Carlos Tablante: Detenciones exprés y ajuste de cuentas

No cabe duda que con la detención de Alex Saab en Cabo Verde, Maduro se hunde en la cloaca de la corrupción en medio de conspiraciones y traiciones. Todos los que hacen parte de la cleptocracia que se adueñó de Miraflores están bajo sospecha y vigilados por la lupa de G2 cubano.

Los allanamientos de oficinas y viviendas familiares, las retenciones por horas, por días, sin protocolo judicial y sin información pública, conforman parte de la estructura criminal de la disputa por el botín en el que han convertido al patrimonio de todos los venezolanos.

El pasado jueves, luego de dos días de rumores, confirmamos por la vía de varias fuentes confiables la retención y “alojamiento”, en una casa de Caracas utilizada por el Dgcim, de Simón Zerpa, vicepresidente de Economía y Finanzas, presidente del BANDES, director externo de Pdvsa, ex secretario ejecutivo del FONDEN y ex comisionado para el Fondo Chino Venezolano. 

Durante la “entrevista” de varias horas que le realizaron los funcionarios, los temas habrían sido varios, entre otros, Pdvsa y Alex Saab. En cuanto a este último, al parecer, las preguntas fueron sobre un supuesto comentario imprudente que habría realizado el vicepresidente de Finanzas sobre el viaje secreto que Saab estaba realizando cuando fue arrestado en Cabo Verde.

Quiero recordar la estrecha relación que existe entre Saab y Zerpa. Estamos hablando, por un lado, del principal proveedor y contratista de Maduro y por el otro, de quien paga las facturas, que conoce muy bien el mapa financiero del régimen y por lo tanto, tenía información de las rutas y medios utilizados por Saab para vender los recursos de Venezuela (petróleo, oro, coltán, diamantes, etc.) a precio de remate y al mismo tiempo realizar compras especulativas de productos de mala calidad, cercanos a su caducidad y/o a altos precios (gasolina, alimentos, medicamentos, etc.). Alex Saab era el contratista vende tutti, el que compraba y vendía de todo, al tiempo que repartía comisiones, sobornos e inclusive parte del negocio.

Sin entrar en detalles, Saab, como proveedor exclusivo y principal contratista del Estado delincuente, así como operador financiero y testaferro de Maduro, es un componente clave de la estructura de poder en la que se soporta el régimen.

De manera que su extradición a EEUU y su enjuiciamiento, que se concretarían en los próximos días y que Maduro está tratando de evitar a como dé lugar convirtiéndolo incluso en funcionario público y otorgándole pasaporte diplomático, sería un golpe decisivo.

Las detenciones extrajudiciales con fines de extorsión política y/o económica que realizan los organismos de seguridad e inteligencia del régimen sobre altos funcionarios y sus enchufados o testaferros ya es común en el paisaje de la cleptocracia venezolana. Voy a recordar otros casos.

Una de las primeras detenciones exprés se produjo el 11 de diciembre de 2016. En horas de la noche de ese domingo se conoció de manera extraoficial que un banquero cercano al régimen – conocido como “el banquero rojo” – había sido detenido en Maiquetía e interrogado en la sede del Sebin en Caracas por más de dos horas antes de ser liberado. Según los periodistas que revelaron la información a través de redes sociales, la “entrevista” versó sobre aspectos pendientes en la intermediación del banquero en el intento del régimen de comprar una de las últimas televisoras independientes. En el pasado se había señalado su papel en la adquisición de otros medios como la Cadena Capriles (Últimas Noticias, El Mundo, Líder), para ponerla al servicio de la hegemonía comunicacional del autócrata Maduro.

En diciembre de 2017, una comisión del Dgcim por orden de Tarek W. Saab mantuvo retenido en el aeropuerto de Maiquetía a Alejandro Betancourt López, uno de los grandes beneficiarios de los ilícitos cambiarios de Pdvsa y los contratos de la emergencia eléctrica, cuando se disponía a salir del país. El presidente del TSJ ilegítimo, Maikel Moreno, en conjunto con Raúl Gorrín, intercedieron a favor del jefe del grupo conocido como los boli-chicos. Previamente, el organismo militar había allanado las oficinas de Betancourt quien finalmente logró huir a Madrid.

El 15 febrero este año, se produjo la detención de Francisco Convit, otro boli-chico, también en el aeropuerto de Maiquetía desde donde pretendía viajar a la Isla de Margarita. Luego de dos días retenido en el Sebin, fue liberado y aún permanece en Venezuela de donde no puede salir porque tiene una orden de captura de la justicia de EEUU por su implicación en causas relacionadas con el lavado de dinero y la violación de la Ley de Prácticas Corruptas de ese país.

Otra detención peculiar, más no exprés, es el caso de Diego Salazar Carreño, operador de la red de corrupción que estableció en Pdvsa Rafael Ramírez, ahora enemigo de Maduro, que luego de varias horas de ruleteo por parte de los organismos de seguridad del régimen, terminó detenido en El Helicoide donde continúa preso.

Más recientemente, Franklin Durán quien estuvo involucrado en el caso del maletín de Antonini Wilson, convertido en uno de los operadores financieros de Maduro, fue detenido en extrañas circunstancias y acusado de ser un doble agente, de conspirar y traicionar a la “revolución” y por su supuesta financiación de la llamada Operación Gedeón.

Las detenciones exprés son utilizadas por Maduro y su entorno como parte de los ajustes de cuenta necesarios para mantener el control autoritario y hegemónico de Venezuela donde la institucionalidad democrática y la transparencia, que es su esencia, han sido aplastadas por la mentira de esta dictadura del hambre y la corrupción.

Fuente: Cuentas Claras Digital

Un fondo patrimonial para los venezolanos: La propuesta de Leopoldo López y Gustavo Baquero

Leopoldo López y Gustavo Baquero, autores de la obra Venezuela energética: propuesta para el bienestar y progreso de los venezolanos (2017), han puesto en el debate nacional, regional e internacional, una propuesta que intenta innovar en la relación tradicional de distribución de la renta petrolera, mediante la creación del Fondo Patrimonial de los Venezolanos (FPV).

El análisis se inserta en un momento histórico complejo, particularmente porque se trata del país con una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que durante muchas décadas, a partir de 1943, estuvo liderando, junto a Estados Unidos y México, la lista de los principales productores y exportadores de petróleo; sin embargo, en la actualidad su portentosa industria petrolera se encuentra en una situación de crisis inédita, caracterizada por la pérdida constante de su producción y sometida a medidas de restricción de sus exportaciones, como parte de una crisis mayor que sacude al país caribeño.

