FinCEN recibe 1.500 reportes de operaciones sospechosas sobre criptomonedas por mes

Cuentas Claras Digital 19 de septiembre de 2018.- 

Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha visto un aumento en la presentación de Informes de Actividades Sospechosas (SAR) relacionados con la criptomoneda. El número de quejas ahora excede de 1 500 por mes, según él.

Las declaraciones de Blanco se hicieron como parte de un discurso que pronunció en la Conferencia de Tecnología Jurídica del Bloque Chicago-Kent 2018 el 9 de agosto.

El director describió el papel continuo de la FinCEN en la regulación y la aplicación de la ley para el criptoespacio emergente, que coordina en conjunto con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) de Estados Unidos. Él señaló que,

“[Mientras] la innovación en servicios financieros puede ser una gran cosa… también debemos ser conscientes de que el delito financiero evoluciona junto con él, o incluso a veces por eso, creando oportunidades para delincuentes y malos actores, incluidos terroristas y estados corruptos”.

Blanco enfatizó que para salvaguardar las “increíbles innovaciones” de la frontera fintech, el cumplimiento de los actores con medidas regulatorias específicas es crítico, dado que “el daño puede hacerse aumentando de manera devastadora la velocidad, la amplitud y la oscuridad en el mundo digital”.

Como se indica en las directrices de FinCEN de marzo de 2013, cualquier aceptación o transferencia de valor que sustituya a la moneda fiduciaria, incluida la criptomoneda, se considera transmisión monetaria y conlleva obligaciones regulatorias específicas según la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU. (BSA).

Como negocios de transmisión de dinero (MSB), las criptobolsas son necesarios para informar SAR e Informes de transacciones monetarias (CTR), así como para cumplir con los marcos antilavado de dinero (AML) y contrarrestar el financiamiento del terrorismo (CFT).

Blanco aclaró que las obligaciones idénticas pertenecen a las empresas que proporcionan servicios de anonimato —a menudo denominados “mixers” o “tumblers“— que intentan ocultar la fuente de la transmisión de criptomonedas. Las criptobolsas ubicadas fuera de los EE. UU. pero que, no obstante, también hacen negocios con residentes del país, también son monitoreados por la agencia.

El director dio el ejemplo de la acción de FinCEN en 2017 contra la criptobolsa rusa BTC-e por burlar las leyes AML como un caso en el que SARs “desempeñó un papel crítico”, con registros de ambos bancos y otras criptobolsas que proporcionan pistas cruciales para la aplicación de la ley .

Comentó que mientras los SARs se envían cada vez más, la agencia se ha “sorprendido” de ver que las empresas toman las medidas adecuadas para cumplir con sus requisitos normativos “solo después de recibir un aviso [de que se realizará un examen]”. “Deje que este mensaje salga claramente hoy: esto no constituye cumplimiento”, enfatizó.

Según Blanco, la FinCEN, los examinadores de BSA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) han examinado más del 30 por ciento de todos los intercambiadores de criptos y administradores registrados desde 2014.

Blanco también dedicó más atención a las ofertas iniciales de monedas (ICOs) y subrayó que si bien pueden recaer en jurisdicciones superpuestas de diferentes agencias reguladoras de los EE. UU., sus obligaciones ALD/CFT siguen siendo “absolutas”.

En una audiencia reciente sobre criptos e ICOs en Washington DC, el Jefe de Asuntos Legales y de Riesgos de Coinbase llamó la gama de reguladores estadounidenses —incluidos SEC, CFTC, IRS y FinCEN— sobre una “falta de coordinación” extrema que él consideraba iba a impactar negativamente la innovación.

Fuente: Fincen

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Caso US Pdvsa Litigation Trust : Luisa Ortega Díaz denunció al procurador general ilegítimo de Venezuela ante la justicia de EE UU

Cuentas Claras Digital 19 de septiembre de 2018.- 

Por intermedio del abogado venezolano, Carlos Ramírez López (en la gráfica), se introdujo la denuncia ante la justicia estadounidense. Esta acción está respaldada en el acuerdo de la Asamblea Nacional del 12 de septiembre, en el que conforme al artículo 249 de la Constitución de Venezuela, aseguran que Muñoz no puede ser considerado como legítimo procurador general de Venezuela y por tanto se acordó iniciar una investigación del caso para determinar la responsabilidad penal correspondiente.

