Carlos Tablante: Detenciones exprés y ajuste de cuentas

No cabe duda que con la detención de Alex Saab en Cabo Verde, Maduro se hunde en la cloaca de la corrupción en medio de conspiraciones y traiciones. Todos los que hacen parte de la cleptocracia que se adueñó de Miraflores están bajo sospecha y vigilados por la lupa de G2 cubano.

Los allanamientos de oficinas y viviendas familiares, las retenciones por horas, por días, sin protocolo judicial y sin información pública, conforman parte de la estructura criminal de la disputa por el botín en el que han convertido al patrimonio de todos los venezolanos.

El pasado jueves, luego de dos días de rumores, confirmamos por la vía de varias fuentes confiables la retención y “alojamiento”, en una casa de Caracas utilizada por el Dgcim, de Simón Zerpa, vicepresidente de Economía y Finanzas, presidente del BANDES, director externo de Pdvsa, ex secretario ejecutivo del FONDEN y ex comisionado para el Fondo Chino Venezolano. 

Durante la “entrevista” de varias horas que le realizaron los funcionarios, los temas habrían sido varios, entre otros, Pdvsa y Alex Saab. En cuanto a este último, al parecer, las preguntas fueron sobre un supuesto comentario imprudente que habría realizado el vicepresidente de Finanzas sobre el viaje secreto que Saab estaba realizando cuando fue arrestado en Cabo Verde.

Quiero recordar la estrecha relación que existe entre Saab y Zerpa. Estamos hablando, por un lado, del principal proveedor y contratista de Maduro y por el otro, de quien paga las facturas, que conoce muy bien el mapa financiero del régimen y por lo tanto, tenía información de las rutas y medios utilizados por Saab para vender los recursos de Venezuela (petróleo, oro, coltán, diamantes, etc.) a precio de remate y al mismo tiempo realizar compras especulativas de productos de mala calidad, cercanos a su caducidad y/o a altos precios (gasolina, alimentos, medicamentos, etc.). Alex Saab era el contratista vende tutti, el que compraba y vendía de todo, al tiempo que repartía comisiones, sobornos e inclusive parte del negocio.

Sin entrar en detalles, Saab, como proveedor exclusivo y principal contratista del Estado delincuente, así como operador financiero y testaferro de Maduro, es un componente clave de la estructura de poder en la que se soporta el régimen.

De manera que su extradición a EEUU y su enjuiciamiento, que se concretarían en los próximos días y que Maduro está tratando de evitar a como dé lugar convirtiéndolo incluso en funcionario público y otorgándole pasaporte diplomático, sería un golpe decisivo.

Las detenciones extrajudiciales con fines de extorsión política y/o económica que realizan los organismos de seguridad e inteligencia del régimen sobre altos funcionarios y sus enchufados o testaferros ya es común en el paisaje de la cleptocracia venezolana. Voy a recordar otros casos.

Una de las primeras detenciones exprés se produjo el 11 de diciembre de 2016. En horas de la noche de ese domingo se conoció de manera extraoficial que un banquero cercano al régimen – conocido como “el banquero rojo” – había sido detenido en Maiquetía e interrogado en la sede del Sebin en Caracas por más de dos horas antes de ser liberado. Según los periodistas que revelaron la información a través de redes sociales, la “entrevista” versó sobre aspectos pendientes en la intermediación del banquero en el intento del régimen de comprar una de las últimas televisoras independientes. En el pasado se había señalado su papel en la adquisición de otros medios como la Cadena Capriles (Últimas Noticias, El Mundo, Líder), para ponerla al servicio de la hegemonía comunicacional del autócrata Maduro.

En diciembre de 2017, una comisión del Dgcim por orden de Tarek W. Saab mantuvo retenido en el aeropuerto de Maiquetía a Alejandro Betancourt López, uno de los grandes beneficiarios de los ilícitos cambiarios de Pdvsa y los contratos de la emergencia eléctrica, cuando se disponía a salir del país. El presidente del TSJ ilegítimo, Maikel Moreno, en conjunto con Raúl Gorrín, intercedieron a favor del jefe del grupo conocido como los boli-chicos. Previamente, el organismo militar había allanado las oficinas de Betancourt quien finalmente logró huir a Madrid.

El 15 febrero este año, se produjo la detención de Francisco Convit, otro boli-chico, también en el aeropuerto de Maiquetía desde donde pretendía viajar a la Isla de Margarita. Luego de dos días retenido en el Sebin, fue liberado y aún permanece en Venezuela de donde no puede salir porque tiene una orden de captura de la justicia de EEUU por su implicación en causas relacionadas con el lavado de dinero y la violación de la Ley de Prácticas Corruptas de ese país.

Otra detención peculiar, más no exprés, es el caso de Diego Salazar Carreño, operador de la red de corrupción que estableció en Pdvsa Rafael Ramírez, ahora enemigo de Maduro, que luego de varias horas de ruleteo por parte de los organismos de seguridad del régimen, terminó detenido en El Helicoide donde continúa preso.

Más recientemente, Franklin Durán quien estuvo involucrado en el caso del maletín de Antonini Wilson, convertido en uno de los operadores financieros de Maduro, fue detenido en extrañas circunstancias y acusado de ser un doble agente, de conspirar y traicionar a la “revolución” y por su supuesta financiación de la llamada Operación Gedeón.

Las detenciones exprés son utilizadas por Maduro y su entorno como parte de los ajustes de cuenta necesarios para mantener el control autoritario y hegemónico de Venezuela donde la institucionalidad democrática y la transparencia, que es su esencia, han sido aplastadas por la mentira de esta dictadura del hambre y la corrupción.

Fuente: Cuentas Claras Digital

Carlos Tablante: Pandemocracia y coronadictadura

La Pandemocracia es el título del último libro del filósofo español Daniel Innerarity, que nos invita a reflexionar sobre cómo la Covid-19, en su cruel e inédita expansión, sin ver fronteras, nos iguala a todos como víctimas directas o indirectas.

En algunas naciones la reacción a la pandemia ha fortalecido la gestión transparente con control democrático y eficiencia. Sin embargo, en otros casos, ha habido negacionismo en una apuesta al sálvese quien pueda, mientras que en los sistemas autoritarios, se han reforzado la hegemonía, el control político y el social.

Aunque el autor en su ensayo se refiere a Israel, China y Hungría cuando usa el término coronadictadura, yo voy a utilizarlo – por supuesto, sin comprometer a Innerarity – en el caso de Venezuela, ratificando lo que algunos analistas definen como el inventario de obviedades al caracterizar la tragedia que padecemos los venezolanos, cuyo principal responsable es, sin duda, Nicolás Maduro.

La crisis humanitaria, que el régimen se negaba a reconocer y ha tratado de tapar con la cuarentena, se agrava de manera exponencial al sumarse a la pérdida de vidas por la violencia, el hambre, la falta de medicinas, agua, electricidad y gasolina, ahora la certeza de la pandemia que, según la Sociedad Científica, tendrá efectos devastadores.

El informe de los académicos señala un subregistro de casos sintomáticos “que fluctuaría entre el 63 % y el 95 %” hasta el pasado 23 de abril. Ese subregistro pone en duda los datos oficiales publicados hasta ese momento por el régimen, que cifraba en 440 las personas contagiadas en Venezuela y 10 las fallecidas como consecuencia de la COVID-19.

Advierten los científicos venezolanos que el pico de la pandemia llegará entre junio y septiembre, cuando podrían producirse entre 1.000 y 4.000 nuevos casos diarios, con menos de 100 camas con ventiladores en las unidades de cuidados intensivos de todo el territorio nacional.

A esto se suma que la mitad de los hospitales no tiene servicio continuo de agua ni de electricidad ni tampoco ambulancias y prácticamente no cuentan con suficiente personal de enfermería ni especializado como internistas, emergenciólogos, intensivistas, infectólogos, virólogos, neumonólogos ni epidemiólogos.

Igualmente, de acuerdo con el informe de situación publicado el 22 de mayo por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la inmensa mayoría de las pruebas realizadas por el régimen han sido test rápidos de sensibilidad limitada. Solo un 2,3% corresponden a pruebas PCR, las consideradas más fiables por la Organización Mundial de la Salud.

Además, el régimen ha autorizado la realización de las pruebas diagnósticas solo al Instituto Nacional de Higiene, ubicado en Caracas, lo que limita la capacidad de detectar la penetración del virus en el resto del país. El hecho de no querer incorporar a clínicas privadas y universidades a la realización de las pruebas pone en evidencia que lo que se persigue realmente es el control de la información antes que el combate a la pandemia.

Según los datos del Colegio Nacional de Periodistas, 18 comunicadores han sido detenidos desde que Maduro decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. A ellos se suman 3 médicos de los estados Aragua, Lara y Nueva Esparta, solo hasta el mes de abril. Ya en el estado Zulia se evidencia el desbordamiento en la atención a los enfermos en medio de las amenazas del nefasto gobernador Omar Prieto contra el personal sanitario y los periodistas. Igualmente, los académicos que publicaron el informe de la Sociedad Científica también han sido objeto de amedrentamiento.

En medio de esta compleja y urgente situación, y en defensa de la vida, la comunidad internacional propició un acuerdo entre la Asamblea Nacional representada por el doctor Julio Castro, como asesor en temas de salud del parlamento que preside Juan Guaidó; por Carlos Alvarado, quien funge como ministro de Salud del régimen y por Gerado de Cosio en nombre de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se abre así un espacio para que los expertos coordinen y planifiquen las acciones que se requieren para evitar el contagio masivo del virus y por lo tanto más muertes.