Como consecuencia de esta grave situación, que además ha tenido un efecto directo en las constantes y recurrentes fallas del sector eléctrico, pueden explicarse en gran medida las dificultades económicas, sociales, políticas, militar y de migración que atraviesa Venezuela.

Como punto previo quisiera destacar también que Venezuela energética se publica en un país con una tradición y fecundidad literaria muy particular acerca del tema. De hecho, sobre el aspecto central de la obra otros autores han desarrollado propuestas similares pero con distintos matices. Me refiero al libro El petróleo como instrumento de progreso. Una nueva relación Ciudadano-Estado-Petróleo, de los académicos Pedro L. Rodríguez S. y Luis R. Rodríguez P. En este sentido cabe mencionar que, para el análisis de la obra en comento, fue necesario realizar una revisión bibliográfica comparada para la verificación de los valiosos datos aportados.

La obra de López y Baquero, convertida en bibliografía de obligatoria consulta, representa un esfuerzo extraordinario que contextualiza los éxitos y fracasos de la industria petrolera venezolana (IPV), con la mirada puesta en un modelo novedoso, donde los beneficiarios principales deben ser sus accionistas originarios; es decir, todos los venezolanos y, en ese sentido, la propuesta puede ser vista desde diferentes perspectivas. Desde categorizarla como un sueño o una utopía, hasta concebirla como una hoja de ruta que lleva implícito un proceso de transformación político, financiero, tecnológico, social, cultural y geopolítico, para alcanzar lo que Leopoldo y Gustavo han llamado la mejor Venezuela. De cualquier modo, encarna un análisis y un estudio agudo que ha puesto sobre la mesa una cuestión clave que debe considerarse.

La obra está dividida en tres partes. La primera titulada “Los primeros 100 años”, aborda históricamente un período de diez décadas, desde el otorgamiento de las primeras concesiones y el consecuente control absoluto de todas las actividades por parte de las compañías transnacionales, pasando por las incipientes iniciativas de participación del Estado, hasta lograr los primeros beneficios fiscales importantes, mediante el diseño de la política del fifty–fifty, a partir de 1945 (pp. 64-70).

Hechos internacionales, como la crisis generada por la nacionalización de la industria petrolera mexicana y la Segunda Guerra Mundial, que excluyó a México como proveedor seguro de los aliados, convirtieron a Venezuela en el principal suministrador de crudo en el conflicto, de lo cual se derivaron inimaginables beneficios económicos para el país. En este proceso la IPV pasó a ser manejada exclusivamente por los venezolanos (a partir de 1976), hasta alcanzar el zénit mediante la internacionalización y consolidación como una de las industrias más eficientes y mejor gerenciadas del mundo (pp. 91-103).

En la segunda parte, denominada “Entorno energético mundial, potencial de Venezuela y desempeño de la Pdvsa actual”, los autores se centran en analizar la vigencia del petróleo como motor de la economía mundial y el papel que juega y seguirá jugando la IPN para Venezuela, no sin dejar de considerar los aspectos esenciales que explican el desempeño actual de la misma (pp. 140-159).

En la tercera parte, llamada “La propuesta”, los autores desarrollan su visión de cómo instituir un FPV, entendida en el marco de un nuevo esquema de distribución de las riquezas provenientes de la explotación y comercialización de hidrocarburos, donde cada venezolano mayor de edad recibiría una alícuota en divisas para cubrir necesidades como: a. Póliza de hospitalización, cirugía y maternidad; b. Garantías financieras para obtención y/o remodelación de viviendas o para gastos educativos y c. Fondo de ahorro para pensión (pp. 263-279).

La propuesta, no obstante, debe afrontar unos desafíos que probablemente los autores no imaginaron y tiene que ver con la magnitud de la crisis económica del país y de la IPN en particular. Por lo tanto, para pensar en su viabilidad, antes hay que enfrentar una serie de variables conocidas y otras por conocerse, que exigirán de manera urgente la inversión de miles de millones de dólares, lo que podría afectar, sin duda alguna, la posibilidad de financiar el proyecto del FPV formulado por los autores.

Entre tales variables podemos destacar

1. La necesidad de contar con inmensos recursos financieros para:

a. La reconstrucción y reestructuración de la Industria Energética Nacional (petróleo, gas y electricidad).

b. Enfrentar los altos costos de la deuda externa.

c. La reconfiguración de otros servicios públicos básicos, como agua, saneamiento, salud y vivienda, entre otros.

d. El costoso precio de combatir y reducir los altos niveles de pobreza y pobreza extrema.

2. Transformaciones en los ámbitos legal y comercial:

a. Modificación de relaciones contractuales con países del ALBA, Petrocaribe y el Fondo Chino, que producen grandes pérdidas y daños patrimoniales al país.

b. Enfrentar las demandas contra PDVSA y sus filiales a nivel internacional y los altos costos que ello genera.

c. Recuperación de mercados petroleros perdidos.

d. Rescate del propio mercado interno de derivados de hidrocarburos.

3. Nuevos escenarios en el ámbito geopolítico:

a. El surgimiento de nuevos competidores en la región, como Brasil, que se apuntala como gran exportador de petróleo, Estados Unidos, que ya se ha convertido nuevamente en una potencia petrolera, México que aspira a recuperar su sitial como exportador de crudo, y Canadá, que ya ha asumido ese rol penetrando el mercado norteamericano.

b. El crecimiento de las energías renovables en el mundo, que han demostrado no solo el potencial y la viabilidad económica, sino que ya constituyen una opción clara en el mediano y largo plazo de muchos países que hoy demandan hidrocarburos.

c. Las prohibiciones de circulación de vehículos diésel en grandes ciudades europeas y la presión sobre los vehículos a gasolina, que antes de 2040 deberían dejar de circular en muchas ciudades del mundo, particularmente en Europa.

d. Descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos.

4. Innovaciones en el ámbito tecnológico:

a. Las nuevas tecnologías están modificando, a través de nuevos equipos y maquinarias más eficientes, los patrones de consumo de hidrocarburos.

b. El avance de la cultura del ahorro energético afectará cada vez más la movilidad y el consumo de petróleo, gas y carbón.

c. El avance de las tecnologías alternativas para el uso en el transporte, como la electricidad, reducirán los mercados de derivados de hidrocarburos.

d. El avance de las baterías de almacenamiento de energía eléctrica afectará también el consumo de derivados de petróleo.

