Víctor Vargas, el banquero rojo: Un hueco histórico

El 10 de septiembre la autoridad de supervisión bancaria venezolana, decidió una medida de intervención administrativa contra el Banco Occidental de Descuento. Aunque Víctor Vargas, conocido como el banquero rojo por sus nexos con el régimen chavista, sostiene que se trata de una medida rutinaria y no de una intervención, las medidas en Venezuela agregan mas combustible a una situación que pareciera cada día mas grave. 

Venezuela | Superintendencia de bancos interviene al BOD

La resolución de la superintendencia venezolana afirma que se trata de “…imponer medidas administrativas de intervención del Estado…”. A favor de Vargas habría que decir que la ley bancaria en Venezuela reconoce claramente entre medidas administrativas, a tomar cuando, por ejemplo, se presume que el banco tiene problemas de liquidez o solvencia (Artículo 81 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario) y medidas de intervención, que se producen cuando un banco incumple sus obligaciones, sale de forma recurrente de la compensación bancaria o al momento que el banco pierde el 50% de su capital. 

Esa modalidad de intervención, que esta normada en el Capítulo III de la Ley, está claramente diferenciada de las medidas administrativas. Esa diferencia entre medidas administrativas, donde los actuales accionistas conservan su poder de decisión, y medidas de intervención, en que la autoridad regulatoria asume la dirección, es usual en material de legislación bancaria.

 La confusión, que algunos interpretan comoun auto gol de la superintendencia, se genera por la misma resolución del 10 de septiembre que habla de medidas administrativas de intervención, términos que no están contemplados en la ley. Eso motivó que el 13 de septiembre se publicara otra resolución, estableciendo que no se trataba de una intervención sino de medidas administrativas. 

¿Un salvavidas de última hora?

Esa aclaratoria se producía en respuesta a problemas que ya eran muy evidentes para el mismo viernes pasado. El temor entre los depositantes se había  manifestado desde la mañana del miércoles y el jueves Visa, tal como reportaba el periodista Casto Ocando, le había dirigido una comunicación al BOD notificando que, bajo régimen de intervención, las sanciones de la Office Foreign Asset Control (OFAC) contra Venezuela, impedían continuar dando servicios al banco, con lo cual se procedía a bloquear el acceso de autorización a las tarjetas de crédito y débito. 

El auto gol es suficiente para desatar una corrida, aunque también puede tratarse de un salvavidas para contener un problema mayor. Lo cierto es con l”as medidas administrativas de intervención”, la primera tarea de los funcionarios de SUDEBAN, ya in situ, es determinar las dimensiones del problema. 

¿Es un asunto contagioso?

Es conocido que en materia bancaria, los problemas de liquidez y solvencia se diferencian solo de forma muy tenue.

Ningún banco, por sólido que sea, puede aguantar una corrida de sus depositantes, entre otras cosas porque liquidar los activos de manera apresurada, bien se trate de cartera de crédito o inversiones en títulos, para no hablar de activos fijos, puede ocasionar una importante pérdida de valor.  

El supuesto de las “medidas administrativas de intervención” aludido por SUDEBAN es que las medidas adoptadas en Curazao contra Banco del Orinoco y en Panamá contra Allbank, ambas pertenecientes al grupo financiero BOD, pueden tener un impacto significativo en la institución venezolana. 

Vargas ha sido muy hábil en colocar al grupo financiero en un frontera gris en materia de supervisión. El BOD no es el grupo financiero, aunque todas las decisiones bancarias se toman en la misma oficina. Un problema básico es que aun cuando se trata del mismo accionista, la superintendencia venezolana no tiene forma de ver los balances consolidados. 

Para entender el impacto, hay que ponerle números a las instituciones involucradas. Todas ellas pertenecen al mismo accionista, comparten un equipo de dirección, pero se interrelacionan entre ellas a través de una compleja estructura.

El BOD, de acuerdo a las cifras de cierre de 2018, posee cerca del 19% del patrimonio del Banco del Orinoco NV, institución incorporada en la fusión con CorpBanca. Vargas, a través de participación propia y de su vehículo Cartera de Inversiones Venezolanas, es dueño de un bloque mayoritario que permite el control de ambas instituciones.

Además hay relaciones por todos lados de la hoja de balance. Hay garantías cruzadas entre préstamos y depósitos, custodios comunes pertenecientes al mismo grupo financiero, además de productos estructurados que hacen aun más complejo el asunto. 

En términos de tamaño, utilizando la tasa de cambio implícita en los balances auditados en 2018, el Banco del Orinoco tenía activos por el orden de casi 1.200 millones de dólares, con un patrimonio de 332 millones. 

La institución de Panamá, Allbank, es de mucho menor tamaño, con apenas 227 millones de dólares en activos. Las otras dos instituciones bancarias pertenecientes al grupo, Boibank, el banco con sede en Antigua, tiene más o menos 1.900 millones y Bancamérica, en República Dominicana, alrededor de 100 millones en activos. 

Sin duda, esas cifras reflejan la tragedia de la economía venezolana, en la que el negocio bancario se ha reducido aun más que la economía.

Para colocar las cosas en perspectiva, el balance del BOD, evaluado a la misma tasa implícita en los balances auditados, tenía activos de 300 millones, con un patrimonio de 127 millones. Es decir, el 19% de participación en el Banco del Orinoco, registrado en el balance del BCV, si se castigase de forma adecuada, prácticamente se llevaría el 50% del patrimonio de la institución en Venezuela. Razones de sobra tienen la autoridades venezolanas para preocuparse. De acuerdo a la ley, la pérdida del 50% del patrimonio es precisamente un claro causal de intervención.

La intervención en Curazao

La medida de intervención en Curazao se tomó el 6 de septiembre, con una resolución del banco central que en la práctica cierra la institución congelando activos y pasivos.

La desastrosa gestión del Banco del Orinoco en Curazao

 La respuesta de Víctor Vargas es que el 3 de septiembre, tres días antes, ya la asamblea de accionistas del banco había decidido liquidar la institución y que, por lo tanto, la medida era extemporánea.

En el negocio bancario no existe tal cosa como decidir liquidar un banco y proceder a la liquidación. Para hacerlo se necesita autorización previa del ente regulatorio y, por supuesto, la presentación de un plan factible de ejecución. 