La OPS debería crear una mesa de trabajo con representantes de las academias de ciencias y demás expertos (virólogos y epidemiólogos) que puedan aportar sus conocimientos para un manejo óptimo de los recursos. Hay que superar las trabas burocráticas y políticas de la OPS creando mecanismos expeditos propios de una emergencia a los fines de agilizar la procura de los insumos con la urgencia del caso.

Sería simplista y un error que el acuerdo fuera solo para la aprobación de recursos. La procura de los insumos debe hacerse de manera transparente y de acuerdo a la información epidemiológica del comportamiento del Covid-19 atendiendo a los datos científicos y no a la manipulación que busca el aumento del control social con fines autocráticos.

Los equipos para proteger al personal sanitario y para atender a los enfermos deben llegar directamente a los directores de los hospitales, públicos y privados, sin pasar por el filtro ilícito del PSUV.

Es evidente que estamos ante una gravísima emergencia.

Como hemos sostenido, la propuesta del Gobierno de Emergencia Nacional es hoy más necesaria que nunca. A través de un Consejo de Estado, integrado por todos los sectores políticos y sociales, se asumiría el liderazgo y la gestión pública para atender la emergencia humanitaria e institucional agravada por la pandemia, así como la realización de elecciones libres, como primer paso en la transición hacia la democracia.

Por ello es indispensable que la designación del CNE, el árbitro de las elecciones, sea producto del acuerdo y la negociación.

La palabra virus en Latín significa veneno.

¡Basta ya! 

No podemos dejar que el virus del odio continúe destruyendo y matando a un pueblo, desconociendo de ese modo los enormes esfuerzos que sigue haciendo la comunidad internacional a fin de encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional para salvar a Venezuela.

Fuente: Cuentas Claras Digital

Tomás Páez: Redes sociales, chats, diáspora y política

Los datos del número de usuarios de las redes sociales de enero de 2020 sitúan a Facebook en primer lugar, con 2.500 millones, seguida de youtube y, en tercer lugar, whatsapp, con 1.600 millones de usuarios; esto es en más de 180 países. La sexta posición corresponde a Instagram, con 1.000 millones, y en la casilla número 13 está twitter, con 340 millones. Son logros espectaculares en muy pocos años. Tan súbita expansión nos advierte: no resulta difícil sucumbir al embrujo de las redes; amplían las modalidades de comunicarnos, convivir e interactuar.

Tales plataformas han sido las grandes aliadas del proyecto global de la diáspora venezolana, del estudio y el Observatorio, y a través de ellas se mantiene activo el enjambre de relaciones con las organizaciones diaspóricas en el mundo, lo que permite desplegar la Política (con P mayúscula) en todo el orbe. En tiempos de confinamiento, su versatilidad ha permitido prodigarse en encuentros virtuales del éxodo venezolano.

Los miles de millones de usuarios generan un extraordinario Volumen y Variedad de información a gran Velocidad. Por ellas transitan sesudos análisis, montajes, noticias falsas, comentarios irrelevantes y campañas de desinformación. A través de una de las plataformas, whatsapp, es posible conversar con personas a distancia, compartir fotos, textos y vídeos en tiempo real de manera “gratuita”. Se estima que una persona consulta esta aplicación cerca de 40 veces al día.

Ésta, junto a las demás plataformas sociales, forma parte de la tendencia digitalizadora global (big datal, inteligencia artificial, etc.) y constituye una portentosa herramienta de relación interpersonal y grupal, lo cual explica su creciente uso en el marketing empresarial y político, en particular en campañas electorales. Su empleo se extiende a los más diversos espacios, escuela, trabajo, gremios, partidos políticos, además de los encuentros sociales ocasionales.

Las plataformas sociales se encuentran en el epicentro del debate político actual en torno a la libertad de expresión. Hechos recientes como la decisión de twitter de etiquetar los escritos por D. Trump, el rol desempeñado por las plataformas en los eventos electorales que fueron señaladas de contaminarlos difundiendo noticias falsas y desinformación. El caso emblemático es la intervención rusa en las elecciones de USA, hecho reconocido por 17 agencias de investigación de ese país.

Las plataformas concentran una gran cantidad de información de enorme interés e inmenso valor para empresas, organizaciones e instituciones, y ello les otorga un enorme poder. Nos preguntamos si esto no es perjudicial para la democracia. En cuanto a la censura, nos interrogamos acerca de si las plataformas tienen derecho a la censura y bajo cuáles parámetros, las razones de censurar a unos y no a otros, quiénes son los “censores” y cuáles sus “atributos”, y quién el responsable de otorgar esa potestad.

La censura y eliminación de argumentos ¿no es acaso una agresión a la libertad de expresión? ¿Las plataformas son canales a través de los cuales discurre la más variada información de Internet o son medios de comunicación con línea editorial propia? La censura requiere de poder para ejercerla y supone la existencia de individuos, empresas o instituciones capaces de discernir lo adecuado de lo inadecuado, lo “correcto” de lo “incorrecto” y considerar que la inmensa mayoría de los ciudadanos son minusválidos necesitados de orientación.

En este terreno, en lugar del censor, me inclino por la pluralidad de la información y su democratización, que apuestan por la capacidad de discernimiento del individuo. Resultan indudables las ventajas de las plataformas. Son vehículos a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión y que han servido para democratizar el acceso a la información, el cual es necesario preservar y ampliar.

Algo distinto es identificar aquellas organizaciones responsables de administrar cuentas desconocidas (Troll) y programas informáticos (Bot) concebidos para desinformar, agredir, propagar información falsa, etc., convirtiendo la libertad de expresión en libertad de agresión.

Las plataformas sociales e internet facilitan expresar opiniones; éstas, en palabras de Hannah Arendt, se construyen socialmente, se someten a prueba y amplían, solamente donde hay encuentros genuinos con opiniones diferentes y hay disposición a someterlas a crítica. Es importante blindar los diferentes puntos de vista con datos y respaldos empíricos. Un texto de Thays Peñalver nos proporciona un excelente ejemplo de una opinión infundada: “muchos opinaban e incluso pronosticaban
tormentas perfectas, ahora, sin -gasolina, televisión, medicinas, efectivo, etc.-, en fin, con la destrucción, se generaría un cambio pues el país no lo soportaría”; y esto lo sostenían pese a todas las evidencias en contra.

Entre opinión y verdad fáctica existe una enorme brecha. Afirma Hannah Arendt: “los hechos dan forma a las opiniones, y añade, la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. La verdad tiene un carácter despótico: los hechos están más allá de los consensos”. La autora, en su obra, indaga acerca de los orígenes del totalitarismo y nos dice que, para estos, los hechos resultan de escaso interés …añade, “las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón, que la realidad, porque quien miente tiene la ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera o desea oír. Aún así, en circunstancias normales, el mentiroso es derrotado por la realidad, quien no se rinde ante las evidencias de ésta es un ignorante.”

Para la autora, verdad y política nunca se llevaron bien; entre ellas existe una difícil relación y en el totalitarismo la ruptura es absoluta, se instala la negación de la pluralidad y el reino de la “mentira totalitaria” . Esta tiene una particularidad, busca ajustar los datos a la mentira o simplemente desaparecerlos (no hay datos de la diáspora, de la inseguridad o epidemiológicos en Venezuela) y añade, el efecto de este proceder en el mediano plazo, es la pérdida de referentes confiables para establecer la cooperación interpersonal. Ha sido la destrucción de la verdad, más que su ocultamiento, lo que ha hecho mayor daño al espacio público. De nuevo, la verdad, y no las meras opiniones, es el fundamento de la acción política.

Las plataformas e Internet favorecen el libre flujo de información y la libre expresión de opiniones y contribuye de este modo a la existencia de un mundo común, compartido. Por supuesto no aquella información ni las opiniones carentes de fundamento alguno, pues como afirma H. Arendt, “es la información objetiva la que garantiza que nos podamos pronunciar sobre algo con un anclaje en lo real, huyendo de realidades paralelas o de la tentación de trasladar a lo público meras inquietudes privadas. Las opiniones solo pueden formarse a condición de que existan esa información objetiva y una discusión auténticamente plural y abierta; de lo contrario, habrá “estados de ánimo, pero no opiniones”.

Los grupos de alcance global creados en las redes sociales pueden contribuir a la formación de opinión a través de debates abiertos y enriquecedores de las opiniones o, por el contrario, en “mercados virtuales”” en los que cada quien difunde sus “inquietudes privadas”. Dependiendo del carácter y propósito de creación del grupo se corre el riesgo de que quienes participan no debatan y ni siquiera escuchen a los
demás e incluso se excluya y rechace a quienes sostengan argumentos contrarios a la “opinión” o más bien “estado de ánimo (¿ideología? ¿punto de vista?) del grupo” Quienes participan en diversos “chats grupales” han podido escarmentar en carne propia el haber recibido un mensaje repetido en varios de grupos de los que hace parte, incluye vídeos, tuits, opiniones con escasos o nulos asideros en la realidad, etc.

En pocos minutos se reciben centenares de mensajes que desbordan la capacidad del usuario y del teléfono y se puede pensar que, más que un propósito, el grupo es un pretexto, un espacio al que se asiste sin interacción alguna o escasa a lo sumo.