5. Adaptaciones normativas en el ámbito nacional y global:

a. Las presiones y compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París y otros instrumentos jurídicos, que comprometen a los estados a reducir sus Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EGEI) para proteger la vida sobre el planeta y enfrentar el cambio climático, se corresponden con la ruta que marcan el desarrollo sostenible y la agenda 2030, que pretende acelerar y consolidar un nuevo modelo de generación y consumo de energía en la cual se descartan las energías fósiles.

b. La legislación nacional, que incorpora estándares internacionales en materia ambiental para reducir las EGEI.

c. El activismo judicial ambiental y climático y el papel central que están jugando muchos jueces, tomando medidas para enfrentar los daños ambientales y proteger la salud y la vida de las personas, tendrán efectos importantes en el desarrollo de nuevos proyectos energéticos.

Indudablemente que la propuesta realizada por López y Baquero es desafiante y se suma a diversas iniciativas que buscan una salida y plantean un mejor futuro para todos los venezolanos. Sin embargo, como sugieren los propios autores, la creación de un FPV, debido a sus múltiples implicaciones, debe ser ampliamente analizada y discutida, particularmente porque encarna un nuevo paradigma en una realidad que le es muy adversa. Incluso sería aconsejable examinar si un fondo como el propuesto podría integrarse también con recursos provenientes de otros campos, en los cuales Venezuela cuenta con colosales riquezas naturales. El país, aparte de hidrocarburos, dispone de minerales de alto valor, como hierro, aluminio, oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros, que están siendo sometidos a las mismas presiones de una explotación no sostenible, como la que actualmente padece la industria de los hidrocarburos, tal como se aprecia de los análisis de los autores (pp. 145-156).

Finalmente me gustaría incorporar a la agenda de debate sugerido por los autores, la necesidad de pensar en un nuevo modelo político que vaya acoplándose al proceso de transición energética que Venezuela debe iniciar muy pronto. Dicho proceso, centrado en el modelo energético del futuro, cimentado en las energías renovables y descentralizado, debe responder a otro tipo de relaciones políticas y de gobernanza, teniendo a la descentralización administrativa y de gestión como eje principal.

Fuente: Revista EPE

Carlos Tablante | La campaña contra Monómeros: Se le ve la costura al senador Name

El senador José Name Cardozo solicitó al presidente Iván Duque la intervención de la empresa Monómeros ubicada en Barranquilla – filial de Pequiven – por supuestos malos manejos de la directiva nombrada por Juan Guaidó. De su denuncia se hizo eco de inmediato el grupo de medios digitales y páginas web del régimen de Maduro y los que responden a la oposición radical enfrentada a Guaidó.

Resulta sorprendente que el mismo senador colombiano que hace un año pedía al presidente interino de Venezuela que nombrara con urgencia una nueva directiva al frente de una de las empresas más importantes de Colombia, para “salvarla de la corrupción madurista”, ahora reclame que sea intervenida cuanto antes para que “regrese a sus buenos caminos”.

Los “buenos caminos” de la empresa petroquímica Monómeros bajo la administración de la Pdvsa roja-rojita quedaron expuestos en el informe presentado por la nueva junta directiva, el cual devela una serie de irregularidades que mantenían a la empresa en números rojos y con serios problemas de reputación.

Entre los hallazgos del informe figuran los que ya son comunes en la administración chavista de las empresas públicas y que no sorprende a nadie: concentración inadecuada de poder en determinados funcionarios, duplicación de funciones, nombramientos irregulares, auditores y comités técnicos disminuidos y sin acceso a la información, irregularidades con las cajas de efectivo, ventas de inmuebles violando las normas, contratos millonarios de alquiler de aeronaves para usos ajenos a los fines de la institución, créditos sin respaldo, anticipos y avances a clientes en detrimento de la empresa, demandas por incumplimiento de contratos, etc.

Todo esto llevó a que Monómeros registrara una pérdida de 20 millones de dólares en 2018. A pesar de ello, la directiva de Maduro repartió igual cantidad de dividendos entre los accionistas, siendo el principal, Pequiven.

Las irregularidades de Monómeros asociadas a los turbios e ilegales manejos desde Caracas no eran nuevos. Desde el comienzo, Chávez utilizó políticamente a la empresa afincada en departamento del Atlántico para proyectar su influencia dentro del espacio político colombiano, lo cual llevó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a abrir una investigación sobre el financiamiento ilegal de Monómeros a Piedad Córdoba, amiga del seudo empresario Alex Saab, cuestión que la propia senadora reconoció en 2008.

En la larga historia de la empresa desde su fundación en los años 60, Monómeros, como otras empresas del Estado colombiano, ha sido relacionada con los principales grupos de poder del departamento del Atlántico como los Gerlein, los Ashton, los Char y los Name, familias de empresarios que incursionaron en la política convirtiéndose en los mayores contratistas públicos.

En el caso específico de Monómeros, es bien conocida la estrecha relación del senador José David Name Cardozo con Reginaldo Pérez, dueño del grupo empresarial Merco, al cual ha agradecido públicamente “el respaldo y apoyo recibido durante tantos años”, como afirmara a través de redes sociales durante su campaña al senado de 2018.

Uno de los aspectos más escandalosos de la auditoría realizada por la nueva administración de Monómeros fue descubrir que el setenta por ciento (70%) de los contratos de operación estaba en manos de un solo grupo empresarial que habían sido otorgados sin cumplir a cabalidad los procesos de licitación y con tarifas diferentes a los valores del mercado.

Se trata del Grupo Merco – con sucursales en EEUU (Florida), Venezuela y Ecuador – compuesto por veintidós empresas, entre ellas, Consorcio Merco Logistic Group, Opermec Andinos, Ingeopro y Servitransa, que concentraban las labores estratégicas de Monómeros generando una dependencia operacional inconveniente y un alto riesgo, que la nueva directiva decidió terminar. 

En 2011 le habían sido adjudicados en forma directa contratos en las áreas de mantenimiento (mecánico, eléctrico, etc.), logística, alquiler de equipos, operaciones portuarias, transporte, etc., que luego fueron renovados en 2015 por tres años más en supuestos procesos licitatorios donde solo participaron las empresas del grupo Merco. En 2017, fueron renovados de forma anticipada con ajuste de precio por tres años más, excediendo los lapsos establecidos por la propia junta directiva.