Contrario a otras legislaciones, donde la superintendencia tiene plena autonomía para actuar, en Curazao un medida de intervención requiere de la aprobación de un juez. El banco central la había solicitado el 5 de septiembre y el juez la concedió el día siguiente, cuando finalmente se hace de conocimiento público.

 No existe, como afirma Vargas, una controversia por quién liquida al banco. La explicación de Vargas pareciera ser un mal consejo de sus abogados. Los mismos del ex presidente del Banco Central de Curacao, despedido de la institución por presunción de manejos turbios, quien ahora aparece al lado del banquero venezolano, que seguramente le dio el pitazo de la medida. Las autoridades del ente regulador en Curazao tenían fundadas sospechas de que algo no andaba bien.

¿Cuál es el tamaño del hueco?

A cierre de 2018, el Banco del Orinoco tenía activos por el orden de los 1.200 millones de dólares. Con una cartera de inversiones que representaba cerca del 90% de ese monto. ¿Qué hay detrás de esas inversiones? Principalmente, activos que en su momento generaban altos rendimientos especulativos, que permitieron repartir altos rendimientos a los dueños del banco, pero que en 2018 implicaron una pérdida de casi 30% del patrimonio de la institución. La típica historia de las quiebras bancarias.

Víctor Vargas: el banquero que cruzó la línea roja de operador político del chavismo

No es casual, mas bien público y notorio, el peregrinar de depositantes del Banco del Orinoco tratando de sacar sus fondos.  La excusa, en parte válida, el problema de los bancos corresponsales. Pero esa práctica de negar a los depositantes el retiro de sus fondos es una alerta roja para cualquier ente regulatorio.

Acostumbrado a jugar ping pong con la superintendencia venezolana, las autoridades del banco no le colocaron la atención debida, o lo que suele ocurrir en esas situaciones, siempre se apuesta a que vengan tiempos mejores.

El largo historial

Cualquiera que se tome el trabajo de leer los estados auditados del Banco Occidental de Descuento, un placer que tienen muy pocos acostumbrado a indagar en los balances bancarios, llega a la conclusión de la enorme debilidad del aparato de supervisión bancario en Venezuela. 

Se trata de una larga colección de circulares de la superintendencia para corregir algunos asuntos y un numero igual de respuestas del BOD que permiten atrasar o evitar la toma de correctivos. 

Fuentes consultadas, expertos en materia de supervisión, señalaron que es poco frecuente la cantidad de idas y venidas de circulares entre el banco y la superintendencia, por lo general el ente regulatorio ordena y la institución cumple. 

El historial es largo. En 2008, Víctor Vargas entrega a Emilio Botín en representación del Grupo Santander, 150 millones de dólares en arras para adquirir el Banco de Venezuela, operación fondeada con recursos de los depositantes del BOD.

Para 2012 era evidente que Vargas había perdido esos recursos y la superintendencia le pide hacer un provisión por el 30% del monto sustraído al banco.

El ping pong de circulares y respuestas término beneficiando a Vargas, como en tantas otras ocasiones, mientras el banquero tenía vara alta en las esferas del régimen. La provisión debía hacerse en el mismo monto de la moneda en que se hizo la operación, o en su defecto, en base a una actualización monetaria que implicase un valor equivalente, pero la decisión final favoreció al banquero venezolano.  La provisión se hizo como si nada hubiese pasado con el tipo de cambio y a los mismos bolívares de 2008. Posteriormente, hubo una disputa similar por el resto de la provisión y ésta no se realizó sino hasta diciembre de 2015, siete años después, al mismo tipo de cambio original. El resultado final del juego de ping pong: Punto para Vargas, cero para la superintendencia, -130 millones de dólares para los depositantes.

El solo castigo de la operación del Banco del Orinoco en los balances del BOD, implicaría la pérdida del 50% del capital del banco. Pero eso no es todo. De acuerdo a las notas de los auditores externos, el balance contiene títulos de deuda venezolana y de Pdvsa registradas a su valor facial. El ajuste por la diferencia entre el precio de registro y el precio de mercado, colocaría al banco con un patrimonio negativo, con lo cual la SUDEBAN debería pedir a los accionistas una re-capitalización inmediata. 

Una trama de relaciones peligrosas

El grupo esta montando bajo una estructura de relaciones que estarían prohibidas en cualquier otra jurisdicción. 

El banco en Antigua es el principal custodio de la otras instituciones. El tema de los custodios es complicado por cuanto suele ocurrir que esas instituciones, que funcionan como custodios de custodios, cuando se produce la caída de una institución no es muy fácil diferenciar el patrimonio de la institución del de terceros.

 El riesgo aumenta de manera exponencial cuando el custodio pertenece al mismo grupo. El Banco del Orinoco funciona por ejemplo como custodio de activos de Allbank, pero a su vez el custodio del Banco del Orinoco es Boibank, quien a su vez tiene sus recursos en otro banco. Es por ello que las verdaderas dimensiones del problema de una institución bancaria no se conocen sino hasta cuando los interventores toman posesión del banco. 

De acuerdo con lo que dijo el mismo Vargas en rueda de prensa, hay depósitos en Banco del Orinoco que sirven de garantía de créditos otorgados por el banco en Venezuela. También hay colocaciones de una institución en la otra que abre otras fuentes de riesgo. 

El mismo tema de los custodios ha sido terreno de controversias entre el BOD y la superintendencia venezolana. Desde 2012, SUDEBAN le ha venido exigiendo al banco que cambie la custodia para el Banco Central de Venezuela. Ese requerimiento está presente, de manera recurrente, en una nota de los auditores externos desde esa fecha hasta el presente. Excusas van y vienen, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, Boibank sigue ejerciendo la custodia de los títulos del banco. 

El riesgo del grupo aumenta porque esa trama de relaciones, en que una dificultad en una de las instituciones se trasmite hacia la otras, se convierte en un efecto dominó. Eso disparó las alarmas ya en tres jurisdicciones y probablemente lo termine de hacer en las dos restantes. 