Los usuarios se enfrentan a la disyuntiva de revisar o ignorar los mensajes recibidos. La escasez de tiempo es el gran aliado de la función “vaciar” o “eliminar los mensajes” que ofrece la plataforma. Hay quienes, pese a pasar más tiempo vaciando que revisando mensajes, no se atreven a salirse de los grupos, aunque en algunos hayan sido agregados de manera inconsulta.

¿Cómo hacer para que los grupos funcionen y sus integrantes participen y emitan opiniones fundamentadas? ¿Cómo sacar provecho de los grupos? ¿Qué otras plataformas podemos combinar para fortalecer el trabajo en grupo? ¿Cómo y porqué estar pendiente de la conducta en las redes? ¿De qué manera evitar que estos grupos se conviertan en diálogos de sordos? Son preguntas que consideramos útiles para quienes participan y desean fortalecer las redes grupales.

Para intentar responder algunas de ellas conviene establecer al momento de creación del grupo, los objetivos, criterios, cantidad adecuada de participantes y reglas de funcionamiento, lo que se espera de todos y las formas de hacer seguimiento. De este modo se anima a los integrantes a compartir y debatir opiniones y así fortalecer el trabajo en equipo. Es recomendable acompañar los chats grupales de encuentros virtuales para evaluar lo realizado y fijar los siguientes pasos del grupo.

El inmenso espacio público creado por las plataformas sociales podría verse debilitado al arrogarse el derecho de expulsar o eliminar expresiones. El debate se produce en medio de dos pandemias, la creada por el COVID19 y la que produce la forma de gestionarla. Ambas ocasionan una gran depresión global. No la combatimos cercenando la libertad de expresión ni ahogando la esperanza. Necesitamos más libertad y menos censura, más pluralidad y menos pensamiento único, más acuerdos, pactos y diálogo: más democracia y más libertad.

Fuente: Cuentas Claras Digital

Julio Castillo Sagarzazu: ¿Saldremos mejores del coronavirus?

No necesariamente. Si revisamos la prensa mundial y los escritos de líderes e investigadores sociales después de la primera y la segunda guerra mundial, observaremos que la mayoría de ellos se prodigaban en mensajes llenos de esperanza sobre el futuro y el nuevo mundo feliz y mejor que debería venir después de ambas tragedias. Al final de la guerra de los 100 años, franceses e ingleses se prometieron no volver a enemistarse y ser mejores vecinos y seguramente, 300 años después, en la firma del Tratado de Westfalia para poner fin a otra guerra, la de los 30 años, los oradores han debido hacer otro tanto y se habrán prometido tolerancia nacional y religiosa para no repetir la pesadilla que vivieron. Sin embargo, como todos sabemos, las guerras y las intolerancias no se acabaron, nos siguieron atormentando, demostrando que nos podemos tropezar infinitamente con la misma piedra.

De manera, entonces, que no está asegurado que las tragedias nos hagan mejores. Lo que sí es seguro es que las tragedias nos cambian y la historia o la providencia, o ambas a la vez, nos dan las oportunidad de aprovecharlas para ser efectivamente mejores.

Veamos. Ciertamente la historia no es lineal y, sin duda, los enfrentamientos y las contradicciones son necesarias para que esta no muera como el agua que se estanca. Esto, que ocurre con la historia, ocurre también en la naturaleza y en el universo conocido. El origen mismo de ambos hay que conseguirlo en la entropía que dio origen al Big Bang original. Dicho en otras palabras, el enfrentamiento dialéctico de contrarios es válido y consustancial a la vida del universo, las rupturas y los enfrentamientos no son entonces maldiciones divinas, sino fenómenos necesarios para que las cosas evolucionen. Una tesis a la que se contrapone una antítesis y que produce una síntesis es la explicación de la dialéctica hegeliana, antes de que Marx y Engels “la pusieran patas arribas”. Sin esta lucha desaparecería la vida. Sin embargo, así como este proceso es esencial, lo son también y, quizás más importantes, los momentos en los que la naturaleza “metaboliza” esta lucha de contrarios y se dedica a contemporizar y armonizar y organizar el aparente desorden que le dio origen.

Una muestra de esta afirmación es el mismo cuerpo humano. Las células de los tejidos se dividen para reproducirse, pero al mismo tiempo, como cada tejido forma parte de un órgano, estas tienen que colaborar para realizar las funciones que le están encomendadas. En esta situación la convivencia se impone a la lucha interna. Más bien, cuando la división celular se descontrola, estamos en presencia de una patología que es el cáncer.

Estas leyes, que funcionan para el universo, tienen sus bemoles en la historia porque los resultados de estos enfrentamientos no dependen de la libertad de los elementos ni de los electrones, sino de la voluntad de los seres humanos que la protagonizan. Los líderes, con su actuación, transforman la voluntad en fuerza eficiente y eficaz cuando la organizan y la convierten en causas y razones para luchar por ellas.

Regresando a nuestro tema, debemos recordar que luego de la Primera Guerra Mundial, los líderes de los estados, resuelven crear la Sociedad de las Naciones. Teóricamente, se trataba del escenario donde discutiríamos los diferendos entre los estados y donde pondríamos en obra el propósito de ser mejores de lo que habíamos sido cuando provocamos la tragedia bélica que nos trajo más de 50 millones de muertos.

La humanidad se encontraba en una encrucijada cuando Hitler comenzó a amenazar el orden salido del Tratado de Versalles y la esencia misma de la Sociedad de Las Naciones. Hemos podido evitar la segunda guerra mundial y habernos ahorrado la pesadilla si Europa hubiese escuchado a líderes como Winston Churchill, en lugar de a mentecatos como Chamberlain y Daladier.

En conclusión, no fuimos mejores. Fuimos peores. Inventamos métodos más eficientes para matar y destruir al punto de que usamos la energía atómica para hacer estallar una bomba que, si bien logro la rendición del Japón con lo que seguramente se ahorraron muchas vidas si el conflicto hubiera continuado, dejó constancia de que ya el hombre había llegado al punto en el que tenía bajo su control el poder de destruir masivamente al adversario y a sus ciudades en menos de un minuto.

Como ya se ha dicho, hasta convertirlo en un tópico, el coronavirus ha mostrado lo mejor y lo peor de los seres humanos. Lo peor cuando vimos de nuevo a gente inescrupulosa especulando con mascarillas, geles y productos de primera necesidad. Cuando vimos gente como Maduro, aprovechándose de las medidas para aumentar la represión, para acrecentar la acción de sus grupos paramilitares y presionar el control social para mantener a los venezolanos encerrados, sin agua, sin luz y sin comida.

Pero, a la par de esto, vimos en todo el planeta la actitud de estos nuevos héroes sin capa y sin marketing, como los trabajadores de la salud, las policías, los barrenderos, los agricultores, los cajeros de supermercados y farmacias, que se fajaron en primera línea, poniendo de lado su salud y su tranquilidad.

Vimos igualmente, esa revolución de los balcones, en la que millones de personas salieron a aplaudir a los héroes, a cantar, a protestar también y a crear una nueva vecindad fundada en la solidaridad y la empatía.

Vimos gobiernos actuando bien y gobiernos actuando mal.

A líderes que saldrán fortalecidos y otros que saldrán debilitados.

Aún no sabemos si seremos mejores, pero allí están las grandes cuestiones a debatir, la competencia o la solidaridad, la empatía o el odio. Son unos nuevos contrarios. Al liderazgo corresponde identificar a los mejores y construir una nueva sociedad.

No es seguro que gane una buena causa, pero a la mano están los materiales para construirla.

Fuente: Cuentas Claras Digital

Carlos Tablante: Asamblea Nacional, resistencia y desescalada

La mayoría del país ha sido víctima del desastre y la violación sistemática de los derechos humanos. La negociación planteada por Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional (AN) con respaldo de la comunidad internacional, para dar paso a un gobierno de emergencia que atienda la crisis humanitaria, agravada con la amenaza de la pandemia, es el inicio de la desescalada hacia la transición democrática.

Quiero refrescar la memoria sobre la escalada represiva que han estado resistiendo los diputados de Venezuela.

Desde su elección en 2015, cuando 14 millones de venezolanos eligieron a la Asamblea Nacional que hoy preside Juan Guaidó, los ataques por parte del régimen de Maduro no han cesado. Apenas unos días antes de la instalación del nuevo parlamento, los diputados del Psuv nombraron de manera ilegítima a trece magistrados del actual Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya primera medida fue declarar en desacato y desconocer al nuevo Poder Legislativo para tratar de usurpar sus funciones a través de 19 sentencias y al final convalidar la ilegal e inútil Asamblea Constituyente.

El autócrata, con la represión y la violencia de grupos paramilitares, ha mantenido un sabotaje permanente a la sede parlamentaria. Desde cortes del servicio de agua y electricidad hasta la suspensión arbitraria del presupuesto de funcionamiento, por lo que diputados principales, suplentes y algunos trabajadores, se quedaron sin sueldo.

El artículo 192 de la Constitución Nacional establece que la dedicación de los parlamentarios a su labor debe ser exclusiva. El presupuesto de la AN depende de la Oficina Nacional de Presupuesto y del Ministerio de Finanzas que mantienen bloqueados los fondos, por lo que los diputados no perciben sus salarios desde el año 2016.