Lea también: Caso Pdvsa US Litigation Trust | Asamblea rechazó la cesión de derechos de litigio de Pdvsa en EEUU

La denuncia está conformada por 21 páginas en las que se explica detalladamente el procedimiento empleado por Muñoz y el resto de los involucrados, quienes introdujeron una demanda ante la Corte del Distrito Sur del estado de Florida, contra 42 empresas relacionadas con el negocio petrolero, con la finalidad de reclamar la devolución de 10.000.000 dólares que las empresas demandadas han obtenido ilícitamente de Pdvsa desde el año 2004 mediante prácticas corruptas.

El 27 de julio del 2017, Reinaldo Muñoz Pedroza creó en New York una firma de carácter privado denominada Us Pdvsa Litigation Trust que junto con quien ejercía el cargo de ministro del petróleo y presidente de Pdvsa, Nelson Martínez, traspasó los derechos para cobrar el dinero obtenido por las empresas de forma ilícita.

Us Pdvsa Litigation Trust autorizó a la firma de abogados Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP a disponer del dinero que sería recuperado.

El acuerdo se materializó el 6 de marzo de 2018 cuando el bufete de abogados de New York presentó la demanda contra las empresas de distintas partes del mundo que robaron a Pdvsa. La demanda tiene petición expresa de juicio con jurado debido a la magnitud de los montos de dinero en litigio y cuya naturaleza la especifican así los demandantes: “Naturaleza de la acción: Estas acciones surgen de una conspiración en curso (Helsinge Enterprise) entre las compañías petroleras y comerciantes internacionales, sus bancos y conspiradores, incluidos agentes corruptos y funcionarios de la empresa pública de energía Pdvsa”

Fuente: Notinews Miami

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Cristina Fernández deberá comparecer ante juez este martes tras sumar nuevo procesamiento

CuentasClarasDigital/ Martes, 18 de Septiembre de 2018.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) deberá comparecer este martes, ante un juez por presuntos delitos de lavado de activos, luego de haber sumado hoy un nuevo procesamiento en el marco de otra causa en la que se le investiga por una red de sobornos en torno a la obra pública.

La exmandataria y actual senadora deberá declarar en tribunales de Buenos Aires ante el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa conocida como la “Ruta del dinero K” (Kirchner).

El magistrado había citado a declarar a Fernández el pasado día 4 luego de que un tribunal superior le ordenara al juez que convocara a la expresidenta a comparecer.

En el caso hay una veintena de personas -entre ellas el detenido empresario de la obra pública Lázaro Báez- acusadas por lavado de activos al haber montado supuestamente entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitió el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

A pesar de que la causa de la “Ruta del dinero K” llevaba tiempo en los tribunales, Casanello no había citado a Fernández a declarar como imputada hasta la orden emitida en agosto pasado por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires.

En la citación a declarar, Casanello cita la resolución de la propia Cámara que le ordenó convocar a Fernández, en la que se remarca la figura de Báez, acusado de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz que fueron adjudicadas a sus empresas constructoras.

Según la resolución, el empresario, dueño del grupo Austral y cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fue el encargado de “brindar el entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.

Según el tribunal, ese entramado también permitió sacar fondos de Argentina para “posteriormente reintroducirlos de manera que se ocultara su origen”.

La investigación judicial se inició hace cinco años, pero dio un giro en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.

Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco después junto a su hijo y otros presuntos implicados en la trama.

Fernández, de 65 años y que desde finales de 2017 goza de fueros como senadora, deberá presentarse en los tribunales en momentos delicados para su situación judicial, que se ha complicado este lunes con un nuevo procesamiento, el sexto que acumula.

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy con prisión preventiva a la expresidenta por presunta asociación ilícita en el marco de una causa que investiga una red de pago de sobornos en torno a la obra pública durante los Gobiernos de Kirchner y Fernández.

El magistrado también dictó el procesamiento de otros exfuncionarios gubernamentales y varios de los empresarios sospechados de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.

Con información de El Carabobeño

Bonos con Venezuela: un mecanismo de Kirchner que fomentó la corrupción

CuentasClarasDigital/ Martes 18 de Septiembre de 2018.- La venta de bonos de deuda pública argentina a la Venezuela entonces gobernada por el fallecido presidente Hugo Chávez alcanzó por lo menos unos 5.600 millones de dólares entre 2005 y 2008, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía, pero con tasas de interés que duplicaban lo que en esa misma época debían pagar naciones vecinas a sus prestamistas.

