlo así, pero no sin riesgos.

Una mujer y su esposo fueron encarcelados y recluidos en régimen de incomunicación durante dos semanas por tomar una foto del hijo de Nicolás Maduro en una fiesta de uno de sus socios y testaferros. Después de pagar una fuerte suma en dólares, fueron liberados tres semanas después.

La foto que causó el encarcelamiento de un matrimonio zuliano. Nicolás Maduro Guerra en una reunión social de uno de sus testaferros. Foto Twitter

Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro, ahora es el jefe del cártel de oro y coltán. La producción ilegal y el comercio de oro ayudan a mantener a Maduro en el poder después de la quiebra de la compañía petrolera estatal Pdvsa.

LA RED DE OPERADORES Y TESTAFERROS DE NICOLASITO

Venezuela, Estado delincuente

Como sabrán, la última elección presidencial en Venezuela no fue reconocida por la oposición democrática y tampoco por los gobiernos de más de cincuenta países debido a todas las irregularidades que ocurrieron. En vista de la ausencia de un presidente legal y legítimo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tuvo que ocupar el cargo, como lo indica la Constitución venezolana. Ahora es su obligación tratar de convocar elecciones verdaderamente libres y democráticas.

Tal como hemos explicado en presentaciones anteriores aquí en Cambridge, Venezuela se ha convertido en un Estado delincuente: debido a la ausencia de controles y al predominio de la anarquía y la impunidad, el crimen organizado ha secuestrado las instituciones estatales, debilitándolas y generando un Estado criminal.

Por ello, todos los que viven en Venezuela están en peligro pero especialmente los periodistas, aunque el país más mortífero para los medios siga siendo México.

Dos asesinatos mas en agosto han elevado a diez el número de periodistas asesinados este año en México. El principal enemigo de la prensa mexicana es el crimen organizado, específicamente, los carteles de traficantes de drogas.

En Venezuela, dos periodistas han sido asesinados por denunciar a narcotraficantes: Mauro Marcano Ramos en 2004 y Orel Zambrano en 2009.

Aún así, en Venezuela no somos México. Sin embargo, tenemos más enemigos que nuestros colegas mexicanos.

El principal enemigo de la prensa venezolana es el propio régimen de Maduro que controla y utiliza todos los demás poderes del Estado, incluido el judicial, contra cualquiera que se atreva a disentir, periodista o no.

Además, al ser un Estado delincuente, el régimen venezolano también controla y utiliza bandas de delincuencia organizada para atacar a periodistas y medios.

Lo que viene

El escenario actual es sombrío, pero aún no hemos perdido por completo la esperanza.

Mientras hablamos, hay una importante iniciativa internacional que respalda el difícil proceso de negociación entre la oposición democrática y el régimen. Esperamos que se logren elecciones presidenciales verdaderamente libres y que se restablezca la democracia en Venezuela.

En la transición deseada, habrá que hacer un gran esfuerzo para reconstruir las instituciones y la sociedad misma.

En ese momento, como ahora, el papel de los medios y los periodistas será fundamental. Espero que todos podamos estar a la altura del compromiso.