Antigua es una isla pequeña donde Alan Stanford, uno de esos personajes modernos en el Top Ten en la historia de las pirámides bancarias, era recibido por el primer ministro cada vez que llegaba en su avión privado. La gran debilidad de la estructura de supervisión bancaria, tiene mucho que ver con la imbricación entre políticos y autoridades de supervisión.

Vargas disfrutó por mucho tiempo de protección y a veces también corrió con suerte, ¿conservará esas habilidades para escapar una vez más del agujero en sus cuentas rojas?  Historia por verse.

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Venezuela | Superintendencia de bancos interviene al BOD

La Superintendencia de Bancos de Venezuela intervino hoy al Banco Occidental de Descuento del grupo BOD de Víctor Vargas Irausquín

Lea el texto completo de la Resolución AQUI

La medida, que se publicó en la Gaceta Oficial No. 41714, se toma luego de que las autoridades supervisoras de Curacao y Panamá hicieran lo propio con  Banco del Orinoco NV y AllBank Corp respectivamente.

Lea la Gaeta Oficial No. 41714 AQUÍ

Los argumentos para las intervenciones realizadas en el extranjero coinciden en una “fuerte debilidad en la cartera de préstamos” y “una frágil gestión de gobierno corporativo”. Acusaciones más delicadas apuntan a “una grave violación de las regulaciones contra el lavado de dinero y antiterrorismo”, así como a no realizar las operaciones comerciales de manera adecuada, ni seguir las instrucciones de los supervisores y, mas grave aún, “engañar sobre su posición financiera utilizando falsificaciones de documentos.”

El Grupo BOD posee numerosas estructuras financieras: En mercado de capitales B.O.D. Valores Casa de Bolsa (Venezuela), Corp Casa de Bolsa (Venezuela), Plus Capital Market (Panamá), Plus Capital Market (República Dominicana), B.O.D. Fondos Mutuales (Venezuela) y Element Capital (Venezuela-Panamá).

Fuera de Venezuela, Víctor Vargas es el propietario de Plus Capital Market y National Leasing, en Panamá; BOI Bank en las islas de Antigua y Barbuda; y Bancamérica y Pme-factoring RD en República Dominicana, entre otras.

Fuente: Sudeban

El crimen organizado controla la explotación del oro en Venezuela

La larga carretera que sale de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, y se dirige al sur marca la ruta de la minería ilegal de oro en Venezuela. Cientos de personas la transitan diariamente en busca de El Dorado que les permita salvarse de una económica sin precedentes en la nación suramericana.

Alimentos, medicinas, combustible, dinero en efectivo que por años han escaseado en el resto del país se encuentran en abundancia por estos caminos. Es todo un mundo paralelo.

La parada más importante es El Callao, un pueblo entre montañas ubicado a unas 530 millas (850 kilómetros) de Caracas conocido históricamente por su colorido carnaval pero que ahora es más conocido como la capital de la zona minera.

La explosión de la minería ha convertido este lugar en una pesadilla, con las calles llenas de autos, motocicletas y vendedores, que en su mayoría duermen al aire libre porque los hoteles están llenos.

El otro tranquilo poblado tenía 20,000 habitantes en 2011, donde pequeños comercios vendían rudimentarias joyas doradas y oro cochano sin temor a robos. Ahora, unas 100,000 hacen vida ahora en la zona de El Callao, mientras entre 300,000 y 500,000 mineros recorren las numerosas minas en el sur de Venezuela.

El Callao es parte del Arco Minero del Orinoco, un megaproyecto patrocinado por el gobierno que cubre el 12% del territorio venezolano.

Puesto en marcha en febrero de 2016 por gobernante Nicolás Maduro, el proyecto es un intento por encontrar recursos ante el desplome de la industria petrolera, que ha sostenido a la nación sudamericana durante un siglo. Como parte del plan, el gobierno pretende validar y certificar 8,900 toneladas métricas en reservas de oro hasta 2025. Esto significaría que Venezuela tendría el segundo mayor depósito de oro del mundo.

La extracción de oro en la zona era dirigida antes por empresas transnacionales. Ahora, grupos delictivos y pandillas armadas monopolizan el negocio. Y la población de El Callao, como muchos poblados en el sur, está ahora a merced de estas organizaciones.

Medios de prensa locales han reportado el descubrimiento de fosas llenas de cadáveres, pero las gente del lugar dice que a muchos de los fallecidos, víctimas de la violencia y las enfermedades, no los encuentran nunca y han quedado en las selvas venezolanas.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), El Callao fue la localidad más violenta de Venezuela en 2018, con una tasa de 619.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En comparación, en Estados Unidos esta cifra es de unos 5 por cada 100,00.

En este momento, dos organizaciones comparten el territorio con los llamados sindicatos, liderados por los llamados pranes. También están los Comités para la Defensa de la Revolución (CDR), que han creado sus propios grupos mineros y que están alineados ideológicamente con el gobierno de Maduro.

Las pandillas, que tienen presencia en la zona minera desde 2010, eran las que mandaban, pero han perdido terreno a manos de los guerrilleros colombianos en años recientes, dijo un soldado de la Guardia Nacional, un joven de 25 años.

Este hombre todavía se asombra cuando recuerda la primera vez que vio a elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pasar por el estado Bolívar.

“Vimos patrullas de 200 hombres armados que pasaban caminando a nuestro lado identificados como el ELN. ¿Qué se supone que debemos hacer? Simplemente saludarlos como si fueran viejos amigos?”

El control de la zona por parte de grupos armados y unidades militares corruptas impide a los mineros hablar con franqueza.

“Aquí es mejor no opinar si quieres estar con vida, hay mucha mafia”, dijo un comerciante que pidió no ser identificado. “Los militares llegaron para hacer negocio, no para proteger al ciudadano. Todas las semanas hay un asesinato”.

Los mineros se quedan de todos los extorsionan, les cobran un “impuesto” por trabajar o llevar equipos, pero no hay muchas más opciones.

“Vamos a la mina en grupos para cuidarnos entre nosotros”, dijo un minero artesanal que vise una camiseta de la Misión Piar, un programa gubernamental destinado a combatir la minería ilegal. “[Los grupos armados] nos quitan los celulares y las pertenencias para ingresar a las minas. Nos hace falta el trabajo, pero si nos quejamos no nos permiten regresar”.