El régimen ha abierto, a los diputados de la mayoría, procedimientos judiciales – inclusive en tribunales militares – violando el derecho al debido proceso y allanando la inmunidad parlamentaria, ha amenazado y secuestrado a sus familiares, anulado sus pasaportes e ilegalizado a los partidos políticos, entre otras agresiones y violaciones de derechos humanos.

En los últimos cuatro años, 59 diputados han sido víctimas de persecución política. Debido a serias amenazas de detención o contra su integridad física, 33 se encuentran en el exilio, en la clandestinidad o refugiados en embajadas. Esta cifra es el equivalente al 35% del total de 167 parlamentarios de la AN.

La represión y violencia del régimen de Maduro hacia los diputados de la oposición registra episodios escandalosos cuyas imágenes han recorrido el mundo. Uno de ellos es el asalto al parlamento por parte de paramilitares armados con la complicidad de la GN – encargada de la seguridad del recinto – y la agresión al presidente de la AN Julio Borges por parte del coronel Vladimir Lugo, hechos ocurridos en 2017.

El 5 de enero de este año, la Guardia Nacional y el Sebin impidieron la entrada de los diputados y del presidente al Palacio Legislativo, para obstaculizar la sesión en la que se elegiría la directiva para el nuevo período. Este vergonzoso momento quedó registrado para la historia con la gráfica del presidente de la AN Juan Guaidó intentando saltar la verja del parlamento al tiempo que era agredido por los militares.

Previamente, Maduro había puesto en marcha la Operación Alacrán (plata o prisión) por medio de la cual se presionó a algunos diputados de la oposición para tratar de constituir una AN paralela. Finalmente, un número reducido de parlamentarios investigados por el caso de corrupción de las cajas Clap del boli-burgués Alex Saab, aceptaron el soborno y saltaron la talanquera. Violando la Constitución y el Reglamento de la AN, con la complicidad de militares y esbirros del régimen, tomaron por asalto el parlamento e impusieron ilegalmente una nueva directiva encabezada por Luis Parra, sin tener el quórum reglamentario.

El asedio al Poder Legislativo y a los diputados ha sido tan grave que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA y la Unión Inter-Parlamentaria Mundial han emitido pronunciamientos, resoluciones con medidas cautelares y medidas de protección para garantizar a los diputados venezolanos el derecho a la vida, al debido proceso y a ejercer plenamente sus funciones, en los casos comprobados de tortura, intimidación, arrestos arbitrarios y violación a la inmunidad parlamentaria, entre otras agresiones del régimen de Maduro a los representantes del pueblo.

Perseguidos y amenazados – ellos y sus familias -, sin inmunidad, sin sueldo y con los partidos ilegalizados. Esta es la precaria situación de los diputados venezolanos. Sin embargo, siguen en pie de lucha enfrentando a la dictadura.

Más allá de los errores o aciertos que ha tenido la Asamblea Nacional, se trata del único poder público legitimado y reconocido por la comunidad internacional. Debemos apoyar a los diputados, que a pesar de los constantes ataques del régimen, continúan en resiliencia. No se trata de darles un cheque en blanco. Hay que estar atentos al cumplimiento del Estatuto de la Transición y de todas las normas que obligan a la transparencia en el uso de los escasos fondos públicos que están bajo la administración del gobierno interino.

Los que hablan de tregua, ¿A quién se la piden? ¿A las víctimas del autócrata? ¿Qué quieren? ¿La rendición de uno de los pocos sectores de la sociedad que se mantiene resistiendo, a pesar de los 390 presos políticos y de los 5.400 activistas detenidos de los cuales 3.900 sufren medidas cautelares? ¿A pesar de los perseguidos y exiliados, de los secuestrados, de los inhabilitados y los asesinados?

Sin importarle el riesgo a un estallido social por el hambre y las carencias de todo orden que padece la mayoría del país, Maduro ha respondido a quienes le hablan de negociación y tregua, que su prioridad es mantenerse en Miraflores como sea y que de allí lo sacarán muerto.

Frente a la calamidad pública que sufre Venezuela, la mayoría, que anhela una salida lo menos traumática posible, ve en la hoja de ruta presentada por Juan Guaidó y la comunidad internacional el único camino viable para dar paso a un gobierno de emergencia nacional, que atienda la gravísima crisis humanitaria y sanitaria que padece el país y facilite la celebración de elecciones libres e independientes con observación internacional, como primer paso hacia la plena vigencia de la Constitución y la democracia.

Fuente: La Patilla

Mariela Morales| Covid-19 y el test democrático interamericano: La necesidad de la transparencia

Las dimensiones del derecho a la democracia y del propio test democrático interamericano que perfilan las “líneas rojas” que no pueden ser transgredidas por los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), están en jaque debido a la crisis generada a nivel global por la pandemia de Covid-19 desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calificara como Emergencia de Salud Pública y posteriormente como pandemia. Esta pandemia afecta de manera directa el goce de los derechos humanos, principalmente a los grupos vulnerables y marginados. Como lo advierte Naciones Unidas, el virus no discrimina, pero sus impactos sí. En América latina, conforme a la CEPAL, la debilidad institucional (Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y partidos políticos) junto a la crisis geopolítica y la redistribución del poder económico, político y militar implicaría un aumento en la falta de confianza de la ciudadanía si los Estados no son capaces de una respuesta adecuada a la COVID-19. Otra mirada puesta en el eje de la crisis como una oportunidad, sin duda debe construirse un consenso para enfrentar los retos y alcanzar “un potente antídoto contra el virus invisible que es el populismo”. Una de las claves puede emerger, precisamente, del reforzado escrutinio bajo el lenguaje de los derechos humanos y los estándares de una sociedad democrática.

El test democrático interamericano está expresamente tipificado en la interpretación conjunta de los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la consolidación democrática regulados en los Arts. 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), en concordancia con el corpus iuris. Los elementos esenciales de la democracia representativa se manifiestan en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos (Art. 3). Asimismo, los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia abarcan la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa (Art. 4).

Dichos elementos y componentes van acompañados de una doble condicionalidad entre democracia y derechos humanos según los Arts. 7 y 8 de la CDI. Efectivamente, el Art. 7 de la CDI regula que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Por su parte, el Art. 8 de la CDI establece en su párrafo segundo que los “Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”.

En el contexto de la pandemia de Covid-19 el principio de transparencia adquiere una dimensión reforzada en el cumplimiento de las líneas rojas contenidas en el test democrático interamericano. Hay que resaltar que al Secretario General de la OEA, conforme al Art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), le han sido notificadas las declaratorias de los de estados de excepción que implican suspensión y/o restricción de derechos, que ascienden a un total de once países latinoamericanos. En la Resolución CP/RES. 1151 (2280/20), el Consejo Permanente de la OEA, en la sesión extraordinaria virtual celebrada el 16 de abril de 2020, en su numeral 4 dispone: “Reiterar el imperativo de que los Estados Miembros defiendan los principios democráticos, garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y la transparencia y prevengan toda forma de discriminación, incluyendo el racismo y la xenofobia, en su respuesta a la crisis”. La OEA también promulgó la Guía Práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante la COVID-19 en las Américas, mediante la cual identifica la transparencia como uno de los elementos constitutivos de la base de un Plan de Emergencia o Contingencia.

El énfasis debe ponerse en las reacciones y acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apuntan al cumplimiento de su mandato transformador en torno a la promoción y protección de los derechos humanos y ha reiterado sus estándares en cuanto la necesidad de transparencia. La CIDH creó una Sala de Coordinación y Respuesta oportuna e Integrada a la COVID-19 llamada “SACROI-COVID 19” y asimismo llevó a cabo el lanzamiento de un sitio multimedia que facilita el acceso, entre otros, a estándares, indicadores, avances, recomendaciones. Otra iniciativa relevante para la propia transparencia institucional de la CIDH está dada en los boletines (15 boletines publicados entre el 9 de abril y el 24 de abril de 2020.

La CIDH, en su Resolución 01/20, no deja de pronunciarse sobre la transparencia y el
acceso a la información pública respecto de la pandemia. Dentro de las recomendaciones referidas a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), la N° 6 afirma que los Estados deben “Asegurar el diseño de un plan de actuación que guíe los procedimientos a seguir para la prevención, detección, tratamiento, control y seguimiento de la pandemia con base en la mejor evidencia científica y el derecho humano a la salud. Estos procedimientos deben se transparentes, independientes, participativos, claros e inclusivos”. En la recomendación 34 sostiene que “Los gobiernos y las empresas de Internet deben atender y combatir de forma transparente la desinformación que circula respecto de la pandemia”. En la recomendación 36, la CIDH hace hincapié en el deber de los Estados de “transparentar las herramientas de vigilancia que están utilizando y su finalidad, así como poner en marcha mecanismos de supervisión independientes del uso de estas tecnologías de vigilancia, y los canales y mecanismos seguros para recepción de denuncias y reclamaciones”.

En la Declaración 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 9 de abril de 2020 sobre Covid-19 y Derechos Humanos, se advierte que “Los problemas y desafíos extraordinarios que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados. El multilateralismo es esencial para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia”.

