Las dos pandemias, la del “virus chino” y las consecuencias de ésta a escala global en los ámbitos social y económico, son los asuntos más acuciantes. Cuando escribo esto hay dos millones y medio de contagiados y más de 170 mil fallecidos en el mundo por esta causa. Al día de hoy se estima una contracción económica global de aproximadamente 4%, con probabilidades de alcanzar caídas del 10%-20% en algunos países. El FMI afirma: más de 170 países sufrirán las consecuencias. En estas pandemias a todos les ha ido mal: aumenta el número de desempleados, de empresas cerradas, de impagos y morosidad, de desafiliaciones a la seguridad social.
Su impacto no afecta a todos de la misma manera, será particularmente pronunciado en Latinoamérica, región con enormes deudas, incalculables déficits y escasas posibilidades de acceder al financiamiento global, como es el caso de Argentina, imposibilitado de honrar sus deudas. Se calcula que el desplome ronda el 6%, dos puntos por encima del promedio global. Su efecto será particularmente severo en Venezuela, que ya arrastra seis años de decrecimiento sostenido de su PIB.
La forma de gestionar la pandemia del COVID-19 está relacionada con temas éticos y políticos, que rozan la anulación del Estado de Derecho. Hoy sabemos que el virus tiene la capacidad de infectar la democracia y la veracidad de la información. Los países de referencia, menos afectados por ambas pandemias, han fundado sus políticas en la transparencia de la información, decisión y firmeza para implantar medidas preventivas tempranas y aplicación de test, proporcionalmente por encima de los demás países.
En medio de ese desplome económico y social, el tema migratorio y en particular el de los desplazados y refugiados, aspecto medular de la agenda política global, adquiere otra fisonomía. Ante el fenómeno hay quienes afirman, con frases altisonantes: la verdadera amenaza es la representada por los movimientos migratorios, “son una plaga”, (destruyen) “el estilo de vida , los valores , la supervivencia o muerte de________ (cada quien puede agregar el país o región)”, dicen algunos dirigentes xenófobos, con discursos generadores de odio hacia migrantes y refugiados.
Las dos pandemias se ceban con emprendedores y empresarios de las PYME, con los trabajadores por cuenta propia, con los 70 millones de refugiados, según cifras de ACNUR y con los millones de desplazados en países y regiones: los segmentos más vulnerables de la migración. Cifras del Banco Mundial dicen que 26 millones de ellos han sido desplazados por la fuerza y por situaciones de fragilidad, conflicto y violencia (FCV) y 25 millones debido a catástrofes naturales.
El “virus chino” los encuentra y los hace más desvalidos: precariedad de las condiciones de trabajo y vida, mayores dificultades para acceder a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda y, por tanto, sus efectos nocivos se hacen más pronunciados. Esta situación se acentúa en regiones y países sobre cuyos hombros recae el mayor número de refugiados y desplazados, como es el caso de Latinoamérica, África y el Sudeste asiático.
Los países de estas regiones carecen de los formidables sistemas de salud de los países de mayor desarrollo relativo, los cuales se han visto desbordados en esta pandemia y han debido hacer frente a la escasez de camas creando “hospitales” en espacios abiertos, convirtiendo hoteles en centros de atención médica y utilizado la capacidad industrial existente en la producción de mascarillas, respiradores artificiales, etc. El aumento exponencial de la demanda de los insumos médicos ha dificultado a muchos países dotar de los instrumentos mínimos indispensables al personal de salud para desempeñar su trabajo en condiciones seguras.
Uno de los pilares de la estrategia para contener el contagio del COVID-19 es la higiene y la limpieza; el otro, la aplicación de test acompañado del confinamiento de la población. Así se espera aminorar las presiones sobre el sistema de salud al tiempo que se reduce la tasa de mortalidad. La estrategia ha ido acompañada del cierre de fronteras, lo que impide realizar solicitudes de asilo a quienes se ven forzados a migrar. Los obstáculos impuestos a la movilidad entorpecen el flujo de las cadenas de producción y suministro y la movilidad de personal médico y paramédico a los centros de refugiados y asentamientos.
El círculo vicioso que crea la contención de la pandemia afecta a empresarios y trabajadores carentes del músculo económico y las reservas suficientes para hacer frente a una cuarentena con gastos y sin ingresos. En estas condiciones crece la morosidad en el pago de vivienda y servicios, el cierre de empresas, disminuye el consumo y, a corto plazo, la producción.
El confinamiento afecta en particular a refugiados y desplazados. Muchos de ellos viven en albergues, asentamientos donde permanecen en cuarentena, en condiciones de hacinamiento que impiden guardar la distancia social recomendada. Lo dicho no supone un desconocimiento del enorme esfuerzo hecho por estos países que hoy acogen a centenares de miles de refugiados, que respetan el derecho de asilo y salvaguardan la vida de los perseguidos y que, además, incurren en costos para poder atender a tantas personas necesitadas. La desaceleración económica actual podría afectar el cumplimiento de este derecho humano fundamental.