El laberinto del oro

Luis Rosales, un abogado de la ciudad de Valencia, a unas 78 millas (125 kilómetros) de Caracas, llegó hace dos años a la localidad minera con la esperanza de trabajar allí. Ahora es un comerciante informal de implementos para la minería.

“Familias de todas partes están durmiendo en el terminal de autobuses y en la plaza, buscándose la vida, no sólo con el oro, sino con la venta informal de cualquier cosa”, dice. Aquí se sufre pero se logra llevar el pan a la casa”, agrega.

En El Callao y sus alrededores, los mineros y sus familias viven en casuchas hechas de palos y bolsas de plástico a manera de paredes. La criminalidad es rampante y abundan las enfermedades epidémicas como el paludismo.

El gobierno venezolano no ha difundido cifras actualizadas de la incidencia de la malaria, pero la según el Reporte Mundial de Malaria 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Venezuela registró 411,586 casos nuevos en 2017, un repunte de 811 por ciento en comparación con 2010. Y la zona minera de Bolívar es donde ocurre la mayoría de los casos, según expertos.

Sin medidas de seguridad, hombres, mujeres y niños excavan con sus propias manos o con herramientas precarias para extraer “una grama”, como se le llama localmente a la medida de un gramo de oro, que quintuplica el salario mínimo en Venezuela, equivalente a 7 dólares en julio de 2019.

La promesa del oro, en momentos que otros sectores de la economía venezolana se han desplomado, ha provocado una migración masiva al sur del país.

Ahora, dragas, bombas de succión, palas, picos y botellas de mercurio y de cianuro son cada vez más comunes en el sur de Venezuela, lo que amenaza con contaminar la población de peces, una parte importante de la dieta en la región.

Los mineros también inhalan el vapor de mercurio que se libera durante la quema de las amalgamas. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dice que no hay cura para el envenenamiento con mercurio, que puede causar daños neurológicos irreversibles.

Para complicar las cosas, aproximadamente 45 por ciento de los mineros en la región de El Callao son niños o adolescentes, según un informe de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), una organización no gubernamental.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCED) define los “minerales conflictivos” como la minería que contribuye al trabajo forzado, el lavado de dinero, el trabajo infantil y abusos a los derechos humanos. Todos estos ingredientes están presentes en las minas ilegales de oro en Venezuela.

La fuerte demanda

La demanda global de oro en 2018 fue de 4,435 toneladas métricas, y casi la mitad de esa demanda es del sector de las joyas.

Venezuela ocupa el puesto 32, según el Consejo Mundial del Oro, con una producción de 25.3 toneladas métricas en 2018. El Plan Sectorial Minero 2019-2025, presentado por Maduro en junio, fija la meta de producción de oro de 2019 en 28 toneladas métricas y en 79.4 toneladas métricas para 2025.

Para lograr esas metas, el gobierno dice que planea “coordinar, organizar y controlar la minería a pequeña escala dentro del Arco Minero del Orinoco”.

Hay dos grandes grupos que en este momento controlan el oro que producen los mineros ilegales, muchas veces de manera ilegal. Uno es un grupo de inversionistas privados y el otro es la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

Los operadores privados compran oro a los mineros ilegales y lo venden a los mayoristas, quienes “en teoría” lo venden al Banco Central de Venezuela, dijo uno de los 570 compradores locales de oro de El Callao, quien maneja unos dos kilogramos de oro a la semana.

Minerven es el principal suministrador de oro del Banco Central de Venezuela, que a su vez vende el oro a clientes en países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos..

Minerven también recibe la mayor parte de su oro de mineros a pequeña escala y cooperativas, aunque conoce que el metal proviene de la minería ilegal, dijo un representante de la compañía que pidió no ser identificado.

Fundada en 1970, Minerven ha sufrido profundos cambios tres veces en los últimos 10 años en medio del colapso de la producción. Después de alcanzar una producción de oro de 13.48 toneladas métricas en 2009, la producción se desplomó entre 2010 y 2015, llegando a menos de una tonelada métrica, cuando las mineras internacionales se marcharon del país.

Incluso para los empleados de la empresa, las operaciones de Minerven están rodeadas de misterio y el gobierno no ofrece información sobre la compra y venta de oro.

“¿Cuánto oro produce Minerven?”. Nosotros tampoco sabemos, pero sigue produciendo”, dijo el representante de la compañía. “No sabemos cuánto porque eso nunca se ha informado públicamente, y es preocupante”.

Rutas de contrabando

El gobierno de Venezuela considera El Callao una “zona militar especial” y la mantiene bajo un fuerte control de seguridad. En un día cualquiera es posible ver también grupos de encapuchados con armas automáticas patrullando las calles y escoltando a “altos funcionarios” del gobierno que salen y entran de las plantas de Minerven a toda hora.

A pesar de la presencia militar, la zona es el punto inicial de las rutas de contrabando que llevan a Guyana, Brasil y Colombia. Y los grupos delictivos organizados usan mulas humanas, lanchas, carros blindados y avionetas para evadir cualquier dispositivo de seguridad.

En el vecino poblado de Guasipati, el oro sale en avión en vuelos privados con destino a Aruba, Curazao, Dominica y Puerto Rico, dijo un funcionario. Pero hay otras rutas de contrabando, como de la ciudad industrial de Puerto Ordaz a República Dominicana y Honduras, desde donde se envía a Estados Unidos.

Mulas de oro

Para sacar de contrabando el oro ilegal y llevarlo a Colombia, las organizaciones delictivas usan una red de transportistas humanos de oro, llamados mulas.

Al diferencia de lo que ocurre con los traficantes de drogas, los traficantes de oro no se tragan el producto, sino que lo llevan en la ropa, en los zapatos o en sus partes íntimas. El gobierno venezolano considera el oro un activo estratégico, y los contrabandistas, si son atrapados, pueden ser castigados severamente.

Ramón, una de las mulas, fue reclutado en Caracas hace unos meses.

Al relatar su historia a la revista Clímax, Ramón, quien usó un nombre ficticio por razones de seguridad, dijo que viajó en autobús desde Caracas hasta Upata, en el estado Bolívar, donde lo recogió un grupo de personas que viajaba en dos Toyotas 4Runner.