Monómeros estaba bajo el control de Pequiven, y por lo tanto de la Pdvsa roja-rojita de Rafael Ramírez, desde 2006 cuando Álvaro Uribe se la vendió a Hugo Chávez. Se trata de una empresa fundada en la presidencia de Carlos Lleras en 1967 y en la que estuvieron como socios el Instituto de Fomento Industrial (IFI), Ecopetrol y el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP). En 1968 ingresó como accionista la empresa holandesa Stamicarbon, y en 1985 se transformó en una multinacional andina, al acogerse al Acuerdo de Cartagena. En 2006 las empresas colombianas Ecopetrol e IFI vendieron sus acciones a Pequiven, así como también los holandeses, quedando como únicos socios los venezolanos.

Entre las primeras medidas de la directiva de Guaidó que tomó posesión en abril de 2019, luego del reconocimiento de Duque a la presidencia de Guaidó, estuvo la de actualizar la política y los procedimientos de licitación en busca de mayor transparencia y diversificación. La lista de proveedores y contratistas aumentó en mas de 300 empresas, incorporando compañías de larga y reconocida trayectoria en la región.

Sorpresivamente, el senador Name ha dejado de apoyar a la nueva administración de Monómeros, que ahora considera un peligro para Colombia, y ha desatado una campaña de opinión que, por supuesto, ha sido recibida con beneplácito por la maquinaria comunicacional del régimen de Maduro.

El senador Name entró en política siguiendo los pasos de su padre José Name Terán, uno de los caciques políticos de la región, fundador del Partido de La U de Álvaro Uribe en 2005, considerado por muchos como símbolo del clientelismo y de la política regional tradicional. La familia Name desarrolló un emporio en torno a las concesiones de infraestructura. José David Name militó en el partido de La U, durante los ocho años del gobierno de Santos, para ser luego uno de los primeros en saltar a la coalición de gobierno encabezada por Duque. En 2012, la Corte Suprema le abrió una investigación por sus presuntos vínculos con el bloque norte de las autodefensas que operaba en el departamento del Atlántico.

Sin duda, se trata de un perfil ideológico y político muy diferente al de quienes administraron Monómeros en la era chavista y luego en la madurista que, sin embargo, no le impidió al senador salir en defensa de una gestión cuestionada pero que tenía como principal proveedor y contratista a la empresa de su amigo personal y financista, Reginaldo Pérez.

Se le ve la costura al senador Name.

Hemos sabido que la actual directiva ha solicitado una investigación ante las autoridades competentes de Colombia. La gestión de Monómeros, como empresa pública, debe ser transparente y estar sometida al escrutinio de los ciudadanos. Cualquier supuesta irregularidad tiene que ser investigada y aclarada.

Fuente: Cuentas Claras Digital

La misteriosa muerte del exdirectivo de Pdvsa implicado en corrupción con exembajador español

Juan Carlos Márquez, exdirectivo de Pdvsa durante el gobierno de Hugo Chávez, quien colaboraba con la justicia española en el caso sobre la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, presuntamente se quitaría la vida para no declarar más.

Según informaron fuentes de investigación del caso a la agencia de noticias EFE, el Tribunal español pidió confirmar la causa de su fallecimiento, ya que su cuerpo fue encontrado sin vida en España este lunes 22 de julio, con signos de un posible suicidio.

Juan Carlos Márquez estaba en libertad con medidas cautelares, ya que confesó ante la Audiencia Nacional de España, los hechos de corrupción de Raúl Morodo a través de la estatal Pdvsa.

El Pitazo reseña en Claves el caso de corrupción entre exdirectivo de Pdvsa y el catedrático de Derecho Constitucional

1) Juan Carlos Márquez, quien residía en Venezuela con nacionalidad española, era el secretario general de Entes Corporativos de Pdvsa y fue quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones de dólares con Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, por supuestas asesorías.

2) Juan Carlos Márquez se hallaba en busca y captura desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de España, destapó el 20 de mayo una trama de blanqueo de capitales que se saldó con la detención de Alejo Morodo, su socio Carlos Prada Gómez y las esposas de ambos.

3) Para aflorar los millones en España, los Morodo y sus socios en Pdvsa, hicieron pasar el dinero por Panamá y otros países latinoamericanos.

4) Las investigaciones comprueban que Alejo Morodo Cañeque, bajo la sombra de su padre, cobró al menos cuatro millones de euros a Pdvsa, a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013.

5) Todos los contratos entre la petrolera y Alejo Morodo fueron firmados en representación de Pdvsa por Juan Carlos Márquez Cabrera, según documentación en poder del diario español El País.

6) El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo se firmó el 18 de agosto de 2008. Se hizo entre Juan Carlos Márquez Cabrera, en representación de Pdvsa, y la sociedad Aequitas Abogados Consultores Asociados SL, con domicilio en la madrileña calle Fortuny. En el documento se establecía que Alejo Morodo cobraría 700.000 euros (660.000 en concepto de honorarios profesionales y 40.000 por gastos reembolsables).

7) El 20 de agosto de 2011, un nuevo contrato de Pdvsa, representada por Juan Carlos Márquez, se firmó con la sociedad panameña Furnival Barristers Corp, representada por Alejo Morodo en calidad de apoderado. En esta ocasión la cantidad fue 526.880 euros.

7) Juan Carlos Márquez era uno de los hombres de la máxima confianza de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa durante el mandato de Hugo Chávez. Rafael Ramírez y Raúl Morodo mantuvieron una amistad durante 2004 y 2007, cuando Morodo fue nombrado embajador en Caracas. Los contratos se suscribieron entre 2008 y 2013.

Fuente: https://elpitazo.net/politica/claves-la-misteriosa-muerte-del-exdirectivo-de-pdvsa-implicado-en-corrupcion-con-exembajador-espanol/

Maduro usa las tasas aeroportuarias para burlar las sanciones de EEUU

Este año Estados Unidos arrancó con fuerza el proceso para desalojar definitivamente a Nicolás Maduro de la presidencia. Ninguna de las sanciones aplicadas de manera individual contra funcionarios del régimen había causado tanto daño económico al chavismo como la sanción contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que entró en vigor el pasado 29 de enero. Esta sentencia bloqueó todas las propiedades y activos de Pdvsa bajo jurisdicción estadounidense y prohibió las transacciones de individuos estadounidenses con la compañía. La medida busca asfixiar directamente la billetera de Maduro con la que sortea la crisis política y económica del país.