Migrantes y refugiados reducirán los montos de las remesas que envían a familiares y amigos en el país de origen, aumentando su vulnerabilidad para poder sobrellevar la situación actual. Se trata de una tensión difícil entre la necesidad de salvaguardar la vida hoy sin comprometerla para el futuro, evitando la letalidad de la otra pandemia, la social y económica.
En principio, todo demandante de asilo y refugio es un migrante, pero no al revés. Las generalizaciones en este terreno impiden comprender la complejidad y diversidad del fenómeno migratorio. Los términos asilo y refugio comparten una característica: quien hace la solicitud se ha visto obligado a abandonar su país de origen. La Declaración de los Derechos Humanos consagra el asilo como un derecho cuyo propósito es garantizar protección a la persona que huye de un conflicto o es perseguida por motivos religiosos, políticos, raciales, orientación social, opinión política, etc., y cuya vida se encuentra en peligro: es la protección que un país brinda a los refugiados en su territorio.
Por su parte, el refugio se refiere a una persona demandante de asilo, cuya solicitud ha sido aceptada. El carácter humanitario de la noción de refugio ha permitido ampliar su uso a aquellos grupos que huyen masivamente de guerras o desastres naturales: circunstancias evidentes que hacen innecesaria la presentación de pruebas. Estos términos, refugiado, solicitante de asilo e inmigrante se utilizan de manera indistinta, aún cuando cada cual posee su particular significado y regulación jurídica.
El reconocimiento de este derecho supone cubrir las necesidades de alojamiento, manutención, sanidad, acceso al mercado laboral, etc., de la persona y la familia a la que se le ha reconocido el estatus. Los países hacen estimaciones presupuestarias para poder atender a los solicitantes de asilo, refugiados y desplazados que hoy habitan en más de 400 asentamientos distribuidos en más de 100 países, de acuerdo a cifras de ACNUR. Los mismos operan gracias al apoyo de organismos multilaterales, gobiernos y las ONG.
Las condiciones de vida en estos campos no son las más indicadas para evitar el contagio del COVID-19: carecen de abundante agua, higiene y el hacinamiento impide guardar la prudente distancia social. Se han hecho esfuerzos consistentes en esterilizar las tiendas, intentando el suministro adecuado de agua, y proporcionando desinfectantes, guantes y mascarillas. Pese a todo ello persisten las dificultades para poder acceder a las pruebas y tratamientos. El aislamiento global no facilita el ejercicio del derecho del solicitante de asilo.
Las secuelas de ambas pandemias presagian el aumento de la migración, así como del número de refugiados y desplazados, lo cual supone una mayor presión sobre los acuerdos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos incluida la declaración de 1948, garante del derecho a la libre circulación, puesto en suspenso debido al confinamiento global. Millones de personas empobrecidas y desempleadas se verán en la necesidad de retornar a su país de origen. Frente a ello, organismos como las Naciones Unidas han expresado su preocupación, en particular por los más desvalidos. Tal y como dice el lema del Consejo Noruego de Solidaridad: ésta no termina en nuestras fronteras.
La situación crítica de refugiados y desplazados no se puede convertir en un impedimento para reconocer las competencias y habilidades de las personas en esa condición. Se trata de un capital humano invaluable, con formación y experiencia en distintas áreas, incluidas las relacionadas con el sector de la salud, de enorme utilidad en los momentos actuales, que son desaprovechados por países, organismos e instituciones.
Distintos estudios confirman que una quinta parte de los refugiados posee título universitario. La mayoría está compuesta por jóvenes y un poco más de la mitad de ellos no posee formación profesional. Empresarios en distintos países han requerido la integración de los refugiados al mercado laboral. Alemania, por ejemplo, solicita millón y medio de inmigrantes para cubrir las necesidades sociales y económicas y hacer frente al envejecimiento y reducción de la población de ese país. Iniciativas de este tipo surgen en otros países con características similares.
Como hemos visto, se han desplegado distintas estrategias con el fin de frenar el contagio, reducir la morbilidad y la mortalidad. Pese a perseguir el mismo fin, algunas han resultado exitosas mientras otras han favorecido el desarrollo de la pandemia social y económica, acelerando el deterioro de los más vulnerables.