Antes de montarse en el vehículo le quitaron la tarjeta SIM y la batería a su teléfono celular, le colocaron unos audífonos y le taparon la cabeza con una bolsa de tela.

Horas más tarde, cuando le quitaron la capucha, ya estaba en Las Claritas, un poblado minero cerca de la frontera con Brasil. Allí pasó cuatro días incomunicado en un campamento improvisado, custodiado por dos hombres encapuchados con armas largas.

Al cuarto día, Ramón salió de Las Claritas con tres kilos de oro escondidos en la suela de los zapatos, la chaqueta y en las costuras del pantalón. Otros dos compañeros de travesía llevaban dos kilos adicionales de oro.

Viajaron en helicóptero desde Las Claritas hasta Ciudad Bolívar, a 302 millas (486 kilómetros) de distancia, donde los esperaban autobuses de la empresa de transporte Encava para llevarlos a un poblado costero que “se parecía a Cumaná”, en el norte de Venezuela. Allí fueron recibidos por un soldado, que los llevó a una avioneta sin pedirles identificación, que los trasladó a un aeropuerto privado en Táchira, cerca de la frontera con Colombia.

Una camioneta Ford Explorer los llevó a la ciudad fronteriza de San Antonio donde le ordenaron cruzar a pie el puente internacional Simón Bolívar, que enlaza a las dos naciones.

Ramón fue presa del pánico. Sabía que si lo pillaban con el contrabando de oro enfrentaba 35 años de prisión. Pero siguió las órdenes y, usando ciertas contraseñas para identificarse con los soldados ya sobornados, logró cruzar el puente sin ningún inconveniente.

En la mitad de la puente, en un punto de control de Migración Colombia, lo recibe una mujer corpulenta, y después de dirigirse a ella por su nombre de pila, como le habían indicado, le dijo sencillamente “pasa”, sin revisar papeles ni documento de identidad. Ahí fue cuando Ramón se dio cuenta que “el complot también existe en Colombia”.

En Cúcuta, Colombia, esperó por sus otros dos compañeros, que cruzaron la frontera por las trochas, que son senderos rústicos.

Llamaron por teléfono a un ecuatoriano que debía comprar el oro y acordaron verse en un restaurante de comida rápida en el centro de la ciudad. Cuando entraron al establecimiento, alguien cerró las puertas y los empleados desaparecieron.

El negociante sacó una bolsa llena de billetes de 100 dólares y una balanza para pesar el oro. Pagó lo que debía y se marchó. Por llevar el oro venezolano a Colombia, a Ramón le pagaron 1,500 dólares.

En la frontera

En el estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, una fila de unos 40 camiones de carga pesada esperan su turno en la oscuridad para cruzar el punto fronterizo de Paraguachón y entrar a Colombia.

A eso de las 11 de la noche, los camiones encienden los motores y empiezan a tocar sus cornetas. Guardias nacionales venezolanos los autorizan a pasar sin revisarles la carga, y pasan entonces junto a los agentes de Migración Colombia sin detenerse.

Esta frontera ha estado cerrada oficialmente desde el 7 de septiembre de 2015, cuando Maduro la cerró para evitar el contrabando de alimentos, combustible y medicamentos. Pero eso no ha evitado que se convierta en una vía franca de camiones que transportan ilegalmente bienes, como oro contrabandeado.

La carretera Troncal del Caribe, que conecta a Venezuela con Colombia, tiene al menos 14 puntos de control de la Guardia Nacional, el Ejército y la policía regional. Pero nadie se atreve a revisar los camiones, según funcionarios locales.

Muchos de esos camiones tienen un salvoconducto emitido por la Zona Estratégica de Defensa del Zulia (ZODI), una de las divisiones territoriales de Venezuela bajo gestión militar, que avala en un manifiesto que “son productos de exportación”, dijo un cabo de la 13ra Brigada de Infantería, quien pidió no ser identificado.

“Si revisamos estos vehículos podemos meternos en problemas”, dijo. “Parece que los dueños de los vehículos tienen influencia y podemos perder el trabajo”.

El militar dijo que los vehículos muchas veces transportan coltán, un mineral que se usa en la fabricación de dispositivos electrónicos, así como oro, plata y otros bienes que deben exportarse.

“Lo sabemos porque cuando hemos revisado algunos vehículos encontramos desde cocaína líquida hasta oro, cualquier producto ilegal”, dijo el militar de 24 años.

En el poblado de Maicao, Colombia, a poca distancia de Paraguachón, los negocios compran oro venezolano.

En la joyería Amiga, un dependiente dice que compra hasta 150 gramos de oro venezolano, “que traen del sur del país; viene directo de las minas porque está en granitos”.

El vendedor agrega que las personas que venden el metal precioso no son mineros ni trabajadores artesanales, sino militares.

Un miembro de la Guardia Nacional en Paraguachón, que pidió no ser identificado, describió que detuvo el vehículo de un funcionario de gobierno en el poblado de Dabajuro en diciembre de 2018, a eso de las 2 de la madrugada.

En la camioneta Toyota Hilux iban dos mujeres y el conductor. Los pasajeros dijeron que empleados de un ministerio y venían de Caracas, pero se mostraron nerviosos, por lo que el militar y otro compañero decidieron revisar el vehículo. Descubrieron que el vehículo en verdad venía de la zona minera de Tumeremo, en el estado Bolívar, y dentro encontraron una caja de cartón con 250 gramos de plata, 300 gramos de oro y 1,000 dólares en efectivo.

Los asustados viajeros cambiaron la valiosa mercancía por su libertad.

“El arresto y la confiscación quedaron sin efecto”, no se asentaron en los registros, dijo el soldado. “Y compartimos las ganancias”.

Fuente: esta investigación resultó de la alianza periodística entre InfoAmazonia (Brasil), el Miami Herald (Estados Unidos), RunRun.es (Venezuela), Correo del Caroní (Venezuela) y De Correspondent (Holanda), y fue posible gracias a la Human Rights Foundation.

Detienen a cinco venezolanos por trama de falsificación de medicamentos en República Dominicana, a través de la empresa Francisca Duarte S.R.L.

