La UDEF registra el despacho de Raúl Morodo por el blanqueo de cuatro millones de PDVSA en España

CuentasClarasDigital/ Lunes 20 de mayo de 2019.-
La UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial registra desde primeras horas de la mañana el despacho de Raúl Morodo por su presunta relación con el blanqueo en España de dinero procedente de la petrolera estatal PDVSA. Morodo fue nombrado embajador de España en Venezuela en julio de 2004, en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Según las fuentes consultadas por ABC, en el punto de mira de los investigadores también está Alejo Morodo, hijo del que fuera embajador en Venezuela, que está entre los cuatro detenidos. El exdiplomático no está entre los arrestados, ya que los investigadores han tenido en consideración la edad del implicado.

La operación, impulsada por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga si a través de ese bufete se lavaron importantes cantidades de dinero procedentes del vaciamiento delictivo de las arcas de la petrolera estatal venezolana. El despacho de abogados habría contribuido al lavado de hasta cuatro millones de euros mediante la facturación de servicios de asesoría legal.

Además de este registro hay otros en marcha, además de los cuatro detenidos mencionados. Además de Alejo Morodo, el resto de arrestados son personas del entorno de este despacho. Aunque la Policía guarda silencio, sí ha trascendido que se les acusa de corrupción en las transacciones internacionales por las supuestas labores de consultoría a altos cargos venezolanos, y por el supuesto blanqueo posterior de los capitales obtenidos.

En el caso de Alejo Morodo, la Policía lo investiga por el cobro de 3,8 millones de euros de PDVSA a través de una sociedad instrumental panameña con cuenta en Suiza entre los años 2008, cuando su padre abandonó el cargo, y 2013, según avanzó El Español hace ya tres años.

El blanqueo de dinero de enormes cantidades de dinero procedentes de Venezuela se investiga, además de en el juzgado de Pedraz, en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en el que se sigue el rastro de los pagos de Duro Felguera en ese país.

En paralelo, informa Europa Press, dos juzgados de instrucción de Madrid tienen causas abiertas por delitos similares contra altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, que con la llegada de Nicolás Maduro, recalaron en España, como el ex ministro de Energía Nervis Villalobos.

Además, siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela presentaron la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para instar a las autoridades españolas a investigar a otros tantos altos cargos y empresarios que se han instalado en el país. Solicitan que se contraste el origen del patrimonio del que dicen, hacen gala en España, y se persigan los delitos de corrupción y blanqueo de los que pudiera proceder.

Raúl Morodo es catedrático de Derecho Político y Constitucional en las universidades de Oviedo, Alcalá de Henares, UNED y Complutense. Durante el franquismo padeció persecución política. Figura histórica de la Transición, fue cofundador con Enrique Tierno Galván del PSP (Partido Socialista Popular) y su secretario general hasta 1978. Fue diputado constituyente por Madrid con el PSP (1977-1979). Igualmente, obtuvo acta de diputado por el Centro Democrático y Social (CDS) al Parlamento Europeo entre 1987 y 1994. En el IV Congreso de este partido, celebrado en septiembre de 1991, se presentó al cargo de presidente, acompañándole en la candidatura Rosa Posada como secretaria general. A pesar del apoyo de Adolfo Suárez, ambos fueron derrotados por Rafael Calvo Ortega, que resultó elegido presidente (por 445 votos frente a 339) y por Antoni Fernández Teixidó, nuevo secretario general.

Pese a no ser diplomático de carrera, ha sido «embajador político» en tres ocasiones: embajador-representante permanente ante la Unesco (1983-1985), embajador en Portugal (1995-1999) y en 2004 fue nombrado por el Consejo de Ministros embajador de España en la República Bolivariana de Venezuela, y en 2005 además de la República Cooperativa de Guyana, cargos en los que cesó en 2007.

Con información de ABC

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Ministra de Justicia de Colombia renunció en medio de la crisis judicial

CuentasClarasDigital/ Jueves 16 de mayo de 2019.-

La ministra de Justicia de Colombia, Gloria Borrero, anunció este jueves su renuncia al cargo en medio de la crisis que vive ese poder del Estado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a EEUU, del exlíder de las FARC Jesús Santrich.

“Son los cambios normales de cualquier Gobierno. Era una conversación que teníamos desde hace varias semanas con el presidente”, dijo Borrero en una entrevista con RCN Televisión.

A esta decisión, se le suma la dimisión del fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal, María Paulina Riveros por el mismo caso.

Por su parte, el presidente neogranadino, Iván Duque, anunció que la nueva ministra será la magistrada, Margarita Cabello, a quien le “encargarán muchas tareas propias del ejercicio del cargo”.