Fue el método aplicado por el kirchnerismo para conseguir financiamiento luego de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mientras se renegociaba la que aún permanecía con los acreedores privados conocidos como los “fondos buitre” o los llamados “holdouts” en la salida del default declarado por el país tras la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa y la crisis de 2001/2002. Ese financiamiento siempre estuvo en la mira porque habilitó maniobras oscuras que terminaron en sospechas de corrupción. Ahora Claudio Uberti declaró que hasta se repartieron coimas por esos negociados.

Venezuela compró títulos como el Boden 2012 -una ampliación de la emisión original de 2002 para salir del corralito financiero-, Boden 2015, Bonar 2010 y de los llamados Bonos del Sur.

De acuerdo con consultores privados, en 2005 el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner logró que el país caribeño adquiriera 1.563 millones de dólares de Boden 2012 y otros 2.865 millones de dólares al año siguiente a través del mismo tipo de título. Se trata de casi una cuarta parte de los bonos cancelados en 2012, al inicio del segundo mandato de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La operación sobre la que habló Uberti ante la Justicia en su condición de “imputado colaborador” sucedió en 2007, en coincidencia con su visita al país en plena campaña electoral que desembocó en la llegada de Cristina Kirchner a la Casa Rosada. Esa visita quedó en el recuerdo por los casi 800 mil dólares que se le encontraron en una valija al venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson cuando llegaba de Caracas en un vuelo privado alquilado por el Gobierno junto con Uberti.

En 2008, en una de las últimas operaciones de este tipo con el gobierno venezolano, se registró una compra de mil millones de dólares -correspondientes a Boden 2015- pero a una tasa de interés del 16% anual, casi la misma que se pagó en el megacanje de deuda en la administración De la Rúa y con Domingo Cavallo como ministro de Economía.

Fue el mismo año en el que el gobierno de Cristina Kirchner fracasó en la aplicación del esquema de aumento de retenciones a los exportadores de granos con el famoso voto “no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos en el Senado de la Nación tras una dura resistencia de las entidades que reúnen a los productores agropecuarios y protestas masivas contra la administración kirchnerista.

Con información de El Clarín

Brasil incautó US$ 16 millones al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial

 

CuentasClarasDigital/ Martes 18 de Septiembre de 2018.- Autoridades aduaneras de Brasil incautaron más de 16 millones de dólares en dinero en efectivo y joyas que portaba en su equipaje una delegación que acompaña al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, informaron medios locales el sábado por la noche.

La Policía Federal brasileña encontró 1,5 millones de dólares en una maleta, y relojes de lujo valorados en alrededor de 15 millones, en otra, según el diario Estado de S. Paulo.

Teodorin Obiang Nguema Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde hace 38 años, formaba parte de la delegación de 11 personas que aterrizó el viernes a bordo de un avión privado en el aeropuerto de Viracapos, en Campinas, cerca de Sao Paulo.

Según el canal brasileño TV Globo, la delegación no estaba en una misión oficial, por lo que solo Obiang tenía inmunidad diplomática. A los otros miembros les registraron el equipaje en la aduana y los sometieron a un interrogatorio, mientras el vicepresidente esperaba en un automóvil al lado del aeropuerto.

Dinero para un tratamiento
La ley brasileña obliga a declarar cantidades superiores a 10,000 reales (alrededor de 2,400 dólares) en efectivo cuando se entra en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño dijo a la AFP que “se mantiene comunicación permanente con la Policía Federal y el Servicio de Aduanas para seguir el caso y decidir sobre las medidas a tomar”, sin dar más detalles.

La Embajada de Guinea Ecuatorial en Brasilia no ha contestado a la solicitud de la AFP.

Según una fuente diplomática guineana citada por el Estado de S. Paulo, el vicepresidente Obiang portaba el efectivo para pagar un tratamiento médico que debía seguir en Sao Paulo. Los relojes, que llevan grabadas sus iniciales, serían para “uso personal” del hijo del presidente del país africano.