Cinco venezolanos fueron detenidos en República Dominicana por ser parte de una red criminal basada en la elaboración, falsificación, adulteración y exportación de fármacos a Venezuela. La Distribuidora Francisca Duarte S.R.L. sería la sociedad registrada en ese país implicada en estos delitos, cuyo director es el ciudadano venezolano Yorman Felipe Peña Canelon, natural y procedente del Estado Anzoátegui.

La empresa fue registrada en marzo de 2018, y se conoce que en junio de 2017 Peña Canelon habría inscrito otra compañía en ese país con el nombre de Distribuidora Taguapire, bajo el mismo concepto de Francisca Duarte: “COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FÁRMACOS”, la cual figura con status de “cancelada voluntariamente”.

Las autoridades informaron que confiscaron los medicamentos y maquinarias presuntamente utilizadas en esa actividad delictiva, valoradas en el mercado en más de 320 mil dólares.

El Ministerio Público señaló que someterá a la justicia y solicitará prisión preventiva a Pedro Daniel González Bello, presunto cabecilla de la organización, Héctor Luis Pérez Rincón, Antoni José Méndez Contrera, Jaquelin Fernández Méndez y Ángel Rafael Camello Coello, respectivamente.

También indicó que el caso tiene la calificación jurídica provisional de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley General de Salud 42-01, la Ley General de Aduanas (Ley No. 34-89) y la Ley No. 17-19 para la erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Medicamentos, Hidrocarburos, Alcohol y Tabaco.

En una requisa en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), fueron confiscados una gran cantidad de medicamentos para consumo humano, con fines de exportación hacia Venezuela, cuyo valor sería de 45 mil dólares apróximadamente.

La Distribuidora Francisca Duarte S.R.L. fue clausurada por presentar estas irregularidades en las exportaciones de medicamentos a Venezuela, a la que fueron confiscados medicamentos con un valor de al menos 68 mil dólares.

Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/pediran-prision-contra-cinco-venezolanos-acusados-de-exportar-medicamentos-falsificados-EC13447425

 

La corrupción sustituyó al estado legal

Carlos Tablante considera que la promesa de sanear la administración pública ha entronizado un “capitalismo casino”, en el que siempre gana la boliburguesía.
César Noriega Ramos

Para Carlos Tablante el Estado de derecho fue sustituido por un Estado paralelo, al que él añade el adjetivo de delincuente.

“La corrupción en Venezuela, por la expansión de las redes de la corrupción, ha producido un efecto viral sobre la sociedad”, dijo Tablante, ejemplificando con el hábito de pagar para agilizar trámites.

Tablante presentó en la tarde de este miércoles su libro “Estado Delincuente”, una investigación sobre el enquistamiento de la corrupción en la administración pública.
El avezado político ha ejercido distintos cargos de elección popular, como diputado o senador, gobernador del estado Aragua y designado ministro de Estado en el gobierno de Rafael Caldera. Fue uno de los dirigentes más conocidos del partido Movimiento al Socialismo.

Pese a su larga trayectoria pública, Tablante considera que es momento de dejar a las nuevas generaciones de políticos optar a los cargos de elección popular. Llamó a los dirigentes con mayor experiencia a no abandonar el debate de ideas, sino a asesorar al liderazgo emergente o generando reflexiones.

Modelo socialista

La promesa de acabar con la corrupción que le valió un gran caudal de votos al proyecto encabezado por el fallecido presidente Hugo Chávez, se ha convertido “en un espejismo de promesas y lo que en realidad han creado es un capitalismo de casino, donde unos pocos que son los boliburgueses operan con el dinero de toda la nación”.

En el “Estado Delincuente”, publicado en septiembre de 2013, Tablante desmenuza los escándalos de corrupción de los últimos 15 años.

Resaltan la impunidad que se sustenta en el hecho de que no se castigan el 92% de los delitos que se cometen; o el control de las cárceles por pranes.
Unidad opositora

Tablante valoró como “poderosa” la unidad de partidos opositores y pronósticó que pese a los desacuerdos, los adversarios al gobierno ensamblarán una alianza perfecta para las parlamentarias.

Si la correlación de fuerzas en el Parlamento favorece a la oposición empezaría la transición política, ya que sería un hecho político consumado, estimó Tablante.

Preso de Maduro

“Leopoldo López, preso de Maduro” es el título de la otra obra que presentó Carlos Tablante en la I Feria Internacional del Libro del Caribe. En la publicación se analiza la parcialización de la justicia a favor del gobierno. El libro incluye 12 ensayos que a través del caso de Leopoldo López examinan distintos ángulos de la justicia y la vigencia de los derechos humanos. El libro fue publicado en noviembre de 2014.

Los autores abordan el caso de López a partir de la defensa jurídico-política que el acusado hizo durante la audiencia preliminar que se llevó a cabo del 2 al 4 de junio de 2014.

López tituló su escrito de defensa “Palabras a la injusticia” y allí desvirtuó la veracidad de los delitos imputados y ofreció razones sobre la persecución política en su contra. Los derechos de autor del libro se usarán en la causa por la libertad de López.

Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:146693/La-corrupci%C3%B3n-sustituy%C3%B3-al-estado-legal

 

Gobierno de Chávez ocultó más de 15.000 millones de dólares en Suiza

Otra herencia que dejó el difunto presidente Hugo Chávez a su hijo adoptivo Nicolás Maduro son las cuantiosas cuentas escondidas en bancos suizos, revela una investigación realizada por el International Consortium Of Investigative Journalism (ICIJ) y el periódico francés Le Monde y difundida por Diario de Cuba .

Una lista bien nutrida de clientes de Latinoamerica y el Caribe se dio a conocer y donde aparecen altos funcionarios del Gobierno chavista involucrados en una cantidad de depósitos en el banco suizo HSBC. Cerca de 31 mil millones de dólares es el monto, y más de la mitad es de origen venezolano.

Uno de los proveedores de datos más resaltante es la lista de Herve Falciani, un exempleado de la sucursal financiera, quien colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130.000 evasores fiscales que podrían tener dinero en los bancos suizos.

La lista Falciani como es conocida, resaltó que el país suramericano se ubica en el tercer puesto con fondos escondidos en las cuentas suizas. Y el nombre que resalta en los procedimientos es el de Alejandro José Andrade Cedeño,  quien participó en el golpe de estado en 1992, para luego ser exescolta de Hugo Chávez, extesorero nacional y expresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

Actualmente es residente de Florida, señala la investigación.