“Hemos conversado con Gloria Borrero, quien se retirará del cargo y he aceptado su renuncia. He conversado con ella desde hace varios días y quiere agradecerle su trabajo, patriotismo y excelente cooperación con los colegas del gobierno”, expresó en referencia a la renuncia de Borrero.

EFE

Fiscal y vicefiscal de Colombia renunciaron por caso Santrich

CuentasClarasDigital/ Miércoles 15 de mayo de 2019.-

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció este miércoles a su cargo como consecuencia de la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos por narcotráfico al exjefe de las FARC Jesús Santrich.

“Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación”, dijo Martínez en una declaración a la prensa.

Martínez tomó posesión de su cargo el 1 de agosto de 2016 ante el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos (2010-2018).

Minutos antes de la renuncia de Martínez la JEP denegó la extradición del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, detenido desde el 9 de abril de 2018 tras ser requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, y pidió a la Fiscalía que lo deje en libertad.

La vicefiscal, María Paulina Riveros

Por su parte, la vicefiscal, María Paulina Riveros, también anunció que deja el cargo a raíz de la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a EEUU por narcotráfico al exjefe de las FARC Jesús Santrich.

EFE

JEP niega extradición de “Jesús Santrich” a EE.UU. y ordena su libertad

 

CuentasClarasDigital/ Miércoles 15 de mayo de 2019.-

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó hoy su decisión más importante desde que entró en funcionamiento: pidió la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido en la guerra como Jesús Santrich, y le otorgó la garantía de no extradición. El exjefe guerrillero, quien lleva más de un año en la cárcel tras ser acusado de participar en un presunto envío de cocaína a Estados Unidos, será investigado y juzgado en Colombia.

La Sección de Revisión de la JEP decidió que no se puede comprobar que el delito que le atribuyen a Santrich se haya cometido después del Acuerdo de Paz, como establece la regla. Recordemos que la garantía de no extradición es un tratamiento especial para los excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz no sean extraditados por delitos cometidos antes del 1º de diciembre de 2016, cuando el Congreso ratificó este pacto entre la extinta guerrilla y el Gobierno Nacional. Por este motivo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación la libertad inmediata de Santrich.

En el auto que tiene 148 páginas, y del cual salvaron votos la magistrada Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez, decide que el caso de Jesús Santrich seguirá bajo la JEP, para asegurar su aporte a la verdad y el derecho a las víctimas a la justicia y reparación.

Además, los magistrados ordenaron investigar las irregularidades que pudieron incurrir funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el trámite de asistencia judicial para recaudar las pruebas en contra de Santrich en Colombia.

Jesús Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Según la acusación de esa justicia, Santrich se reunió el 9 de febrero de ese año con un infiltrado de la DEA, que se hizo pasar como miembro del cartel de Sinaloa, con quien habría pactado una transacción de diez toneladas de cocaína para enviar al país del norte, dice el documento.

Ante estas acusaciones, el exjefeguerrillero ha insistido en que se trata de un montaje para acabar con la implementación del Acuerdo de Paz.

Con información de El Espectador

Diputados venezolanos denuncian a cargos chavistas por lavar dinero en España

CuentasClarasDigital/ Martes 14 de mayo de 2019.-

Un grupo de siete diputados opositores de la Asamblea de Venezuela han denunciado hoy ante la Fiscalía a varios excargos del régimen de Hugo Chávez y empresarios beneficiados de contratos de su gobierno por blanquear en España dinero proveniente de la corrupción en el país sudamericano.

Los diputados Conrado Pérez, Richard Eloy Arteaga, Luis Eduardo Parra, José Luis Pirela, Adolfo Ramón Superlano, Jose Dionisio Brito y Chaim Jose Bucaran han presentado hoy ante la Fiscalía General del Estado tres escritos dirigidos a la Fiscalía Anticorrupción denunciando este blanqueo por parte de ciudadanos venezolanos residentes en España y en otros países.

“Esta lista encierra una cantidad de delincuentes enchufados en el Estado, amparados en un esquema de impunidad que nosotros vamos a romper cueste lo que cueste, porque vamos hasta las últimas consecuencias”, ha dicho el diputado Pineda a los periodistas tras registrar los escritos.

Uno de ellos es una denuncia dirigida contra cinco personas, entre ellos Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, residente en Venezuela y buscado la justicia de Estados Unidos; y el matrimonio formado por Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera de Chávez y tesorera de la República, y Adrián José Velásquez, exguardaespaldas de Chávez.

Estos dos últimos viven en España y fueron detenidos por orden de Venezuela, que pidió su entrega por haber sustraído fondos de las arcas del país. Aunque en un principio accedió, finalmente la Audiencia Nacional denegó su extradición al considerar que sus derechos podrían ser vulnerados allí.