A pesar de su público y notorio declive -de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000-, Pdvsa es la única empresa nacional que aún genera dólares al Gobierno de Venezuela y le permite continuar con las misiones sociales y el reparto de las cajas de alimentos (CLAP) al pueblo. Pero EE.UU. sabe que Maduro intenta eludir las sanciones a través del uso de la criptomoneda venezolana «Petro». Así lo afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnunchin, cuando prohibió en marzo «cualquier transacción económica vinculada al sistema financiero estadounidense con cualquier moneda digital que haya sido emitido por el Gobierno de Venezuela a partir del año 2018».

La App, Jetman Pay

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) fue la primera herramienta víctima del plan de Maduro para obtener divisas y burlar las sanciones impuestas por EE.UU. En febrero de 2018 se implementó un sistema automatizado para la recaudación de impuestos con la tapadera de «facilitar a las aerolíneas el acceso y pago de servicios operacionales».

Según el contrato de representación al que tuvo acceso ABC, suscrito y efectivo desde el 1 de noviembre de 2017, la compañía estadounidense BCDA Aeronautical Solutions LLC constituida en el estado de Florida, bajo el # L16000037346 y domiciliada en el 12677 NW 14th Sunrise FL 33321, autoriza a su representante venezolana Barracuda Soluciones Aeronáuticas C.A., domiciliada en Caracas e inscrita en el registro mercantil el 16 de octubre del año 2014, a operar como distribuidor autorizado y exclusivo para el manejo de aerolíneas, aviones privados y de carga dentro del territorio venezolano. La compañía matriz (de Florida) y su filial venezolana pertenecen a la misma familia. La primera a Elena Romero de Lovera, esposa de Ángel Alberto Lovera Romero, un piloto de aviones venezolano, dueño de la segunda.

Poco se sabe de Ángel Lovera y sus vínculos con el régimen de Maduro. Su perfil en Linkedin muestra que es un piloto comercial y privado graduado en la Escuela de Aviación Militar de Venezuela en el año 2006 y es el fundador de la aplicación digital Jetman Pay, que permite hacer pagos de servicios relacionados con la aviación. Además, es el vicepresidente de BCDA Aeronautical Solutions.

Lovera diseñó Jetman Pay para recibir los pagos de impuestos aeronáuticos y turísticos de todas las aerolíneas y aviones privados y de carga que operan en el aeropuerto de Maiquetía. En la nota de prensa oficial dice que este sistema «permitirá al IAIM facturar al instante los derechos operacionales por servicios aeroportuarios generados por las aeronaves nacionales e internacionales y girar el pago en bolívares y moneda extranjera».

Ante el bloqueo de EE.UU. de las cuentas del chavismo en ese país, los impuestos aeronáuticos provenientes de las aerolíneas internacionales que continúan viajando a Caracas se están recogiendo por medio de esta aplicación. A través de billeteras digitales (wallets) convierten el pago en bitcoins, un tipo de criptomoneda (al cambio del día 1 bitcoin equivale a 9.228,12 euros) y los desvían a cuentas en el exterior. Según fuentes del aeropuerto consultada por este periódico, las bitcoins las transfieren a casas de cambio internacionales ubicadas en Hong Kong, Rusia, China y Hungría y, posteriormente, ellas transfieren los dólares a cuentas del Gobierno venezolano en estos países. Un adendum (modificación a un certificado de inscripción) al que tuvo acceso ABC, firmado por el director general del IAIM, almirante Carlos José Viera Acevedo, y el director de Barracuda Soluciones, Ángel Lovera, establece que el Aeropuerto de Maiquetía retiene a su favor el 2% sobre el monto recaudado, al igual que la compañía intermediaria.

Repostaje de gasolina

«En lo que va de año, el Gobierno venezolano no ha recibido ni un dólar por rellenar los tanques de gasolina porque las aerolíneas no tienen cómo pagar el servicio debido el bloqueo de las cuentas de Pdvsa», dice la misma fuente, que asegura también que Caracas ha ordenado repostar el combustible para no terminar de aislar al país con la fuga de aerolíneas.

Debido a la falta de ingresos provenientes de esta actividad, Maduro ya está en negociaciones para trasladar el mismo sistema Jetman Pay al repostaje de combustible. Según la información que maneja este diario, el contrato será firmado en breve por Barracuda Soluciones Aeronauticas C.A., filial de la compañía norteamericana BCDA Aeronautical Solutions y Petróleos de Venezuela, pese a la prohibición estricta de la Administración de Trump de hacer negocios con compañías venezolanas. El negocio funcionaría de la siguiente manera: aterriza un avión en Maiquetía; por la aplicación Jetman Pay las aerolíneas transfieren los dólares para repostar combustible. Pdvsa rellena el depósito y luego liquidan el dinero a través del mismo procedimiento que hacen con las tasas aeroportuarias. Barracuda C.A. se queda con un porcentaje, el resto lo transfiere a cuentas de Pdvsa en el exterior y así el Gobierno recupera el dinero.

Todo este procedimiento está regulado por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), que está adscrita a la vicepresidencia económica a cargo de Tarek el Aissami. El director de la Sunacrip es Joselit Ramírez, mano derecha de El Aissami y anteriormente su secretario cuando El Aissam era vicepresidente. La Sunacrip fue creada por Maduro para poner en marcha el «Petro». Hasta el momento esta manera de recaudar impuestos funciona solamente en el aeropuerto principal de Caracas, pero existen planes de proyectarlo a las demás terminales nacionales y al puerto de La Guaira.

Fuente: https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-tasas-aeroportuarias-para-burlar-sanciones-eeuu-201907212232_noticia.html

 

Ex comisario español Villarejo declara que Podemos le pidió desbloquear en Africa una gran suma de dinero chavista

Cuentas Claras Digital, 8 de mayo de 2019.-

El ex comisario José Villarejo, en un escrito presentado en la Audiencia Nacional, afirma que miembros de Podemos le pidieron ayuda para que desbloqueara en un banco de un país africano “una importante suma” de dinero, que procedía del chavismo venezolano, para poder repatriarlo a España.

Manuel González sería otro de los testigos claves para Villarejo. El abogado comunista y dirigente del PCE en la época de Carrillo fue para el ex comisario el intermediario que “abrió los contactos a Monedero y otros dirigentes de Podemos en el entorno de la cúpula bolivariana y obtuvo, sin embargo, un trato desabrido, una vez que consiguieron ganar la confianza de Chávez”.