Un argentino encabeza la “Lista Falciani”

Según difundió el diario “La Nación”, el argentino Miguel Gerardo Abadi, radicado en Londres y mánager del fondo Gems Finance Limited, gestiona la mayor fortuna de entre los algo más de 100.000 clientes con cuentas opacas en Suiza filtradas por el informático franco italiano Hervé Falciani.

Falciani, extrabajador de la sucursal ginebrina del HSBC, sustrajo información bancaria de miles de clientes en 2009 y la transmitió a las autoridades francesas, que, a su vez, la compartieron con otros países europeos.

Los nombres de la lista comenzaron a ser divulgados por un consorcio de medios de comunicación internacionales encabezados por el diario francés “Le Monde” y en el que está el argentino “La Nación”.

El argentino Abadi llegó a operar hasta 1.100 millones de dólares entre sus 65 cuentas registradas en el HSBC Suiza en 2006-2007, según “La Nación”.

En la denominada “Lista Falciani”, aparecen también el cantante David Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher; el fallecido banquero Emilio Botín y el futbolista uruguayo Diego Forlán, entre otros.

Argentina es el octavo país con más clientes registrados en el HSBC de Ginebra, con 4.620, por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Rusia.

En cambio, en cantidad de dinero, Argentina ocuparía el número 22 de la lista, ya que, a excepción de Abadi, se trata de clientes con saldos bajos.

En Argentina se considera legal tener una cuenta en Suiza excepto si no ha sido informada a las autoridades y, por tanto, no se tributa por dichos fondos.

Otros presidentes en la lista

Entre las personas con cuentas en el HSBC en Suiza de la denominada “Lista Falciani” se incluye a 82 clientes vinculados a Paraguay que depositaron hasta 45,9 millones de dólares, entre ellos el presidente Horacio Cartes, según informa este lunes una amplia investigación internacional periodísstica.

Cartes, que es dueño de un emporio de empresas dedicadas a la banca, el tabaco y la bebida, y llegó al poder en agosto de 2013 como líder del conservador Partido Colorado, abrió dos cuentas en el HSBC de Suiza el 7 de marzo de 1989, según reveló el diario paraguayo ABC Color.

Horacio Manuel Cartes Jara fue registrado en el HSBC como “agente de turismo” siete días después de que se constituyera la sociedad Cambios Amambay, ahora Banco Amambay, entidad mencionada en un documento confidencial de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires dirigido al Departamento del Tesoro en Washington y filtrado por Wikileaks.

Esa misiva señala que el extitular de la Secretaría Antidrogas de Paraguay, Hugo Ibarra, le dijo a un interlocutor estadounidense que “el 80 por ciento del lavado de dinero en Paraguay se mueve a través de esa institución bancaria”.

Según la pesquisa, Cartes, nacido en Asunción el 5 de julio de 1956, creó las cuentas en Suiza dos meses antes ser enviado a la cárcel, tras ser acusado de participar de un presunto escándalo de evasión de divisas por el que pasó unos cinco meses preso y la Justicia le decomisó unos 800 millones de guaraníes (unos 200.000 dólares de 1989).

La primera de las cuentas que Cartes abrió en el HSBC, según la investigación internacional, estaba domiciliada primero en Asunción en un casa registrada a nombre de su padre, Ramón Telmo Carte y después en Brasil, en la ciudad fronteriza de Ponta Porã, estado de Mato Grosso do Sul.

La segunda cuenta tiene el nombre de su hija mayor y el año en que nació: SOFIA88. Ambas cuentas fueron cerradas en 1991; una de ellas en marzo y la otra en octubre.

El dueño del Grupo Cartes, un conglomerado de unas 25 empresas dedicadas a negocios del tabaco, los licores y refrescos, la ganadería y la banca, comenzó con 19 años “sus actividades de emprendimiento comercial”, según su biografía oficial.

Cuatro años estuvo fugado en su juventud acusado de participar del esquema ilegal dedicado a la obtención de dólares preferenciales.

A lo largo de la pasada década, lo investigaron en Brasil, y también la DEA estadounidense, por lavado de dinero y contrabando de cigarrillos y en Paraguay por la aparición de cargamentos de droga en alguna de sus propiedades, mas como destacan sus representantes nunca fue procesado.

Según ABC Color, desde hace casi dos semanas el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) intenta obtener la versión de Cartes, tanto desde Washington como desde Paraguay, a través de su secretario privado y su jefe de gabinete sin éxito.

En la lista aparecen un total 82 clientes paraguayos y 62 perfiles bancarios asociados a Paraguay.

La denominada “Lista Falciani”, en la que figuran “miles de clientes del HSBC de Ginebra”, como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín; el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el rey de Jordania, Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales.

Esa lista fue elaborada con la información de la sucursal en Ginebra del banco británico HSBC que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009.

Según las informaciones publicadas hoy por los diarios, por el HSBC habrían pasado 180.000 millones de dólares que habrían servido para el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y financiar el terrorismo internacional.

Los israelíes ocultaron $10.000 millones

Más de 6.200 israelíes o residentes en Israel tenían cuenta en la entidad bancaria suiza HSBC, donde llegaron a depositar unos 10.000 millones de dólares, informaron hoy medios locales al dar cuenta de la apertura de una investigación por parte de la autoridades fiscales.

Las cifras convierten a Israel en el sexto país más afectado por el escándalo fiscal que ha destapado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la publicación de la llamada “Lista Falciani”.

Según el diario digital “The Times of Israel”, el dinero de los israelíes estaba distribuido en 9.769 cuentas en el HSBC, y uno de los titulares tenía hasta 1.500 millones de dólares en la suya.

La mitad de los 6.200 depositarios tiene la nacionalidad israelí y los demás están relacionados fiscalmente con la Hacienda de este país, bien por residencia o por negocios.

Entre ellos destaca el marchante de petróleo Jonathan Kollek, con doble nacionalidad israelí y canadiense.

Otros israelíes con depósitos en Suiza son el empresario del diamante Beny Steinmetz, el conocido rabino Yeshayahu Pinto -sospechoso de soborno en otro caso- y el empresario Zadik Bino.