No obstante las dificultades ocasionadas por los obstáculos a la movilidad, la ayuda humanitaria continúa y las ONG que atienden a los refugiados y desplazados han encontrado soluciones creativas para atenderlos. Se han realizado esfuerzos encomiables para que los refugiados y migrantes puedan acceder a los servicios de salud, reciban el tratamiento adecuado y se sometan a pruebas y medidas de carácter preventivo, aspectos estos centrales en el combate contra el coronavirus. Éste no hace distinción entre refugiados, indocumentados y solicitantes de asilo, aunque sean ellos quienes lleven la peor parte, restándole fuerza a la expresión “el virus nos iguala a todos”. El papel de estas organizaciones de la sociedad civil incluye la lucha contra “las industrias diaspóricas” y la atención a las víctimas de ellas, desplegando un trabajo que trasciende las fronteras nacionales y se hace eco del lema de la cooperación noruega.
Necesidad de una estrategia para desplazados, solicitantes de asilo y refugiados
Conscientes de la situación, instituciones de carácter global desarrollan respuestas comunes a las pandemias. Se asume el principio de que juntos saldremos mejor de la situación y resaltan la necesidad de fortalecer a las ONG de carácter global. Se entiende que la atención a países y a los refugiados y desplazados no puede abordarse de manera aislada y que todo el esfuerzo tampoco puede recaer sobre los países de menor desarrollo relativo. Se ha hecho evidente la necesidad de ampliación de los actuales programas de protección y asistencia social.
Para atender el deterioro social y económico provocado por la pandemia del COVID-19, países y regiones han creado fondos billonarios. Para los países más pobres y en situación de precariedad resultará mucho más difícil salir de la situación, sobre todo si intentan hacerlo de forma aislada. Para hacer frente a la caída global resultará indispensable diseñar esquemas globales y contar con recursos de proporciones superiores a los ya conocidos.
La iniciativa del Banco Mundial de dedicar hasta 160.000 millones de dólares como apoyo financiero para el próximo año, con el fin de que los países puedan proteger a los pobres y vulnerables, respaldar las empresas y afianzar la recuperación económica, se inscribe dentro de este esfuerzo global. Igual que el hecho de destinar 2.200 millones de dólares para atender a los refugiados y a las comunidades receptoras.
No desconocemos las dificultades de acordar una respuesta común; abundan los nacionalismos estrechos y exacerbados y escasea la CONFIANZA, lo que favorece la fragmentación de los esfuerzos. Sobran, asimismo, los descalificativos y estigmas, perfectos abonos de la inútil xenofobia. Frente a ello cobran fuerza la solidaridad y cooperación humana de las ONG globales, algunas con experiencias centenarias. Se ocupan de los sectores vulnerables, de los desplazados y refugiados en África, Oriente Medio, el este Asiático y Latinoamérica.
El elevado número de refugiados y desplazados, 70 millones, representa menos de un tercio del total del número de migrantes. En el caso del mayor desplazamiento humano de Latinoamérica, el éxodo venezolano, de más de seis millones de ciudadanos de acuerdo a las cifras de ACNUR, el número de solicitantes de asilo es de aproximadamente 900 mil, inferior al 15% del total de la diáspora.
En varios países, a la presión de migrantes y refugiados se suma la de los desplazados internos como consecuencia de desastres naturales o conflictos armados. La sumatoria de ambas es una verdadera bomba de tiempo, pues no resulta sencillo encontrar respuestas con la premura que se requiere. Los desplazados dentro de un país pueden resentir la atención que se presta a los refugiados provenientes de otros países.
Donantes y las ONG prestadoras de asistencia humanitaria tienen ante sí un asunto delicado: cómo abordar las necesidades de ambos colectivos y de los nativos empobrecidos sin que ello produzca rechazo de las partes involucradas. Una de las prioridades, como hemos dicho, es frenar el contagio de los más vulnerables y de quienes viven en asentamientos y allí la cooperación global es fundamental.
Nos hemos referido al compromiso humanitario y social y a los recursos destinados para ese fin. Creemos necesario incluir otras dimensiones, la económica y el aporte que pueden hacer desplazados y refugiados para atajar ambas pandemias. Su incorporación al mercado laboral genera efectos económicos y fiscales positivos en el país de acogida; de allí la importancia de encontrar fórmulas que faciliten su inserción en el mismo. La inversión pública realizada por los gobiernos opera como un elemento multiplicador al aumentar la demanda agregada de este colectivo por bienes y servicios.
Los migrantes invierten en su manutención, en transporte, servicios, etc. Si analizamos el fenómeno soslayando su carácter dinámico y nos quedamos solo con la inversión del gobierno al cumplir con su deber de reconocer el derecho humano al asilo y refugio, no contemplan la otra dimensión, aquella en la que el refugiado, al integrarse, emprende, invierte y genera crecimiento: sus aportes a mediano plazo superan los gastos incurridos por los estados en el sustento de estos colectivos.