La pandemia de Covid-19 genera impactos interseccionales en los derechos humanos. Salvaguardar el derecho a la vida, la salud e integridad personal, tiene impactos en el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros DESCA. Asimismo, con la finalidad de contener y mitigar la pandemia, las medidas de distanciamiento social generan la restricción del pleno goce de derechos como el de reunión y la libertad de circulación. La Comisión y la Corte Interamericanas reiteran el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos en tanto que “las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben cumplir los principios de temporalidad, legalidad, razonabilidad, necesariedad, proporcionalidad al igual que los objetivos definidos conforme a criterios científicos, en definitiva, con los requisitos desarrollados en el orden público interamericano… “. Por ello, el test democrático establece las líneas rojas para abordar la(s) crisis (COVID-19 + las crisis globales y simultáneas en lo político, social, económico, climático). Ahora más que nunca, para cumplir el nunca más de las violaciones masivas de los derechos humanos, la transparencia rige como una línea roja de alerta máxima en la sociedad poscovid.

Fuente: Cuentas Claras Digital

Un fondo patrimonial para los venezolanos: La propuesta de Leopoldo López y Gustavo Baquero

Leopoldo López y Gustavo Baquero, autores de la obra Venezuela energética: propuesta para el bienestar y progreso de los venezolanos (2017), han puesto en el debate nacional, regional e internacional, una propuesta que intenta innovar en la relación tradicional de distribución de la renta petrolera, mediante la creación del Fondo Patrimonial de los Venezolanos (FPV).

El análisis se inserta en un momento histórico complejo, particularmente porque se trata del país con una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que durante muchas décadas, a partir de 1943, estuvo liderando, junto a Estados Unidos y México, la lista de los principales productores y exportadores de petróleo; sin embargo, en la actualidad su portentosa industria petrolera se encuentra en una situación de crisis inédita, caracterizada por la pérdida constante de su producción y sometida a medidas de restricción de sus exportaciones, como parte de una crisis mayor que sacude al país caribeño.

Como consecuencia de esta grave situación, que además ha tenido un efecto directo en las constantes y recurrentes fallas del sector eléctrico, pueden explicarse en gran medida las dificultades económicas, sociales, políticas, militar y de migración que atraviesa Venezuela.

Como punto previo quisiera destacar también que Venezuela energética se publica en un país con una tradición y fecundidad literaria muy particular acerca del tema. De hecho, sobre el aspecto central de la obra otros autores han desarrollado propuestas similares pero con distintos matices. Me refiero al libro El petróleo como instrumento de progreso. Una nueva relación Ciudadano-Estado-Petróleo, de los académicos Pedro L. Rodríguez S. y Luis R. Rodríguez P. En este sentido cabe mencionar que, para el análisis de la obra en comento, fue necesario realizar una revisión bibliográfica comparada para la verificación de los valiosos datos aportados.

La obra de López y Baquero, convertida en bibliografía de obligatoria consulta, representa un esfuerzo extraordinario que contextualiza los éxitos y fracasos de la industria petrolera venezolana (IPV), con la mirada puesta en un modelo novedoso, donde los beneficiarios principales deben ser sus accionistas originarios; es decir, todos los venezolanos y, en ese sentido, la propuesta puede ser vista desde diferentes perspectivas. Desde categorizarla como un sueño o una utopía, hasta concebirla como una hoja de ruta que lleva implícito un proceso de transformación político, financiero, tecnológico, social, cultural y geopolítico, para alcanzar lo que Leopoldo y Gustavo han llamado la mejor Venezuela. De cualquier modo, encarna un análisis y un estudio agudo que ha puesto sobre la mesa una cuestión clave que debe considerarse.

La obra está dividida en tres partes. La primera titulada “Los primeros 100 años”, aborda históricamente un período de diez décadas, desde el otorgamiento de las primeras concesiones y el consecuente control absoluto de todas las actividades por parte de las compañías transnacionales, pasando por las incipientes iniciativas de participación del Estado, hasta lograr los primeros beneficios fiscales importantes, mediante el diseño de la política del fifty–fifty, a partir de 1945 (pp. 64-70).

Hechos internacionales, como la crisis generada por la nacionalización de la industria petrolera mexicana y la Segunda Guerra Mundial, que excluyó a México como proveedor seguro de los aliados, convirtieron a Venezuela en el principal suministrador de crudo en el conflicto, de lo cual se derivaron inimaginables beneficios económicos para el país. En este proceso la IPV pasó a ser manejada exclusivamente por los venezolanos (a partir de 1976), hasta alcanzar el zénit mediante la internacionalización y consolidación como una de las industrias más eficientes y mejor gerenciadas del mundo (pp. 91-103).

En la segunda parte, denominada “Entorno energético mundial, potencial de Venezuela y desempeño de la Pdvsa actual”, los autores se centran en analizar la vigencia del petróleo como motor de la economía mundial y el papel que juega y seguirá jugando la IPN para Venezuela, no sin dejar de considerar los aspectos esenciales que explican el desempeño actual de la misma (pp. 140-159).

En la tercera parte, llamada “La propuesta”, los autores desarrollan su visión de cómo instituir un FPV, entendida en el marco de un nuevo esquema de distribución de las riquezas provenientes de la explotación y comercialización de hidrocarburos, donde cada venezolano mayor de edad recibiría una alícuota en divisas para cubrir necesidades como: a. Póliza de hospitalización, cirugía y maternidad; b. Garantías financieras para obtención y/o remodelación de viviendas o para gastos educativos y c. Fondo de ahorro para pensión (pp. 263-279).

La propuesta, no obstante, debe afrontar unos desafíos que probablemente los autores no imaginaron y tiene que ver con la magnitud de la crisis económica del país y de la IPN en particular. Por lo tanto, para pensar en su viabilidad, antes hay que enfrentar una serie de variables conocidas y otras por conocerse, que exigirán de manera urgente la inversión de miles de millones de dólares, lo que podría afectar, sin duda alguna, la posibilidad de financiar el proyecto del FPV formulado por los autores.

Entre tales variables podemos destacar

1. La necesidad de contar con inmensos recursos financieros para:

a. La reconstrucción y reestructuración de la Industria Energética Nacional (petróleo, gas y electricidad).

b. Enfrentar los altos costos de la deuda externa.

c. La reconfiguración de otros servicios públicos básicos, como agua, saneamiento, salud y vivienda, entre otros.

d. El costoso precio de combatir y reducir los altos niveles de pobreza y pobreza extrema.

2. Transformaciones en los ámbitos legal y comercial:

a. Modificación de relaciones contractuales con países del ALBA, Petrocaribe y el Fondo Chino, que producen grandes pérdidas y daños patrimoniales al país.

b. Enfrentar las demandas contra PDVSA y sus filiales a nivel internacional y los altos costos que ello genera.

c. Recuperación de mercados petroleros perdidos.

d. Rescate del propio mercado interno de derivados de hidrocarburos.

3. Nuevos escenarios en el ámbito geopolítico:

a. El surgimiento de nuevos competidores en la región, como Brasil, que se apuntala como gran exportador de petróleo, Estados Unidos, que ya se ha convertido nuevamente en una potencia petrolera, México que aspira a recuperar su sitial como exportador de crudo, y Canadá, que ya ha asumido ese rol penetrando el mercado norteamericano.

b. El crecimiento de las energías renovables en el mundo, que han demostrado no solo el potencial y la viabilidad económica, sino que ya constituyen una opción clara en el mediano y largo plazo de muchos países que hoy demandan hidrocarburos.

c. Las prohibiciones de circulación de vehículos diésel en grandes ciudades europeas y la presión sobre los vehículos a gasolina, que antes de 2040 deberían dejar de circular en muchas ciudades del mundo, particularmente en Europa.

d. Descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos.

4. Innovaciones en el ámbito tecnológico:

a. Las nuevas tecnologías están modificando, a través de nuevos equipos y maquinarias más eficientes, los patrones de consumo de hidrocarburos.

b. El avance de la cultura del ahorro energético afectará cada vez más la movilidad y el consumo de petróleo, gas y carbón.

c. El avance de las tecnologías alternativas para el uso en el transporte, como la electricidad, reducirán los mercados de derivados de hidrocarburos.

d. El avance de las baterías de almacenamiento de energía eléctrica afectará también el consumo de derivados de petróleo.

5. Adaptaciones normativas en el ámbito nacional y global:

a. Las presiones y compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París y otros instrumentos jurídicos, que comprometen a los estados a reducir sus Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EGEI) para proteger la vida sobre el planeta y enfrentar el cambio climático, se corresponden con la ruta que marcan el desarrollo sostenible y la agenda 2030, que pretende acelerar y consolidar un nuevo modelo de generación y consumo de energía en la cual se descartan las energías fósiles.

b. La legislación nacional, que incorpora estándares internacionales en materia ambiental para reducir las EGEI.

c. El activismo judicial ambiental y climático y el papel central que están jugando muchos jueces, tomando medidas para enfrentar los daños ambientales y proteger la salud y la vida de las personas, tendrán efectos importantes en el desarrollo de nuevos proyectos energéticos.

Indudablemente que la propuesta realizada por López y Baquero es desafiante y se suma a diversas iniciativas que buscan una salida y plantean un mejor futuro para todos los venezolanos. Sin embargo, como sugieren los propios autores, la creación de un FPV, debido a sus múltiples implicaciones, debe ser ampliamente analizada y discutida, particularmente porque encarna un nuevo paradigma en una realidad que le es muy adversa. Incluso sería aconsejable examinar si un fondo como el propuesto podría integrarse también con recursos provenientes de otros campos, en los cuales Venezuela cuenta con colosales riquezas naturales. El país, aparte de hidrocarburos, dispone de minerales de alto valor, como hierro, aluminio, oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros, que están siendo sometidos a las mismas presiones de una explotación no sostenible, como la que actualmente padece la industria de los hidrocarburos, tal como se aprecia de los análisis de los autores (pp. 145-156).