La ICIJ, una organización con sede en Washington y que colabora con diferentes medios de comunicación en el mundo, dio a conocer hoy que el banco HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países que ocultaron a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares, según el informe que figura en su página web.

Bélgica a punto de emitir órdenes de detención

Un juez de instrucción de Bélgica comunicó este lunes a la Fiscalía federal que está preparado para emitir una orden de arresto internacional contra antiguos y actuales dirigentes de la banca británica HSBC en Suiza, dijo a Efe la portavoz de la fiscalía de Bruselas, Ine Van Wymersch.

Agregó que el juez “no ha precisado las condiciones ni los plazos de las órdenes” que afectarían a ese banco, que en noviembre pasado fue inculpado en este país por fraude fiscal organizado y otros delitos económicos.

En particular, el juez “ha explicado que está a la espera de información de las autoridades suizas y que, por otra parte, se está en contacto permanente con directivos del banco suizo, que hasta ahora no le han hecho llegar los datos solicitados”, indicó a Efe la portavoz.

“HSBC no está jugando la carta de la transparencia”, precisó la portavoz, que indicó que el objetivo del juez es “meter presión” para que se le envíen las informaciones pertinentes.

El planteamiento de la Fiscalía federal de Bélgica se conoce el mismo día en que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló una lista mundial de personas con cuentas en la sucursal ginebrina del banco británico, incluidos más de 3.000 clientes belgas que habrían ocultado a Hacienda 6.200 millones de dólares.

Esa entidad británica fue inculpada en noviembre pasado de fraude fiscal organizado, blanqueo, organización criminal y ejercicio ilegal como intermediario financiero.

El mismo juez envió hace dos meses una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Suiza, pero hasta el momento no ha recibido contestación, agregó la Fiscalía.

Ante la falta de cooperación de las autoridades helvéticas, el juez de instrucción belga “ha dicho que podría emitir órdenes de detención contra antiguos y actuales dirigentes de la banca”, con quienes “está en contacto permanente para que de forma voluntaria entreguen los datos solicitados, en concreto los montantes de las transacciones”, según los medios belgas.

También citan que las sospechas de las autoridades belgas sobre ese banco se basan en su presencia y actividad en el país como gestores de banca privada para personas acomodadas del sector de los diamantes en Amberes (norte de Bélgica).

Ese banco es sospechoso de haber animado a cometer fraude fiscal poniendo a disposición de clientes privilegiados la realización de operaciones con empresas ubicadas en paraísos fiscales (offshore), situadas en Panamá y las Islas Vírgenes, que no tenían actividad económica y sí el objetivo de ocultar activos de esas personas.

Más de un millar de contribuyentes belgas podrían haber realizado ese tipo de depósitos entre 2003 y 2015, que habrían resultado en un perjuicio para el fisco belga de varios cientos de millones de euros, según la agencia local Belga.

La ICIJ, una organización con sede en Washington y que colabora con diferentes medios en el mundo, dio a conocer hoy que el banco HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países del mundo que ocultaron a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares, según un informe en su página web.

En el caso de Bélgica, las revelaciones del ICIJ afectarían a 4.612 cuentas bancarias que podría tener vinculación con la poderosa industria del diamante en Amberes.

Las autoridades fiscales de Bélgica estudian desde julio de 2010 3.137 cuentas bancarias sospechosa en la sucursal ginebrina del HSBC que incluyen a 193 familias, entre ellos aristócratas, abogados, empresarios y atletas, recuerda el diario “De Morgen”.

Entre los sospechosos hay 125 amas de casa, 34 estudiantes, incluido uno que contaba con una cuenta a su nombre con 20 millones de dólares, 21 menores y 97 desempleados, añade este medio.

La denominada “Lista Falciani”, en la que figuran “miles de clientes del HSBC de Ginebra”, como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el monarca Abdalá II de Jordania, fue desvelada hoy en varios medios de comunicación internacionales.

Fuente: http://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/2943568_gobierno-chavez-oculto-mas-millones-de-dolares-en-suiza.html

Modus operandi de la delincuencia financiera

El diputado Ismael García, durante su intervención en el conversatorio “Corrupción, interpol y Asilo Político”, realizado en Caracas en mayo de 2011, en el que también participaron como expositores los dirigentes políticos progresistas Douglas Bravo, Carlos Melo y Vladimir Villegas, reveló que los autores de los delitos bancarios “obtuvieron una descomunal ganancia mediante el diferencial cambiario, amasando colosales fortunas. se apropiaron indebidamente de más de 60.000 millones de dólares”. Explicó el modus operandi, paso a paso:

Paso 1: Usando como excusa el discurso de la integración Suramericana y la declaración de intención para disminuir la brecha en- tre el precio del dólar oficial y el paralelo, Rafael isea (ministerio de Finanzas en el año 2008) y moris Beracha, quien actuaba como su asesor, combinan bonos de la deuda pública de Argentina, ecuador y Bolivia y hasta papeles basura de Bielorrusia, y los empaquetan para formar un nuevo título valor, llamado nota estructurada

Paso 2: el Ministro de Finanzas y su asesor, quien también se desempeñaba como representante de Lehman Brothers, realizan la escogencia del grupo de operadores financieros, cercanos al alto funcionario del gobierno nacional, que participaría en la operación.

Paso 3: Con el discurso de no permitir que los bancos grandes se tragaran a los pequeños, ejecutan el tercer paso. sin mediar una subasta o cualquier otro mecanismo que hiciera transparente el proceso, ambos adjudicaron a dedo las notas estructuradas, obteniendo jugosas ganancias en el mercado paralelo del dólar.

Paso 4: los operadores financieros involucrados vendían la cantidad de dólares necesarios para recuperar los bolívares pagados por las notas estructuradas. estos bolívares eran los depósitos que el mismo estado tenía en los bancos que fueron intervenidos. el resto de los dólares se los repartían de la siguiente manera: 60% para las autoridades del ministerio de Finanzas, el 40% para el banco privado, recomendado por el asesor del ministro, quien obtenía así jugosas comisiones por esta intermediación a través de su casa de bolsa y en el exterior como representante de Lehman Brothers.