En la denuncia, los diputados afirman que estas personas robaron “cuantiosas cantidades dinero público de la República de Venezuela, valiéndose de su posición privilegiada dentro del gobierno del ‘chavismo-madurismo'”, y luego las lavaron en España “haciendo uso del sistema financiero español”.

Según el escrito, se hicieron con el dinero público gracias a los llamados “bonos estructurados”, un producto financiero puesto en marcha por el régimen de Chávez mediante la compra de bonos de deuda pública extranjera que supuestamente les permitieron especular con el sistema cambiario dólar-bolívar.

Las irregularidades financieras relacionadas con el cambio de moneda continuaron cuando la enfermera de Chávez llegó a ocupar la Tesorería de Venezuela en 2010, asegura la denuncia.

Durante su mandato y mediante estos bonos, se creó un sistema cambiario que controlaban algunos de los denunciados y del que sacaron provecho. Para ello usaron presuntamente empresas creadas “ad hoc”, algunas de ellas a nombre de personas fallecidas.

La denuncia asegura que Gorrín fue partícipe de este sistema adquiriendo bonos del Tesoro del Reino Unido: “Los papeles se emitían en libras esterlinas y ese dinero obtenido en moneda inglesa era vendido a los bancos suizos. Así los conspiradores obtenían los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, el cual permitía ganancias extraordinarias gracias al arbitraje entre el precio oficial y el negro”, dice sobre los movimientos del dueño de Globovisión.

Sus operaciones, añade, “generaron especulación en el mercado cambiario y dispararon el valor de la moneda estadounidense en el único mercado al que los ciudadanos y las empresas venezolanas podían acudir”.

La denuncia prosigue afirmando que la enfermera de Chávez y su marido han adquirido en Madrid un piso por valor de 1,8 millones de euros, “hecho que no han podido justificar apropiadamente y que jamás podrán hacerlo”.

En el caso de Gorrín afirma que tanto él como su socio Gustavo Perdomo fueron beneficiarios de 10 cuentas en Suiza “desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias”.

“Buena parte de estos fondos -añade- provienen del plan de notas estructuradas del que hemos hablado, al punto que Raúl Gorrín no blanqueó tan sólo su dinero, sino el de su amigo Nelson Merentes”, otro de los denunciados.

Parte del dinero circuló, según la denuncia, por bancos españoles como el Banco Santander y La Caixa.

En otros dos escritos presentados ante la Fiscalía ponen en su conocimiento hechos presuntamente delictivos relacionados con decenas de otros venezolanos, como Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal PDVSA y al que los diputados denunciaron ayer en Italia, donde reside, y el empresario Alejandro Betancourt, que vive entre España y Reino Unido.

Sobre Betancourt, el diputado Pirela ha explicado a los periodistas que es “accionista mayoritario de un grupo que se dedicó a contratos en el sector eléctrico”.

“Hoy Venezuela se apaga, está a oscuras (…). El señor Betancourt tiene que explicarle al país dónde están las inversiones que el Estado venezolano le pagó, que se las robaron”, ha dicho. EFE

 

Venezuela pagó a Odebrecht $13.266 millones por obras inconclusas

CuentasClarasDigital/ Lunes 13 de mayo de 2019.-

Después de una investigación de cinco años, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela determinó que el monto de 20 de los 40 contratos que se sabe fueron suscritos por el gobierno venezolano con la constructora brasilera Odebrecht, supera la cantidad de 29.974 millones de dólares, así como también que los pagos que se hicieron en 18 de estos convenios, totalizan 13.266 millones.

Para entender la magnitud de los recursos pactados entre el Gobierno de Venezuela y Odebrecht, se puede recurrir a un solo ejemplo: la nueva etapa del canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del continente, costó 5.000 millones de dólares. Es decir, que con lo comprometido por los 20 contratos, se pudieran hacer seis canales de Panamá.

Un total de 36 de los 40 contratos o extensiones de contratos se firmaron durante la gestión de Hugo Chávez, es decir, entre 1999 y 2012, mientras que otros cuatro contratos fueron suscritos en 2013, con Nicolás Maduro en la presidencia.

«La dimensión de los negocios entre el Gobierno de Venezuela y Odebrecht, la constructora brasileña que es el centro del mayor hecho de corrupción del que se conozca en América Latina, es colosal, incluso sin tener la información completa, porque el secreto parece ser el gran acuerdo entre los protagonistas de este presunto desfalco. Transparencia Venezuela adelantó una investigación durante cinco años y presenta públicamente los hallazgos que obtuvo sobre esta gigantesca operación que desangró al país», señala el reporte de la ONG.

Estas altas sumas contrastan con los pobres resultados ofrecidos por el Gobierno y la empresa Odebrecht. Un ejemplo de ello es el subterráneo en la capital del país. Doce años después que Hugo Chávez colocara la primera piedra de la Línea 5 del Metro de Caracas, en noviembre de 2006, la primera etapa está inconclusa y es «un monumento a la corrupción».