Finalmente me gustaría incorporar a la agenda de debate sugerido por los autores, la necesidad de pensar en un nuevo modelo político que vaya acoplándose al proceso de transición energética que Venezuela debe iniciar muy pronto. Dicho proceso, centrado en el modelo energético del futuro, cimentado en las energías renovables y descentralizado, debe responder a otro tipo de relaciones políticas y de gobernanza, teniendo a la descentralización administrativa y de gestión como eje principal.

Fuente: Revista EPE

Tomás Páez: Desplazados, refugiados y solicitantes de asilo en tiempos de coronavirus

Las dos pandemias, la del “virus chino” y las consecuencias de ésta a escala global en los ámbitos social y económico, son los asuntos más acuciantes. Cuando escribo esto hay dos millones y medio de contagiados y más de 170 mil fallecidos en el mundo por esta causa. Al día de hoy se estima una contracción económica global de aproximadamente 4%, con probabilidades de alcanzar caídas del 10%-20% en algunos países. El FMI afirma: más de 170 países sufrirán las consecuencias. En estas pandemias a todos les ha ido mal: aumenta el número de desempleados, de empresas cerradas, de impagos y morosidad, de desafiliaciones a la seguridad social.

Su impacto no afecta a todos de la misma manera, será particularmente pronunciado en Latinoamérica, región con enormes deudas, incalculables déficits y escasas posibilidades de acceder al financiamiento global, como es el caso de Argentina, imposibilitado de honrar sus deudas. Se calcula que el desplome ronda el 6%, dos puntos por encima del promedio global. Su efecto será particularmente severo en Venezuela, que ya arrastra seis años de decrecimiento sostenido de su PIB.

La forma de gestionar la pandemia del COVID-19 está relacionada con temas éticos y políticos, que rozan la anulación del Estado de Derecho. Hoy sabemos que el virus tiene la capacidad de infectar la democracia y la veracidad de la información. Los países de referencia, menos afectados por ambas pandemias, han fundado sus políticas en la transparencia de la información, decisión y firmeza para implantar medidas preventivas tempranas y aplicación de test, proporcionalmente por encima de los demás países.

En medio de ese desplome económico y social, el tema migratorio y en particular el de los desplazados y refugiados, aspecto medular de la agenda política global, adquiere otra fisonomía. Ante el fenómeno hay quienes afirman, con frases altisonantes: la verdadera amenaza es la representada por los movimientos migratorios, “son una plaga”, (destruyen) “el estilo de vida , los valores , la supervivencia o muerte de________ (cada quien puede agregar el país o región)”, dicen algunos dirigentes xenófobos, con discursos generadores de odio hacia migrantes y refugiados.

Las dos pandemias se ceban con emprendedores y empresarios de las PYME, con los trabajadores por cuenta propia, con los 70 millones de refugiados, según cifras de ACNUR y con los millones de desplazados en países y regiones: los segmentos más vulnerables de la migración. Cifras del Banco Mundial dicen que 26 millones de ellos han sido desplazados por la fuerza y por situaciones de fragilidad, conflicto y violencia (FCV) y 25 millones debido a catástrofes naturales.

El “virus chino” los encuentra y los hace más desvalidos: precariedad de las condiciones de trabajo y vida, mayores dificultades para acceder a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda y, por tanto, sus efectos nocivos se hacen más pronunciados. Esta situación se acentúa en regiones y países sobre cuyos hombros recae el mayor número de refugiados y desplazados, como es el caso de Latinoamérica, África y el Sudeste asiático.

Los países de estas regiones carecen de los formidables sistemas de salud de los países de mayor desarrollo relativo, los cuales se han visto desbordados en esta pandemia y han debido hacer frente a la escasez de camas creando “hospitales” en espacios abiertos, convirtiendo hoteles en centros de atención médica y utilizado la capacidad industrial existente en la producción de mascarillas, respiradores artificiales, etc. El aumento exponencial de la demanda de los insumos médicos ha dificultado a muchos países dotar de los instrumentos mínimos indispensables al personal de salud para desempeñar su trabajo en condiciones seguras.

Uno de los pilares de la estrategia para contener el contagio del COVID-19 es la higiene y la limpieza; el otro, la aplicación de test acompañado del confinamiento de la población. Así se espera aminorar las presiones sobre el sistema de salud al tiempo que se reduce la tasa de mortalidad. La estrategia ha ido acompañada del cierre de fronteras, lo que impide realizar solicitudes de asilo a quienes se ven forzados a migrar. Los obstáculos impuestos a la movilidad entorpecen el flujo de las cadenas de producción y suministro y la movilidad de personal médico y paramédico a los centros de refugiados y asentamientos.

El círculo vicioso que crea la contención de la pandemia afecta a empresarios y trabajadores carentes del músculo económico y las reservas suficientes para hacer frente a una cuarentena con gastos y sin ingresos. En estas condiciones crece la morosidad en el pago de vivienda y servicios, el cierre de empresas, disminuye el consumo y, a corto plazo, la producción.

El confinamiento afecta en particular a refugiados y desplazados. Muchos de ellos viven en albergues, asentamientos donde permanecen en cuarentena, en condiciones de hacinamiento que impiden guardar la distancia social recomendada. Lo dicho no supone un desconocimiento del enorme esfuerzo hecho por estos países que hoy acogen a centenares de miles de refugiados, que respetan el derecho de asilo y salvaguardan la vida de los perseguidos y que, además, incurren en costos para poder atender a tantas personas necesitadas. La desaceleración económica actual podría afectar el cumplimiento de este derecho humano fundamental.

Migrantes y refugiados reducirán los montos de las remesas que envían a familiares y amigos en el país de origen, aumentando su vulnerabilidad para poder sobrellevar la situación actual. Se trata de una tensión difícil entre la necesidad de salvaguardar la vida hoy sin comprometerla para el futuro, evitando la letalidad de la otra pandemia, la social y económica.

En principio, todo demandante de asilo y refugio es un migrante, pero no al revés. Las generalizaciones en este terreno impiden comprender la complejidad y diversidad del fenómeno migratorio. Los términos asilo y refugio comparten una característica: quien hace la solicitud se ha visto obligado a abandonar su país de origen. La Declaración de los Derechos Humanos consagra el asilo como un derecho cuyo propósito es garantizar protección a la persona que huye de un conflicto o es perseguida por motivos religiosos, políticos, raciales, orientación social, opinión política, etc., y cuya vida se encuentra en peligro: es la protección que un país brinda a los refugiados en su territorio.

Por su parte, el refugio se refiere a una persona demandante de asilo, cuya solicitud ha sido aceptada. El carácter humanitario de la noción de refugio ha permitido ampliar su uso a aquellos grupos que huyen masivamente de guerras o desastres naturales: circunstancias evidentes que hacen innecesaria la presentación de pruebas. Estos términos, refugiado, solicitante de asilo e inmigrante se utilizan de manera indistinta, aún cuando cada cual posee su particular significado y regulación jurídica.

El reconocimiento de este derecho supone cubrir las necesidades de alojamiento, manutención, sanidad, acceso al mercado laboral, etc., de la persona y la familia a la que se le ha reconocido el estatus. Los países hacen estimaciones presupuestarias para poder atender a los solicitantes de asilo, refugiados y desplazados que hoy habitan en más de 400 asentamientos distribuidos en más de 100 países, de acuerdo a cifras de ACNUR. Los mismos operan gracias al apoyo de organismos multilaterales, gobiernos y las ONG.

Las condiciones de vida en estos campos no son las más indicadas para evitar el contagio del COVID-19: carecen de abundante agua, higiene y el hacinamiento impide guardar la prudente distancia social. Se han hecho esfuerzos consistentes en esterilizar las tiendas, intentando el suministro adecuado de agua, y proporcionando desinfectantes, guantes y mascarillas. Pese a todo ello persisten las dificultades para poder acceder a las pruebas y tratamientos. El aislamiento global no facilita el ejercicio del derecho del solicitante de asilo.

Las secuelas de ambas pandemias presagian el aumento de la migración, así como del número de refugiados y desplazados, lo cual supone una mayor presión sobre los acuerdos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos incluida la declaración de 1948, garante del derecho a la libre circulación, puesto en suspenso debido al confinamiento global. Millones de personas empobrecidas y desempleadas se verán en la necesidad de retornar a su país de origen. Frente a ello, organismos como las Naciones Unidas han expresado su preocupación, en particular por los más desvalidos. Tal y como dice el lema del Consejo Noruego de Solidaridad: ésta no termina en nuestras fronteras.

La situación crítica de refugiados y desplazados no se puede convertir en un impedimento para reconocer las competencias y habilidades de las personas en esa condición. Se trata de un capital humano invaluable, con formación y experiencia en distintas áreas, incluidas las relacionadas con el sector de la salud, de enorme utilidad en los momentos actuales, que son desaprovechados por países, organismos e instituciones.

Distintos estudios confirman que una quinta parte de los refugiados posee título universitario. La mayoría está compuesta por jóvenes y un poco más de la mitad de ellos no posee formación profesional. Empresarios en distintos países han requerido la integración de los refugiados al mercado laboral. Alemania, por ejemplo, solicita millón y medio de inmigrantes para cubrir las necesidades sociales y económicas y hacer frente al envejecimiento y reducción de la población de ese país. Iniciativas de este tipo surgen en otros países con características similares.