Es necesario señalar el impacto positivo de estos grupos que se movilizan, como una forma de desmontar el discurso xenófobo que hemos escuchado de diputados, alcaldes y dirigentes políticos. El menos perjudicial de sus alegatos enfatiza los costos que estos suponen para el Estado y omiten, queremos pensar que de manera inconsciente, su aporte al crecimiento del PIB de los países de acogida. Los informes recientes de bancos centrales y del FMI dan cuenta de la contribución de la diáspora venezolana al crecimiento en aquellos países de acogida donde se ha cuantificado. Es
importante remarcar este aspecto cuando hablemos de las migraciones.
Migrantes y refugiados contribuyen a la reducción de la pobreza global y, más que una carga, son parte de la solución. Como hemos apuntado invierten, crean empleos directos y, a través de la demanda agregada, empleos indirectos y riqueza global; además, envían remesas a sus compatriotas en los países de origen. Lubell, refiriéndose a Estados Unidos, afirma que “los migrantes contribuyen con un billón de dólares en poder adquisitivo a la economía estadounidense”.
A ello contribuye el despliegue de políticas inclusivas en ciudades y localidades; un ejemplo de ello es el proyecto emprendedor adelantado por la Cámara de Comercio de Bogotá. La integración al mercado de trabajo es un reconocimiento de la autonomía y dignidad de los colectivos de refugiados y desplazados.
Además, importa mucho dimensionar el aporte que pueden hacer con sus competencias, habilidades y conocimientos. Por ejemplo, de acuerdo a distintas fuentes de información, el 40% de los refugiados sirios acogidos en Suecia tenían un nivel de estudios superior al de la enseñanza secundaria sueca. Este rasgo se asemeja, en términos de años y niveles de escolaridad, al de la migración venezolana en Latinoamérica.
Sus competencias resultan útiles para atajar la pandemia. Centenares de miles de médicos, enfermeros, radiólogos, técnicos en salud y farmacéuticos, provenientes de los colectivos de migrantes, están empleados en los sistemas de salud de los países receptores. Sin embargo, muchos de estos profesionales, además de ser jóvenes, en edad de trabajar y con competencias lingüísticas, están siendo desaprovechados en los países de acogida.
Las consecuencias devastadoras de ambas pandemias están produciendo flujos migratorios de retorno, buscando cobijo en las redes familiares y esperando encontrar situaciones más esperanzadoras, una ilusión que puede culminar en pesadilla. Es el caso de Venezuela, país arrasado, postrado y con carencias mayores a las de los asentamientos y albergues: sin agua, sin electricidad, sin medicinas, sin posibilidad de mantener la distancia social y el confinamiento y con una economía en caída libre por séptimo año consecutivo. Retornan para enfrentar otra pandemia: la del “socialismo del siglo XXI”.
En el caso de la migración de retorno a Venezuela, es importante tener presente algunos datos: más del 90% de la población carece de recursos para adquirir bienes y servicios, la mayoría en la franja del ingreso de pobreza extrema o aguda, situación desmejorada a causa de la disminución en el monto de las remesas y en medio de una violación generalizada de los derechos humanos, retratada ésta en el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. La infraestructura construida durante el siglo pasado se sostiene a duras penas, en condiciones precarias o en ruinas, y la salud pública depende del adecuado suministro de electricidad y agua, hoy en la absoluta indigencia.
La atención adecuada a ambas pandemias exige un decidido compromiso de la cooperación internacional y de los países a escala global. Así lo ha asumido el G20, integrado por las mayores economías del mundo. En este sentido, anunció una moratoria en el pago de la deuda de los países más pobres, lo que les permitirá destinar esos recursos a solventar parte de las secuelas.
En lugar de deportaciones, integración de los refugiados al mercado laboral y regularización provisional de los indocumentados para evitar su incorporación a las “industrias diaspóricas de la droga y el tráfico ilegal”. Es importante utilizar las competencias de este activo a través de programas de certificación de competencias, reconocimiento de títulos, etc. Asimismo, es importante reforzar el elevado compromiso de las ONG, fundaciones y asociaciones caritativas y, con ellas, ingeniar mecanismos novedosos de atención para evitar que las pandemias se conviertan en
pretexto para negar el asilo.
El trabajo conjunto a escala global incluye a comunicadores y medios, educadores, líderes sociales y políticos. La migración y los refugiados arriban a localidades y ciudades específicas, no a países, y su impacto, por ende, es diferente en cuanto a condiciones, volumen y fortaleza institucional, entre otros. En este esfuerzo, los países de origen tiene una gran responsabilidad con sus compatriotas. Por ello, desde las universidades y gremios profesionales y empresariales deben, junto con los países de acogida, coordinar planes conjuntos de asesoría, proporcionando información y ayudando a conseguir recursos, tan necesarios en esta coyuntura de alcance global.
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