Erik Malpica Flores recibió millonario soborno a cambio de autorizar la Operación Fuga de Dinero de $1.200 millones de Pdvsa

Esta nota fue publicada originalmente en CuentasClarasDigital.org el 26 de agosto de 2018.-

Erik Carlos Malpica Flores fue sobornado para aprobar la operación de 1.200 millones de dólares de Pdvsa, centro de la denominada Operación Fuga De Dinero que se ventila en un tribunal de sur de la Florida.

Malpica Flores, quien para el momento se desempeñaba a la vez como vicepresidente de Finanzas de la petrolera  y tesorero nacional, recibió parte de los 511 millones de euros de las ganancias que obtuvo el grupo de delincuencia organizada financiera que hoy enfrenta cargos por lavado de dinero en EEUU.

En su declaración de culpabilidad, el banquero Matthias Krull, ex director del banco suizo Julius Baer, señaló a Erik Malpica Flores, identificado en la acusación como “Oficial Venezolano 1” y Vice presidente de Pdvsa, de haber recibido sobornos a cambio de autorizar el fraudulento préstamo de  7.2 mil millones de bolívares (35 millones de euros) de Rantor Capital CA a la petrolera en diciembre de 2014. Como se sabe, posteriormente ese préstamo fue traspasado a la empresa Eaton Global que al final terminó obteniendo 511 millones de euros de ganancias gracias a las fraudulentas operaciones en base al diferencial cambiario. Ambas empresas son de Raúl Gorrín Belisario.

Los integrantes del grupo de delincuencia organizada financiera involucrados en el esquema de lavado de dinero acordaron repartirse los 511 millones de euros de la siguiente manera, según señala Matthias Krull en su declaración :

227 millones de euros fueron para Francisco Convit Guruceaga (“Boli”) y un sujeto identificado como “Conspirador 2”. Convit le dio a la “Fuente Confidencial” (el colaborador de Fiscalia de EEUU) 78 millones de Euros con instrucciones de ser repartidos a dos de los nueve acusados hasta ahora: Carmelo Urdaneta Aquí y Abraham Ortega (ex asesor legal de Pdvsa), además de a los “Conspiradores 1 y 3” y al “Oficial Venezolano 1”, es decir,  Erik Malpica Flores.

Los otros 227 millones de euros fueron para Raúl Gorrín (Conspirador 7) que a su vez le dio 159 millones de Euros a los denominados “Chamos” es decir, los hijos de Cilia Flores: Yosser Gavidia Flores, Walter Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores. Gorrín se quedó con 68 millones de Euros.

Matthias Krull se declaró culpable de lavado de dinero y enfrenta una sentencia de diez años de cárcel ademas de una multa de 250.000 dólares y la confiscación de todos los bienes y propiedades obtenidos con los recursos involucrados en la trama.

Lea aquí la declaración de culpabilidad de Matthias Krull

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Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se declara culpable en EEUU

Nota publicada originalmente en CuentasClarasDigital el 23 de agosto de 2018.- 

El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de millones de dólares de PDVSA, delito en el que también está involucrado Francisco Convit Guruceaga, directivo de Derwick Associattes y por lo menos dieciséis personas más.  Así lo dio a conocer mediante un comunicado oficial el Departamento de Justicia de ese país.

Lea también: Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” (Fuga de Dinero) develó trama milmillonaria de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa

A continuación el comunicado oficial del Departamento de Justicia de EEUU.

Oficina de Asuntos Públicos

Miércoles, 22 de agosto de 2018

El ex ejecutivo del Banco suizo se declara culpable de participar en un plan de lavado de dinero internacional por valor de miles de millones de dólares que involucra fondos desviados de la petrolera estatal venezolana

El ex director gerente y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable hoy por su papel en un plan internacional de miles de millones de dólares para lavar fondos malversados de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).

El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Benjamin Greenberg del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Mark Selby de la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami hicieron el anuncio.

Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.  Está previsto que sea sentenciado el 29 de octubre por la jueza federal de distrito Cecilia M. Altonaga del Distrito Sur de Florida, quien aceptó su declaración hoy.

Como parte de su súplica, Krull admitió que en su posición con el banco suizo, atrajo clientes privados, particularmente clientes de Venezuela, al banco.  En esta función, los clientes de Krull incluyeron a  Francisco Convit Guruceaga  , quien fue acusado formalmente de cargos de lavado de dinero el 16 de agosto. Los clientes de Krull también incluyeron tres conspiradores anónimos que se describen en la acusación del 16 de agosto.

Krull admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de $600 millones de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraudes, y los esfuerzos de los conspiradores para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema.  Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado en $1.200 millones malversados por PDVSA.  PDVSA es la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela (concretamente, dólares estadounidenses y euros).  Krull se unió a la conspiración alrededor de 2016, admitió, cuando un conspirador se puso en contacto con él para lavar las ganancias de un plan de malversación de divisas de PDVSA.

En última instancia, Krull se unió a la conspiración para lavar $ 1.200 millones en fondos que fueron malversados de PDVSA, admitió.  Krull y miembros de la conspiración de lavado de dinero utilizaron bienes raíces en Miami, Florida y sofisticados esquemas de inversión falsa para ocultar que los $ 1,200 millones en realidad fueron malversados de PDVSA.  Krull también admitió que rodean y apoyan estos esquemas de lavado de inversiones falsas son los administradores de dinero cómplices, firmas de corretaje, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, que operan como una red de lavadores profesionales de dinero.

Los cómplices de Krull acusados el 16 de agosto incluyen a ex funcionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como “boliburgués”.

Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Este caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la “Operation Money Flight” del Grupo de trabajo contra el narcotráfico organizado (OCDETF), una asociación entre agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales.  La misión de OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a los miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de la aplicación de la ley federal, estatal y local.

HSI Miami, HSI London, HSI Rome y HSI Madrid investigaron este caso.  Este caso está siendo procesado por el Subjefe David Johnson y el Fiscal Gwendolyn Stamper de la Sección de Fraude de la División Criminal y los Fiscales Federales Auxiliares Francisco R. Maderal de la Sección Internacional de Narcóticos y Blanqueo de Capitales del Distrito Sur de Florida y Michael Nadler del Distrito Sur de Florida Sección de Delitos Económicos y Ambientales.  La Fiscal Federal Auxiliar Nalina Sombuntham del Distrito Sur de Florida está manejando el decomiso de activos.