Como hemos visto, se han desplegado distintas estrategias con el fin de frenar el contagio, reducir la morbilidad y la mortalidad. Pese a perseguir el mismo fin, algunas han resultado exitosas mientras otras han favorecido el desarrollo de la pandemia social y económica, acelerando el deterioro de los más vulnerables.

No obstante las dificultades ocasionadas por los obstáculos a la movilidad, la ayuda humanitaria continúa y las ONG que atienden a los refugiados y desplazados han encontrado soluciones creativas para atenderlos. Se han realizado esfuerzos encomiables para que los refugiados y migrantes puedan acceder a los servicios de salud, reciban el tratamiento adecuado y se sometan a pruebas y medidas de carácter preventivo, aspectos estos centrales en el combate contra el coronavirus. Éste no hace distinción entre refugiados, indocumentados y solicitantes de asilo, aunque sean ellos quienes lleven la peor parte, restándole fuerza a la expresión “el virus nos iguala a todos”. El papel de estas organizaciones de la sociedad civil incluye la lucha contra “las industrias diaspóricas” y la atención a las víctimas de ellas, desplegando un trabajo que trasciende las fronteras nacionales y se hace eco del lema de la cooperación noruega.

Necesidad de una estrategia para desplazados, solicitantes de asilo y refugiados

Conscientes de la situación, instituciones de carácter global desarrollan respuestas comunes a las pandemias. Se asume el principio de que juntos saldremos mejor de la situación y resaltan la necesidad de fortalecer a las ONG de carácter global. Se entiende que la atención a países y a los refugiados y desplazados no puede abordarse de manera aislada y que todo el esfuerzo tampoco puede recaer sobre los países de menor desarrollo relativo. Se ha hecho evidente la necesidad de ampliación de los actuales programas de protección y asistencia social.

Para atender el deterioro social y económico provocado por la pandemia del COVID-19, países y regiones han creado fondos billonarios. Para los países más pobres y en situación de precariedad resultará mucho más difícil salir de la situación, sobre todo si intentan hacerlo de forma aislada. Para hacer frente a la caída global resultará indispensable diseñar esquemas globales y contar con recursos de proporciones superiores a los ya conocidos.

La iniciativa del Banco Mundial de dedicar hasta 160.000 millones de dólares como apoyo financiero para el próximo año, con el fin de que los países puedan proteger a los pobres y vulnerables, respaldar las empresas y afianzar la recuperación económica, se inscribe dentro de este esfuerzo global. Igual que el hecho de destinar 2.200 millones de dólares para atender a los refugiados y a las comunidades receptoras.

No desconocemos las dificultades de acordar una respuesta común; abundan los nacionalismos estrechos y exacerbados y escasea la CONFIANZA, lo que favorece la fragmentación de los esfuerzos. Sobran, asimismo, los descalificativos y estigmas, perfectos abonos de la inútil xenofobia. Frente a ello cobran fuerza la solidaridad y cooperación humana de las ONG globales, algunas con experiencias centenarias. Se ocupan de los sectores vulnerables, de los desplazados y refugiados en África, Oriente Medio, el este Asiático y Latinoamérica.

El elevado número de refugiados y desplazados, 70 millones, representa menos de un tercio del total del número de migrantes. En el caso del mayor desplazamiento humano de Latinoamérica, el éxodo venezolano, de más de seis millones de ciudadanos de acuerdo a las cifras de ACNUR, el número de solicitantes de asilo es de aproximadamente 900 mil, inferior al 15% del total de la diáspora.

En varios países, a la presión de migrantes y refugiados se suma la de los desplazados internos como consecuencia de desastres naturales o conflictos armados. La sumatoria de ambas es una verdadera bomba de tiempo, pues no resulta sencillo encontrar respuestas con la premura que se requiere. Los desplazados dentro de un país pueden resentir la atención que se presta a los refugiados provenientes de otros países.

Donantes y las ONG prestadoras de asistencia humanitaria tienen ante sí un asunto delicado: cómo abordar las necesidades de ambos colectivos y de los nativos empobrecidos sin que ello produzca rechazo de las partes involucradas. Una de las prioridades, como hemos dicho, es frenar el contagio de los más vulnerables y de quienes viven en asentamientos y allí la cooperación global es fundamental.

Nos hemos referido al compromiso humanitario y social y a los recursos destinados para ese fin. Creemos necesario incluir otras dimensiones, la económica y el aporte que pueden hacer desplazados y refugiados para atajar ambas pandemias. Su incorporación al mercado laboral genera efectos económicos y fiscales positivos en el país de acogida; de allí la importancia de encontrar fórmulas que faciliten su inserción en el mismo. La inversión pública realizada por los gobiernos opera como un elemento multiplicador al aumentar la demanda agregada de este colectivo por bienes y servicios.

Los migrantes invierten en su manutención, en transporte, servicios, etc. Si analizamos el fenómeno soslayando su carácter dinámico y nos quedamos solo con la inversión del gobierno al cumplir con su deber de reconocer el derecho humano al asilo y refugio, no contemplan la otra dimensión, aquella en la que el refugiado, al integrarse, emprende, invierte y genera crecimiento: sus aportes a mediano plazo superan los gastos incurridos por los estados en el sustento de estos colectivos.

Es necesario señalar el impacto positivo de estos grupos que se movilizan, como una forma de desmontar el discurso xenófobo que hemos escuchado de diputados, alcaldes y dirigentes políticos. El menos perjudicial de sus alegatos enfatiza los costos que estos suponen para el Estado y omiten, queremos pensar que de manera inconsciente, su aporte al crecimiento del PIB de los países de acogida. Los informes recientes de bancos centrales y del FMI dan cuenta de la contribución de la diáspora venezolana al crecimiento en aquellos países de acogida donde se ha cuantificado. Es
importante remarcar este aspecto cuando hablemos de las migraciones.

Migrantes y refugiados contribuyen a la reducción de la pobreza global y, más que una carga, son parte de la solución. Como hemos apuntado invierten, crean empleos directos y, a través de la demanda agregada, empleos indirectos y riqueza global; además, envían remesas a sus compatriotas en los países de origen. Lubell, refiriéndose a Estados Unidos, afirma que “los migrantes contribuyen con un billón de dólares en poder adquisitivo a la economía estadounidense”.

A ello contribuye el despliegue de políticas inclusivas en ciudades y localidades; un ejemplo de ello es el proyecto emprendedor adelantado por la Cámara de Comercio de Bogotá. La integración al mercado de trabajo es un reconocimiento de la autonomía y dignidad de los colectivos de refugiados y desplazados.

Además, importa mucho dimensionar el aporte que pueden hacer con sus competencias, habilidades y conocimientos. Por ejemplo, de acuerdo a distintas fuentes de información, el 40% de los refugiados sirios acogidos en Suecia tenían un nivel de estudios superior al de la enseñanza secundaria sueca. Este rasgo se asemeja, en términos de años y niveles de escolaridad, al de la migración venezolana en Latinoamérica.

Sus competencias resultan útiles para atajar la pandemia. Centenares de miles de médicos, enfermeros, radiólogos, técnicos en salud y farmacéuticos, provenientes de los colectivos de migrantes, están empleados en los sistemas de salud de los países receptores. Sin embargo, muchos de estos profesionales, además de ser jóvenes, en edad de trabajar y con competencias lingüísticas, están siendo desaprovechados en los países de acogida.

Las consecuencias devastadoras de ambas pandemias están produciendo flujos migratorios de retorno, buscando cobijo en las redes familiares y esperando encontrar situaciones más esperanzadoras, una ilusión que puede culminar en pesadilla. Es el caso de Venezuela, país arrasado, postrado y con carencias mayores a las de los asentamientos y albergues: sin agua, sin electricidad, sin medicinas, sin posibilidad de mantener la distancia social y el confinamiento y con una economía en caída libre por séptimo año consecutivo. Retornan para enfrentar otra pandemia: la del “socialismo del siglo XXI”.

En el caso de la migración de retorno a Venezuela, es importante tener presente algunos datos: más del 90% de la población carece de recursos para adquirir bienes y servicios, la mayoría en la franja del ingreso de pobreza extrema o aguda, situación desmejorada a causa de la disminución en el monto de las remesas y en medio de una violación generalizada de los derechos humanos, retratada ésta en el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. La infraestructura construida durante el siglo pasado se sostiene a duras penas, en condiciones precarias o en ruinas, y la salud pública depende del adecuado suministro de electricidad y agua, hoy en la absoluta indigencia.

La atención adecuada a ambas pandemias exige un decidido compromiso de la cooperación internacional y de los países a escala global. Así lo ha asumido el G20, integrado por las mayores economías del mundo. En este sentido, anunció una moratoria en el pago de la deuda de los países más pobres, lo que les permitirá destinar esos recursos a solventar parte de las secuelas.

En lugar de deportaciones, integración de los refugiados al mercado laboral y regularización provisional de los indocumentados para evitar su incorporación a las “industrias diaspóricas de la droga y el tráfico ilegal”. Es importante utilizar las competencias de este activo a través de programas de certificación de competencias, reconocimiento de títulos, etc. Asimismo, es importante reforzar el elevado compromiso de las ONG, fundaciones y asociaciones caritativas y, con ellas, ingeniar mecanismos novedosos de atención para evitar que las pandemias se conviertan en
pretexto para negar el asilo.