Otros cuestionamientos
Condenado en octubre de 2017 a tres años de prisión condicional en Francia por lavado de dinero y acusado de costear con fondos públicos un alto tren de vida, Teodorin ha visitado Brasil varias veces.

En 2015, asistió al famoso carnaval de Rio de Janeiro, cuando una escuela de samba desfiló con el país africano como temática. La escuela ganó el título, pero recibió fuertes críticas por haberse financiado supuestamente por el régimen del presidente Obiang.

Con información de RPP Noticias

Nacionalización de Sidor destaca en procesamiento de Cristina Fernández

 

CuentasClarasDigital/ Martes 18 de Septiembre de 2018.- La trama de la compleja nacionalización de una siderúrgica del grupo argentino Techint decretada en 2008 por el entonces presidente Hugo Chávez, destaca en el auto de procesamiento que hoy dictó un juez contra la exmandataria argentina Cristina Fernández.

El juez Claudio Bonadio procesó a Fernández y a otras 40 personas, entre exfuncionarios y empresarios, por una presunta red de sobornos, en su mayoría, ligados a la obra pública en Argentina, pero la resolución también incluye el traumático proceso de la nacionalización de Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

Según el juez, los funcionarios que integraban la asociación ilícita para recaudar dinero durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández (2007-2015), además de usar “la sola mención de sus cargos para obtener la entrega indebida de dinero, utilizaron diferentes maniobras ilícitas para lograrlo”, reseñó EFE.

“Entre ellas corresponde destacar los sucesos ocurridos con el grupo Techint en relación a su empresa Sidor”, dijo Bonadio en su resolución.

Según el fallo, Techint “realizó diversos pagos a funcionarios del Estado nacional en relación a Sidor, debiendo destacar que muchas de estas entregas de dinero coincidían con los días que era entregado dinero a Daniel Muñoz” (secretario personal de Kirchner) en el apartamento de Fernández en el barrio capitalino de Recoleta.

Gran parte de lo referido a Sidor en esta causa surge de la declaración ante el juez de Luis María Betnaza, director corporativo de Techint, el mayor conglomerado industrial de Argentina.

El empresario, que hoy fue procesado por Bonadio, declaró que en noviembre de 2005 en Mar del Plata, en el marco de la Cumbre de las Américas, se reunió con Chávez, Kirchner y Fernández, ocasión en el que el mandatario venezolano aseguró que Sidor no sería nacionalizada porque “estaban contentos con su desempeño”.

Betnaza declaró que entre 2003 y 2005, cuando la relación de Techint con el Gobierno de Kirchner era buena, “la relación con el régimen chavista fue razonable” y el grupo hizo “enormes inversiones” en Sidor.

Pero a finales de 2005, según su relato, se empiezan a ver los primeros “ataques por parte del régimen chavista”, lo que motivó que Techint pidiera al Gobierno argentino que intercediera ante Chávez “ante el peligro de nacionalización” y en ese contexto se realizó la reunión de Mar del Plata.

En 2007, en tanto, Techint entra en conflicto con el Gobierno de Kirchner por discrepancias en torno a obras de un gasoducto en el norte de Argentina y, según Betnaza, “a partir de ese momento se agravan los conflictos con Venezuela”, Chávez trata de “corruptos” a Techint y anuncia que va a nacionalizar Sidor.

Según el empresario, a ello siguió una escalada de “virulencia” contra la empresa que llegó a la “violencia física”.

Betnaza cuenta que, poco antes de la nacionalización, estando en Venezuela, el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales de Argentina, Claudio Uberti, le manifestó el “enojo” de Kirchner porque Techint “no contribuía económicamente” con su Gobierno.

“Ustedes no nos aportan nunca nada y el presidente Kirchner está muy enojado”, dijo Uberti según el empresario, quien le respondió: “El grupo Techint no hace negocios nunca con la política”.

Kirchner canceló entonces una visita programada a Sidor y regresó a Argentina y esa fue la “señal” para Chávez de que “tenía vía libre” para expropiar, cosa que sucedió poco tiempo después.

En abril de 2008 se declara finalmente la nacionalización de Sidor y, según Betnaza, Chávez y los “entes nombrados por él comienzan un hostigamiento” orientado a involucrar a la empresa en incumplimientos impositivos, ambientales y laborales.

Todo esto con el fin de “bajar el precio de la indemnización” por la expropiación de la compañía y para involucrar a los ejecutivos argentinos en acciones penales”.