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal proporcionó asistencia sustancial en este asunto, y Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos;  la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido;  y las autoridades italianas, españolas y maltesas encargadas de hacer cumplir la ley brindaron asistencia.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).  Se puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de FCPA del Departamento de Justicia en http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Fuente: Traducción libre de LaPatilla

Operación encubierta de varias agencias de EEUU “Money Flight” develó trama milmillonaria de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa

Nota publicada originalmente en CuentasClarasDigital.org el 27 de julio de 2018 | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios de año por CuentasClarasDigital.  Se trata de la multimillonaria trama de corrupción en torno al diferencial cambiario que funcionó en Pdvsa durante la administración de Rafael Ramírez y que continuó a su salida con los nuevos responsables, Eulogio Del Pino y en especial el vicepresidente de Finanzas Eric Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien también fungía como Director de la Oficina Nacional del Tesoro.
La acusación presentada el miércoles ante un tribunal del Sur de la Florida  involucra en principio a diecisiete  personas, ocho de las cuales ya han sido acusadas formalmente. Hasta el momento sólo hay dos detenidos.

El comienzo: El Cadivi paralelo de Rafael Ramírez

Durante la administración de Rafael Ramírez funcionó en la petrolera estatal un mecanismo de administración de divisas paralelo al oficial que estableció tasas de cambio ilegales y arbitrarias para convertir directamente los dólares de la venta de petróleo en bolívares. El supuesto objetivo era cubrir los gastos de la empresa en el territorio nacional.

A través de esta especie de Cadivi paralelo, violando varias leyes y reglamentos, Rafael Ramírez y los integrantes de la directiva, en especial el responsable de las finanzas, Víctor Aular Blanco, en complicidad con un grupo de jóvenes empresarios denominados  los bolichicos y la asesoría del operador financiero Luis Alfonso Oberto, ejecutaron oscuros contratos confidenciales con compañías escogidas a dedo, sin pasar por subastas públicas, que generaron grotescas fortunas para sus operadores, en base al diferencial cambiario existente entre la tasa oficial del momento, la del denominado mercado negro y la establecida ilegalmente por la directiva de Pdvsa.

Una de ellas fue la realizada con la Administradora Atlantic 17107 CA y bancos privados nacionales, autorizada por Ramírez el 6 de marzo de 2012, con la que se habrían negociado irregularmente más de 4 mil millones de dólares.  Dos meses después de la firma con Pdvsa, Atlantic cedió el contrato a la empresa panameña Violet Advisors SA.

El 3 de septiembre de 2014 Maduro destituye a Ramírez, cambia a la directiva y al responsable de las finanzas de Pdvsa, cargo para el que designa al que ya fungía como tesorero de la nación, su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores quien llega con un nuevo equipo en el cual figura su operador financiero personal, el comerciante José Simón Elarba y otros asociados como Raúl Gorrín, quien entra así a controlar el Cadivi paralelo de la petrolera desplazando a Luis Alfonso Oberto, lo que profundiza la enemistad entre ambos dando origen a enfrentamientos públicos.

Fuentes de CuentasClarasDigital sostienen que entre las mayores operaciones ejecutadas por Raúl Gorrín en Pdvsa, figura la relacionada con un crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital, CA el 17 de diciembre de 2014, fecha de la conmemoración de la muerte del Libertador Simón Bolívar, por cierto.  Dos semanas después, Rantor cedió el contrato por un monto de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong, las dos empresas señaladas en la acusación criminal del tribunal del Sur de la Florida.

EATON GLOBAL SERVICES LTD tiene como accionista principal a Raúl Antonio De la Santísima Trinidad Gorrín Belisario. La empresa fue registrada en Hong Kong en 2014 con un capital de apenas US$1.274 (HKD 10.000) y su domicilio es Belize, Centro América. El documento establece que Raúl Gorrín es el dueño del 100% de las 10.000 acciones de la compañía de maletín. Fue registrada en Hong Kong por el bufete Trinity Services Inc con oficinas en Hong Kong, Reino Unido, Belize y British Virgin Islands.

Vea el registro en Hong Kong de Eaton Global Services Ltd 

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Tal como publicamos en CuentasClarasDigital  Raúl Gorrín sería el verdadero dueño de Rantor Capital, CA y Eaton Global Services Limited, las dos compañías de maletín utilizadas en la trama para defraudar a Pdvsa.

 Rantor Capital, C.A. tiene como domicilio Caracas pero fue inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui a cargo del abogado Javier Ernesto Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, donde aparece como director general Manuel Cerro, ciudadano español, Pasaporte No. E13588986-B.  Se trata del mismo registro donde Raúl Gorrín habría registrado una serie de empresas de maletín que comparten la misma dirección, algunas de las cuales quedaron inscritas el mismo día y poseen cuentas bancarias en Venezuela cuyas firmas autorizadas son las de Nelson Enrique Meneses Franceschi, CI. V-10.276.240, familiar del registrador de las empresas, y Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín.

Eaton Global Services Limited está domiciliada en Belice pero registrada en Hong Kong. La directora principal es Letricia Lamb Pasaporte No. P0143686 quien obviamente es una presta-nombre ya que además aparece como directora en otras 40 empresas británicas en Open Corporates.

CuentasClarasDigital tuvo acceso al documento de compra venta (en la gráfica) de una lancha en 2015 que establece la relación entre Eaton Global Services y Raúl Gorrín. En el mismo se detalla la operación en la cual María Gómez CI 13.112.326, residenciada en Caracas, le vende a Eaton Global Services “representada en este acto por Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario ” una embarcación marca Intermarine  por un total de $100.000,00 dólares americanos.

Eaton Global compra de local y lancha – Raúl Gorrín by CCD on Scribd

La acusación en Miami

La declaración jurada del agente federal de EEUU George Fernández sobre la investigación de trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa en el período Diciembre de 2014 a Julio de 2018 señala como responsables a Francisco CONVIT Guruceaga (socio de Derwick Associates presidida por Alejandro Betancourt), José Vicente AMPARAN Croquer, Carmelo URDANETA Aquí, Abraham Edgardo ORTEGA, GUSTAVO Adolfo Hernández Frieri , Hugo Andre Ramalho GOIS, Matthias KRULL, Marcelo Federico GUTIERREZ Acosta y Lara y nueve conspiradores más, entre ex funcionarios de PDVSA, otros “boliburgueses” y profesionales del lavado de dinero o legitimación de capitales.

El caso se ha podido desarrollar con la colaboración de uno de los involucrados, identificado en la acusación como Fuente Confidencial o CS (por sus siglas en Inglés).