El trabajo conjunto a escala global incluye a comunicadores y medios, educadores, líderes sociales y políticos. La migración y los refugiados arriban a localidades y ciudades específicas, no a países, y su impacto, por ende, es diferente en cuanto a condiciones, volumen y fortaleza institucional, entre otros. En este esfuerzo, los países de origen tiene una gran responsabilidad con sus compatriotas. Por ello, desde las universidades y gremios profesionales y empresariales deben, junto con los países de acogida, coordinar planes conjuntos de asesoría, proporcionando información y ayudando a conseguir recursos, tan necesarios en esta coyuntura de alcance global.

Fuente: Cuentas Claras Digital

Henry Jiménez: La Covid-19 manda a la industria petrolera a la UCI

La pandemia provocada por la Covid-19 ha desplomado la demanda mundial y el precio del petróleo. El intento de almacenar tanto crudo como fuera posible esperando la recuperación de la economía ha fracasado. Los espacios para guardarlo se acabaron y los buques que lo transportan se abarrotaron, mientras el coronavirus continúa golpeando.

El petróleo bajo cero. La tormenta perfecta se presentó cuando frente a la inminente pandemia desde el mes de febrero, declarada oficialmente por la OMS el 11 de marzo, Rusia y Arabia Saudita decidieron echar más leña al fuego inundando los mercados con más crudo de lo que se necesitaba. Cuando intentaron corregir mediante un acuerdo el 9 de abril ya era demasiado tarde.  Al paso de los días la demanda continuó cayendo y la oferta subiendo hasta llegar al “lunes negro” 20 de abril 2020 cuando los precios negativos aparecieron por primera vez. Lo insólito ocurrió: los comercializadores de crudo en Estados Unidos pagaban a los compradores de petróleo para que les quitaran el petróleo de las manos que por momentos bajó a menos de 40 dólares por barril.

Lo cierto es que el golpe que le ha dado el Coronavirus a la industria petrolera se parece mucho al que ha dado a toda la sociedad, una lección para no olvidar jamás. Ha sido un ataque sorpresivo y contundente, pero sobre el que había evidencias. Tal como lo advirtió Bill Gates en 2015, antes lo había hecho en un informe el Instituto Robert Koch (IRK) de Alemania. En efecto el IRK en 2012 hizo revelaciones como si dispusiera de una bola de cristal. De hecho, parte de una simulación en la que un virus de origen asiático bautizado como Modi SARS llega a Alemania. Para enfrentar esta hipotética probabilidad se elaboró un protocolo de actuación con lo cual se pudo responder a tiempo y evitar una catástrofe mayor. Esto explicaría por qué Alemania solo registra menos de 5 mil muertes frente a los más de 20 mil de España, Italia, Francia con ligeramente menos infectados. De hecho, presenta más casos que el Reino Unido, mientras ese país ya registra mas de 16 mil muertos.

Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la actual crisis de los precios del petróleo ocasionada por la paralización global de la economía debido a la incursión en nuestras vidas de la Covid-19?

En el mudo empresarial, político, militar y sanitario, por referirme solo a algunos sectores, existen métodos, estrategias, planes de prevención y detección temprana de amenazas. En el caso de la industria petrolera, la amenaza se viene incubando, como la actual pandemia ignorada por muchos gobiernos, desde hace varios años debido a 5 razones fundamentales:

1. El petróleo, junto al carbón y al gas natural como fuente de energía fósil es el causante de al menos las dos terceras partes de las emisiones de gases contaminantes y por lo tanto del debilitamiento de la salud medio ambiental, del desequilibrio del sistema climático, del agujero de la capa de ozono y de la muerte de más de 4.5 millones de personas en el mundo debido a enfermedades respiratorias, por lo tanto, ya no representa una alternativa energética con la cual podamos seguir conviviendo. Debe ser reemplazado.

2. Como hemos entrado en la era de la electrificación donde todas las actividades industriales, económicas, residenciales, de movilidad, pueden realizarse con energía renovable cuyas tecnologías no solo han demostrado mayor eficiencia y menores costos, sino que representan una fuente hasta ahora inagotable a la disposición de todas las naciones de modo gratuito: el viento, el sol, los mares etc., es posible dar un viraje que nos conduzca a una sociedad mucho más igualitaria que enfrente con determinación a la pobreza y a la exclusión.

3. Las energías fósiles son propensas a inestabilidad, guerras y concentración de poder político y económico, dado a que obedecen a una lógica centralizada, mientras que las renovables responden a una lógica democrática, descentralizada y se enmarcan en la aspiración de la comunidad internacional de ir tras la senda del desarrollo sostenible y todo lo que ello implica.

4. Las fuentes fósiles actúan bajo reglas que imponen los mercados, con lo cual los precios están sometidos a los vaivenes políticos, económicos, a las estrategias que reflejan los intereses de las élites nacionales e internacionales. De hecho, esta no es la primera crisis de los precios del petróleo, quizás sí la peor como lo serán sus efectos. Cuando suben, los petro-estados se llenan de dinero y cuando bajan se endeudan y con ellos los niveles de pobreza y miseria superan la situación previa a la subida.

5. El petróleo y la crisis auscultada en su ADN que ya no responde a los patrones ni a las metas de una sociedad más verde y limpia, se está comportando como un virus. Cada mutación viene con un efecto mayor. Como se recordará a mediados de los 80 al desplomarse los precios, la OPEC alcanzó un recorte de la producción inimaginable para buscar que los precios se recuperaran, al punto que la redujo de 32 MMBD a 16 MMBD en 1985 y sin embargo los precios no dejaron de caer hasta llegar a 8 dólares. Esta situación nos condujo a una catástrofe económica, calificando la década de los 80 como la década perdida.

La recuperación de la industria petrolera, así como de la economía en general debe ser objeto de un gran debate global. Como sabemos el 80% del consumo energético proviene de la energía fósil, es decir, estamos parados sobre un volcán en erupciones intermitentes. El debate debe incluir con urgencia una ruta verde, un pacto verde para todas las naciones. Es importante asumir que es más costoso adaptarnos a los efectos de seguir quemando combustibles fósiles que producir un cambio hacia las energías limpias.

No hay tiempo que perder, o seguiremos dependiendo de las emergencias para que algo cambie. Si no vemos las amenazas y aunque viéndolas volteamos la mirada, más y peores tragedias vamos a padecer. Mucha razón tenía Georges Clemenceau cuando dijo “El hombre absurdo es el que no cambia nunca”. Por ahora el petróleo sigue en la UCI.

Fuente: Cuentas Claras Digital

Ángel Rangel: Covid-19, el día después

En medio de la actual crisis global generada por la pandemia del Coronavirus, resulta un imperativo el tratar de ir levantando la mirada para procurar la construcción de un futuro de seguridad, bienestar y oportunidades para todos, a partir de la incorporación de las enseñanzas que va dejando hasta el momento este lamentable evento en el conjunto de la sociedad.

En primer lugar la comunidad internacional debe tomar debida nota de las evidencias sobre las condiciones de fragilidad de una sociedad, cuyos sistemas críticos fundamentales se encuentran en una alta relación de interdependencia, conectividad y vulnerabilidad ante los riesgos globales, complejos y sistémicos de naturaleza dinámica como el COVID-19, y que están sujetos a potenciales efectos cascadas; como ha ocurrido con los sistemas de salud, financieros, ambientales, de transporte, de alimentación, de información y comunicación, las cadenas de suministros, etc. Hechos estos que ratifican la importancia de cambiar el paradigma de la gestión de los desastres a la gestión proactiva y sistémica del riesgo en diferentes escalas espaciales y temporales; basado en el diálogo, la colaboración, la confianza y la solidaridad entre múltiples actores.

Particularmente, estimamos necesaria la integración de las experiencias acumuladas con el evento para fortalecer la gestión del riesgo futuro, en por ej.

– La prevención de ataques cibernéticos que pueden exponer a riesgo importantes sistemas interconectados, como consecuencia de la progresiva incorporación de la modalidad del Teletrabajo, el uso creciente de plataformas de comunicación (zoom, webex, skype, etc.), y el mayor volumen de transacciones digitales derivadas de las medidas de aislamiento temporal y separación o distanciamiento social previsto.

– La reducción de la vulnerabilidad de los países con respecto a las cadenas globalizadas de suministros esenciales en la atención de crisis.

– Fortalecimiento de los sistemas públicos socio-sanitarios, de abastecimiento de agua y saneamiento, y los de la industria alimentaria.

– Reforzamiento de medidas higiénicas en el hogar, en el trabajo, los espacios públicos y privados, y en los sistemas de transporte masivo.

– Reconocimiento de la importancia de contar con los Planes de Continuidad del Negocio para garantizar la adecuada respuesta de las organizaciones del sector público y privado ante situaciones de crisis.

– Mayor apoyo financiero para la Investigación y la Ayuda Humanitaria.

– Facilitación de mejores mecanismos de cooperación y comunicación entre Estados y particularmente entre la comunidad científica.

– Mayores medidas de control y vigilancia contra la destrucción de los ecosistemas y la reducción de la biodiversidad, para evitar la afectación de las barreras naturales entre el ser humano y los virus más peligrosos.

– Fijar la Prevención como política de Estado contra los Riesgos Globales.

Fuente: Cuentas Claras Digital