“En el marco de esto es que pedimos ayuda al Gobierno nacional. Esto fue entre febrero y marzo de 2008”, relató el empresario, quien recurrió al entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, y a otros funcionarios de esa cartera.

Afirmó que entonces los interlocutores del Gobierno pidieron “un aporte” a Techint por las gestiones implicaban “gastos que el Gobierno argentino no tenía por qué afrontar”.

Betnaza alegó que la empresa accedió “por una cuestión humanitaria”, “por el peligro” que corrían los ejecutivos argentinos en Venezuela, y el dinero -“menos de un millón de dólares”- surgió de los dividendos de los accionistas de Techint.

En forma paralela, se negoció el monto de la indemnización “con la intervención de Cristina Fernández en varias reuniones” y quedó fijada en 1.970 millones de dólares, aunque la forma de pago se acordó luego con Alí Rodríguez, ministro de Energía venezolano, a quien Betnaza recuerda por su “honestidad intelectual notable” para con él.

Con información de El Carabobeño

Opinión | Carlos Tablante: La mordaza y el hambre

Publicado en CuentasClarasDigital el 18 de septiembre de 2018 

Prohibido nombrar a Alex Nain Saab Morán. Prohibido nombrar a Carlos Alberto Osorio Zambrano. Con estas decisiones absurdas y violatorias de los derechos humanos contra Armando Info (2017) y Cuentas Claras Digital (2016), la dictadura del hambre y la corrupción de Maduro quiere esconder la inmensa red de negocios ilícitos existente en la importación de alimentos que beneficia a su entorno.

Jueces convertidos en sicarios judiciales violan el derecho de los venezolanos a informar y estar informados. Persiguen a periodistas y medios, mientras Alex Saab entra a Miraflores como si fuera su casa y el general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación, sigue ocupando altos cargos.

Ambos han sido objeto de graves señalamientos. ArmandoInfo ha develado el monopolio de Saab y su socio Álvaro Pulido en la importación de alimentos para las cajas Claps. Por su parte, Carlos Osorio nunca acudió a la Asamblea Nacional para responder sobre las millonarias transferencias a cuentas en Suiza de sus cuñados, realizadas por el principal proveedor del ministerio de Alimentación durante su mandato, denunciado por Cuentas Claras Digital con contundentes pruebas.

En Estado Delincuente  (2013) y El Gran Saqueo (2016) también denunciamos los turbios negocios de Alex Saab con la empresa Fondo Global de la Construcción y con el Sucre. Dicha trama llevó a la fiscalía de Ecuador a formular cargos a la sucursal en ese país por constitución de compañías de fachada, simulación de operaciones societarias y de comercio exterior a través de exportaciones ficticias y sobre-facturación. A pesar de este prontuario, el empresario colombiano es el proveedor favorito de alimentos, medicamentos y mercancías varias del régimen de Maduro. Armando.Info ha realizado un extenso trabajo de investigación sobre Saab y sus oscuros negociados a raíz del cual sus periodistas han sido perseguidos judicialmente, el portal ha sido bloqueado en Venezuela y finalmente Conatel – órgano del Poder Ejecutivo – en un claro y vergonzoso acto de censura previa, ha prohibido a los medios nombrar a Alex Saab, el protegido de Maduro.

En el portal CuentasClarasDigital.org informamos sobre las irregularidades encontradas en el ministerio de Alimentación y en CASA durante la gestión de Carlos Osorio lo que desató una persecución judicial en mi contra. Hoy el medio está bloqueado en Venezuela por Maduro, al igual que otros portales digitales como La Patilla, El Pitazo, El Nacional y Tal Cual, Informe21, Noticiero Digital, entre otros, que regularmente sufren los ataques del régimen que sólo persigue la impunidad para sus cómplices.

La unión de decenas los medios venezolanos y extranjeros en torno al caso de ArmandoInfo y en general en defensa de la libertad de expresión y el derecho a informar de los venezolanos, ha sido ejemplar y debe mantenerse y ampliarse. No solo los periodistas sino los ciudadanos en general a través de sus redes sociales y blogs personales deben servir de multiplicadores de la información que el régimen trata de ocultar.

En la lucha contra la dictadura del hambre y la corrupción, no vamos a callar!

@TablanteOficial