De acuerdo con nuestra investigación esta obra presenta un avance físico equivalente a 62%; la segunda fase Metro de Caracas Línea 5 (Miranda II) apenas un avance de 6%, mientras que el proyecto de repotenciación de trenes, apenas un 3%.

«Fuera de Brasil, el caso de Venezuela es el más escandaloso y donde la empresa pagó más sobornos. La estrecha relación ideológica entre los presidentes Lula Da Silva y Hugo Chávez, fue terreno fértil para los negocios. Si Odebrecht aplicó en Venezuela el mismo esquema que en el resto de América Latina, nuestra organización estima sobornos a funcionarios del gobierno mayores a 1.300 millones dólares, muy por encima de los 98 millones de dólares que declararon antiguos empleados de Odebrecht ante la Corte de Nueva York en 2015».

En los negocios con Odebrecht los contratos contemplan pagos en bolívares y dólares, pero en casos como el del Metrocable Petare Sur, Metrocable Antímano y el Metro Caracas- Guarenas- Guatire se establecen desembolsos también en euros.

Con la información disponible de algunas obras, Transparencia Venezuela determinó que las modificaciones de los contratos, o adendas, elevaron los montos comprometidos por la nación de una manera sustancial, si se toma en cuenta el precio acordado al inicio de la obra y el monto estimado para 2017. Todas las obras de Odebrecht extendieron su fecha de culminación, pero no existe evidencia que explique semejantes aumentos.

Según expertos en contratos, es aquí donde se encuentra la mayor distorsión y un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con Odebrecht.

Toda la información está disponible al público en un sitio exclusivo de Odebrecht en la web transparencia.org.ve, en el que se muestra el análisis de un total de 33 obras y 40 contratos que la organización logró identificar, suscritos entre algunos ministerios- o entes adscritos a ellos- y Odebrecht.

La ONG obtuvo copia de nueve contratos – no así de sus extensiones – que fueron digitalizados y analizados con detenimiento para ser entregados a la consideración de la opinión pública, con el objeto de arrojar luces sobre esta operación que costó tanto a la nación, dejando a millones de venezolanos sin los servicios y beneficios prometidos, pues 11 de las obras de mayor envergadura quedaron inconclusas, apunta la entidad.

De acuerdo con la investigación adelantada por Transparencia Venezuela sobre los datos disponibles, la República tendría por cancelar aún a la empresa brasilera más de 16.000 millones de dólares.

Banca y Negocios @bancaynegocios

Allanadas en República Dominicana propiedades del empresario Samark López acusado por narcotráfico

CuentasClarasDigital/ Lunes 13 de mayo de 2019.-
La Procuraduría General de Justicia (PGR) dominicana informó este domingo que junto a la agencia antinarcóticos local realizan en la provincia La Altagracia (este) un operativo de búsqueda de un “fugitivo internacional” de origen venezolano acusado de pertenecer a una red de narcotráfico.

La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos, acompañada de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y agentes federales de los Estados Unidos, allanaron de manera simultánea, mediante orden judicial, dos villas de un exclusivo complejo turístico de la comunidad de Verón, Punta Cana, presunta propiedad del venezolano Samark José López Bello, quien además de narcotráfico es acusado de cometer varios delitos en EE.UU.

La Procuraduría agregó, a través de un comunicado de prensa, que durante el operativo, ejecutado por disposición del Distrito Judicial de la provincia La Altagracia, fueron detenidas cuatro personas para fines de investigación, identificadas como Armando J. Leiva y Carmen J. Pinto de Leiva, ambos de nacionalidad venezolana, así como las colombianas María Eugenia Rojas y Karol V. Gutiérrez Nieve.

En la intervención se ocuparon de manera preliminar 25.000 dólares y 18.000 euros, tres vehículos todo terreno, así como más de 30 relojes de distintas marcas, prendas preciosas, documentos y otras evidencias, las cuales están en poder del Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que amplían el proceso de investigación, al tiempo de informar que conforme avancen las indagatorias se estarían ofreciendo más detalles con relación al caso.

Hace dos años, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una serie de sanciones económicas al entonces vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami por jugar un papel “significativo” en el tráfico internacional de narcóticos.

Las medidas también se aplicaron al empresario venezolano López Bello, a quien las autoridades estadounidenses consideran el “testaferro” de El Aissami.

Las derivaron en la congelación de decenas de millones de dólares en activos en Estados Unidos, según informaron esa oportunidad las autoridades de ese país.

En la zona donde las autoridades dominicanas informaron sobre los allanamientos, es una de las más costosas de todo el lujoso complejo de Punta Cana.

Con información de El Carabobeño