 

Contrato PdvsaRantonEaton by CCD on Scribd

 

Dos años y más de cien grabaciones después, Operation Money Flight reveló una conspiración internacional para legitimar fondos de PDVSA a través de Miami conjuntamente con varias organizaciones internacionales de lavado de dinero a gran escala. Más específicamente, la investigación reveló el uso de bienes inmuebles en Miami y España, así como sofisticados esquemas de inversión falsa para lavar cientos de millones de dólares.

Uno de los episodios de la trama deja al descubierto al principal operador identificado como Conspirador 7 que aún no ha sido acusado formalmente pero que claramente apunta al abogado devenido en magnate de medios en Venezuela, Raúl Gorrín.

Matthias Krull y Gustavo A. Hernandez Frieri, son los únicos detenidos hasta el momento, de la trama que involucra en principio a 17 personas

Ocurrió en octubre de 2016. La fuente confidencial CS se reunió con otro de los acusados, Mathias KRULL, en Panamá. KRULL era operador del banco suizo Julius Baer con clientes como Diego Salazar, entre otros miembros de la boliburguesía y testaferros de altos funcionarios públicos de Venezuela. A raíz de la investigación realizada por las autoridades financieras de Suiza (FINMA) a solicitud  del ex fiscal de EEUU Preet Bharara, el banco decidió prescindir de los servicios de Krull en abril, presumiblemente debido a los clientes tóxicos del banquero en Venezuela. Fue detenido el miércoles en Miami.

KRULL explicó que estaba buscando un banco para depositar aproximadamente 600 millones de dólares de un cliente de la trama con Pdvsa, identificado en el documento de la acusación como Conspirador 7.  Los fondos estaban ubicados en el banco ruso Gazprombank y fueron justificados con un contrato entre Rantor y la petrolera por una  la línea de crédito de  14 mil millones de bolívares. El documento identifica a Conspirador 7 como ” relevante boliburgués, dueño de una cadena de televisión en Venezuela”.

Así se repartieron la torta

Las autoridades de EEUU obtuvieron registros que  confirman el flujo de los fondos sustraídos a PDVSA por este grupo de delincuencia organizada.  Con el asunto ”Números CONSPIRATOR 7 “(Raúl Gorrín), el correo entre AMPARAN y CONSPIRADORES 5 y 6 incluye un archivo adjunto titulado ” Operación 600k ” que contiene las siguientes hojas de trabajo:

a. Una hoja de trabajo titulada “Ingresos detallados de PDVSA” muestra diez
transferencias de PDVSA desde el 29 de diciembre de 2014 hasta el 3 de febrero de 2015 por un total de 511.913.270,74 euros.

b. Una hoja de trabajo titulada “Resumen de la operación 600k” muestra que, de los 511 millones de euros se asignaron aproximadamente 227 millones de euros a los “BOLI” (CONVIT y CONSPIRADOR 2) ; 159 millones fueron para  “LOS CHAMOS” (los hijastros de VENEZUELAN OFICIAL 2); 68 millones para CONSPIRATOR 7 (RAÚL GORRÍN) y 20 millones a una institución financiera europea no identificada por concepto de una comisión del 4%.  Los restantes 36 millones de Euros se contabilizaron como el “costo” de los 7,2 mil millones de Bolívares iniciales utilizados para obtener los 511 millones de Euros.

Hojas de trabajo adicionales explican cómo cada destinatario movió el dinero. Los “BOLI”, por ejemplo, transfirieron  78.8 millones de euros a la FUENTE CONFIDENCIAL (CS) y el resto  a través de las compañías fantasmas Volbor Vontobel y Vencon Holding.

CONSPIRATOR 7 (Raúl Gorrín) envió docenas de transferencias en dólares a través de bancos en Malta y Austria y también de empresas de servicios de aviación y yate, así como a compañías  de corretaje en Miami, Florida.

Estos registros no solo muestran la conspiración en detalle, sino que confirman la conexión entre KRULL, los conspiradores adicionales y los 78.8 millones de euros iniciales en fondos de PDVSA recibido por la FUENTE CONFIDENCIAL.

Los hijastros de “VENEZUELAN OFICIAL 2”  y el hermano de “VENEZUELAN OFICIAL 3”

KRULL explicó a la Fuente Confidencial (CS) que, además de la solución de 600 millones de dólares para CONSPIRATOR 7, necesitaba una solución adicional para 200 millones de dólares en nombre del testaferro de “los hijastros de VENEZUELAN OFICIAL 2″, también conocidos como “los chamos”, de los cuales no se ofrece mayor información en la acusación que, sin embargo, señala su proximidad a CONSPIRADOR 7  (Raúl Gorrín) con el cual  se habrían reunido en su oficina de Caracas, según la acusación.

Más allá de Pdvsa también hay vida

La trama de lavado de dinero denunciada esta semana por las autoridades de EEUU va más allá del caso Pdvsa-Rantor-Eaton. El grupo de expertos en lavado de dinero involucrado también facilitó sus servicios a otro alto funcionario del régimen de Maduro – VENEZUELAN OFICIAL 3 – en la legitimación de sobornos recibidos de bufetes extranjeros a cambio de obtener la representación legal del Estado venezolano en los litigios internacionales. En este caso, la acusación se refiere a “el hermano de VENEZUELAN OFICIAL 3 “.

La trama denunciada oficialmente esta semana en EEUU es compleja e incluye a empresas utilizadas en operaciones de bienes raíces en España, transferencias entre bancos europeos, Malta y EEUU y hasta lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, en el caso del experto colombiano Gustavo Hernández Frieri (aparentemente sin relación con el caso Pdvsa-Rantor-Eaton), quien fue arrestado el miércoles en Sicilia, Italia. El hombre, de 45 años, es señalado de prestar sus empresas Global Security Advisors y Global Strategic Investments, con sede en Miami y Nueva York, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.
Hernández Frieri y Matthias Krull, arrestado en Miami el miércoles, son los únicos detenidos por las autoridades hasta ahora.

Las averiguaciones en EEUU sobre la red de corrupción chavista que arruinó a Venezuela, comenzaron con la administración de Obama y continúan con la de Trump. El aparato de investigación y justicia de ese país se ha tomado su tiempo pero comienza a concretar acusaciones, al igual que la Unión Europea y Canadá. Mientras tanto, en Venezuela, los organismos competentes no actúan sino cuando conviene a los intereses personales y políticos de Nicolás Maduro.

Lea el texto original de la acusación de EEUU 

Criminal Complaint EEUUvsConvitGuruceaga by CCD on Scribd